Máximo Kirchner redobla la apuesta por YPF y lanza un proyecto con fuerte contenido político: Qué propone

La iniciativa llega luego del reciente fallo favorable para la Argentina en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revocó la sentencia de primera instancia en el juicio vinculado a la estatización de la petrolera. Sobre ese punto, el texto propone que el Congreso exprese su respaldo a la decisión judicial y ratifique la expropiación realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

El proyecto no solo tiene un componente jurídico, sino también político. En un contexto de alta tensión con el gobierno de Javier Milei, el kirchnerismo busca dejar asentada una postura institucional frente a la controversia por el 51% de las acciones de la compañía.

Blindaje político en un Congreso adverso

La iniciativa apunta a trasladar el debate al ámbito parlamentario y fijar una definición política clara. En los fundamentos, el diputado sostiene que el fallo judicial “no es simplemente un éxito procesal; es la validación internacional de la soberanía jurídica de la República Argentina”.

Además, el texto reafirma la legalidad de la medida adoptada hace más de una década:

“El Estado Nacional a través de diversas administraciones defendió siempre que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho, como un acto soberano”.

En esa línea, también remarca que:

“El estatuto de una sociedad no puede prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país”.

El objetivo de fondo es claro: dotar de respaldo político a la expropiación frente a futuras instancias judiciales, especialmente ante reclamos impulsados por fondos de inversión que cuestionan el proceso.

El proyecto de Máximo Kirchner: Críticas al Gobierno y a la gestión de Macri

El proyecto también incluye cuestionamientos directos al oficialismo actual. Kirchner lanzó una crítica irónica hacia la administración de Milei:

“Es una ironía del destino que quienes hoy conducen el país, habiendo denostado sistemáticamente la recuperación de nuestra petrolera de bandera, hoy celebran un triunfo que solo fue posible porque no se rompió la estrategia de defensa nacional que se venía sosteniendo”.

A su vez, el texto establece una comparación con la gestión de Mauricio Macri, particularmente por el acuerdo con los fondos buitre en 2016.

“La decisión de pagar US$9300 millones en 2016 estuvo motivada por el negocio del acceso al mercado financiero. Se priorizó la toma de deuda masiva por sobre la defensa de la inmunidad soberana que hoy se ha validado”, afirmó.

Y agregó:

“Pagar en 2016 fue una decisión ideológica y de mercado; resistir en el caso YPF fue una decisión de Estado”.

Según el legislador, el reciente fallo internacional abre la puerta a revisar aquel antecedente y cuestionar el rumbo económico adoptado en ese momento.

YPF, Energía, soberanía y disputa política

En paralelo al avance legislativo, Máximo Kirchner intensificó su presencia territorial, en medio de versiones sobre una posible candidatura en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, volvió a poner en el centro del debate el rol de los recursos energéticos.

Durante una actividad reciente, vinculó la situación judicial de su madre con la decisión de estatizar YPF:

“Por lo que hoy tienen secuestrada y encerrada a Cristina el Poder Económico y la Corte Suprema tiene que ver con esa nacionalización de YPF”.

También insistió en la importancia del sector energético para la economía:

“En el país de Vaca Muerta no podemos pagar el litro de nafta como si fuera un país que no tiene petróleo”.

Y destacó el impacto del sector en las cuentas externas: el superávit energético alcanzado en 2025 explicó “más del 60% del resultado total” del intercambio comercial.

Señal interna en el peronismo

El proyecto, que lleva la firma de 11 diputados de Unión por la Patria, también funciona como un mensaje hacia adentro del espacio. La Cámpora busca reposicionar la defensa de la soberanía hidrocarburífera como uno de sus ejes centrales.

En un escenario político fragmentado y con un Congreso complejo para el oficialismo opositor, la iniciativa abre un nuevo frente de debate que combina economía, justicia y poder político.

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