La Unión Industrial Argentina (UIA) salió con furia contra lo que considera una práctica abusiva de municipios: el intento de competir fiscalmente mediante tasas que no guardan proporción con los servicios prestados. Lo que para el gobierno nacional es una forma de generar competitividad, para la UIA no puede llevarse a la realidad.
PRESIÓN FISCAL
La UIA estalla contra los municipios: "Las fábricas no tienen rueditas"
La UIA denunció abusos en tasas de los municipios y advirtió que la presión impositiva amenaza la competitividad del sector en todo el país.
Como dictaminó Martín Rappallini, presidente de la UIA, en un seminario tributario:
Esta contundente metáfora expresa que evidentemente las empresas no pueden trasladarse de un municipio a otro buscando alivios fiscales. Este tipo de competencia entre municipios, lejos de ser un incentivo para la inversión, coloca a las empresas industriales en una posición cada vez más asfixiante, según la entidad industrial.
Un relevamiento de la UIA sobre 67 empresas asociadas mostró que estas enfrentan 495 pagos distintos de tasas en 346 distritos. Según el informe, la tasa de seguridad e higiene equivale al 0,7% del PBI y repercute directamente en los precios, sumando en promedio un 1,8% al costo final de los alimentos.
La distorsión de pagar tasas sobre una misma base imponible
El sector industrial remarcó que muchas tasas municipales están calculadas con la misma base imponible que los ingresos brutos provinciales, sumando un punto porcentual adicional que encarece de forma significativa la producción sin una contraprestación clara.
En este sentido, Matías Olivero Vila, presidente de la Fundación Lógica, que también participó en el seminario, dijo: “La Corte Suprema provincial perdió la oportunidad de fijar un criterio claro de que las tasas deben calcularse sobre los costos del servicio y no sobre los ingresos totales” y esto deja al sistema en un “límite difuso” a nivel legal.
Más allá del reclamo retórico, la UIA viene exigiendo una simplificación profunda del sistema tributario. Requieren la unificación de regímenes, agilización en la devolución de saldos a favor, reducción de la burocracia y alineación de tasas con servicios concretos prestados.
El contexto macroeconómico parece acompañar esta demanda. El ministro de Economía, Luis Caputo, envió hace poco una nota a todas las provincias solicitando que insten a sus municipios a adecuar sus tasas a la legislación vigente. El objetivo es evitar aumentos descontrolados y variables arbitrarias entre jurisdicciones.
En paralelo, desde la Secretaría de Industria y Comercio nacional se avanzó con una resolución para prohibir que municipios incluyan tasas adicionales en boletas de servicios públicos como luz o gas, salvo que exista una contraprestación explícita. Esta iniciativa fue respaldada por la Justicia, que rechazó los amparos presentados por diversos municipios bonaerenses. El fallo ordenó redefinir los mecanismos de cobro y separar las tasas de los servicios esenciales.
La combinación de la presión de la UIA, el impulso del Gobierno nacional y el respaldo judicial crea condiciones favorables para avanzar hacia un sistema impositivo más racional. El sector industrial, principal sostén de la recaudación formal, reclama que este peso no se acumule en medidas arbitrarias sino que se transforme en competitividad real.
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