Javier Milei alista las reformas que presentará ante el nuevo Congreso y llueven las críticas

El gobierno de Javier Milei se prepara para dar inicio a su plan de reformas, una vez que el nuevo congreso asuma el 10 de diciembre. Los debates más sensibles girarán en torno a una reforma laboral y una reforma tributaria.

Ambos apuntan a transformar las reglas del mercado de trabajo y la carga impositiva, y ya desataron una fuerte polémica en sindicatos, sectores productivos y economistas.

Reforma tributaria: un IVA dual, a la brasileña

La reforma tributaria que impulsa el gobierno contempla reemplazar múltiples impuestos por un único tributo al consumo, un IVA dual, como se está comenzando a implementar en Brasil. Allí, un IVA base es cobrado por el gobierno nacional y los estados federativos implementan un segundo IVA, por eso se le dice IVA dual.

El abogado Andrés Edelstein, quien fuera secretario de Ingresos Públicos de Nicolás Dujovne durante el gobierno de Mauricio Macri y actual director de BYMA, redactó un borrador de reforma tributaria para el gobierno.

La idea es unificar el actual Impuesto al Valor Agregado (IVA), los tributos provinciales sobre los ingresos (como el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, IIBB) y ciertas tasas municipales en un solo gravamen, lo que llevaría el IVA de 21% a 29%.

De este modo se busca simplificar la estructura fiscal, reducir la carga administrativa y eliminar parte de la superposición de impuestos, particularmente ingresos brutos y tasas municipales, que distorsionan los precios haciendo los productos más caros por los tributos.

Quitar estos impuestos distorsivos bajaría el precio de los precios al consumidor final, incluso con el aumento del IVA de 8 puntos porcentuales.

El plan es que una parte de la recaudación quede en manos de la Nación mientras que las provincias mantengan cierto grado de autonomía para fijar alícuotas adicionales, promoviendo lo que se ha descrito como “competencia fiscal entre provincias”.

Según sus defensores, el IVA dual aportaría mayor transparencia, reduciría los costos de cumplimiento para empresas y consumidores, y podría servir de incentivo para la formalización de la economía.

Dudas sobre la implementacion de la reforma tributaria

Pero su implementación demandará un pacto fiscal profundo, coordinación interjurisdiccional y negociaciones con gobernadores e intendentes, lo que anticipa debates intensos a lo largo del próximo año.

La Política Online publicó que Luis María Capellano, presidente de la Comisión Arbitral que integran las 24 provincias argentinas y cercano al peronista Gabriel Michel, tendrá un rol fundamental. Trabajó otra propuesta de reforma impositiva, “que el peronismo podría sumar a la discusión parlamentaria. Michel argumenta que la reforma laboral y la tributaria están conectadas y deben trabajarse en conjunto”.

El futuro del monotributo

En paralelo al debate sobre la reforma tributaria general, desde el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) se impulsa una reforma estructural del régimen de impuestos al trabajo. La propuesta consiste en eliminar el Monotributo, junto con los aportes personales a la seguridad social y el actual impuesto a las ganancias/autónomos, para reemplazarlos por un nuevo “impuesto a los ingresos personales”.

La idea es que asalariados, autónomos y cuentapropistas paguen bajo un sistema común, con un mínimo no imponible, alícuotas progresivas según el ingreso y liquidación automática a través de la facturación electrónica.

Según los proponentes, este nuevo esquema busca terminar con las asimetrías entre trabajadores: hoy un monotributista puede terminar pagando entre un 5 % y 8 % de sus ingresos en concepto de impuestos y aportes, mientras que un asalariado destina cerca del 17 % solo en contribuciones previsionales, y un autónomo bajo régimen general paga más aún.

Al homogenizar la carga impositiva, se pretende también fomentar la formalización de quienes actualmente operan en la informalidad, ya que se estima que alrededor del 60 % de los cuentapropistas no está registrado formalmente.

No obstante, los analistas advierten que un cambio de esta magnitud requeriría un diseño cuidadoso. La eliminación del Monotributo, si no va acompañada de un sistema accesible para quienes hoy se benefician con cuotas bajas, podría empujar a los pequeños contribuyentes nuevamente hacia la informalidad.

Además, deberá definirse con claridad cómo se integrarán otros impuestos como el IVA o el impuesto a los ingresos brutos provinciales. El desafío es transformar el sistema tributario sin generar “saltos” de carga para los sectores más vulnerables y manteniendo incentivos a la formalización.

¿“Modernización” del trabajo o flexibilización laboral?

En paralelo, el Ejecutivo prepara un proyecto de reforma laboral que buscaría adaptar el marco legal vigente —creado décadas atrás— a las nuevas realidades económicas y productivas. El proyecto se llevaría al Congreso por el Senado en febrero, un mes después de lo estipulado.

El estudio Bruchou-Funes de Rioja, cercano al gobierno de Javier Milei, fue el encargado de escribir el proyecto. Su principal socio, Daniel Funes de Rioja fue presidente de la UIA, lo que es visto con buenos ojos por el círculo rojo.

Según lo que trascendió, el plan abarca varios ejes:

Banco de horas y flexibilización de jornada: el proyecto permitiría que las horas extra se compensen con días libres en lugar de pagarse como recarga. Esto habilita esquemas de “banco de horas” y flexibilidad horaria variable, lo que podría intensificar la jornada laboral en determinados sectores.
Salarios “dinámicos” por productividad y convenios por empresa: los aumentos se ligarían al desempeño, no a paritarias sectoriales necesariamente. Las negociaciones serían en algunos casos a nivel empresa, lo que podría debilitar la fuerza colectiva de los sindicatos.
Vacaciones flexibles: se habilitaría la organización del descanso anual de modo más flexible —pero con fraccionamiento de vacaciones de desde siete días— lo que permitiría adaptarse a las necesidades de producción.
Nuevo sistema de indemnizaciones y “fondo de cese”: el régimen de indemnización tradicional por despido sería reemplazado por un fondo de cese laboral, con modificaciones en los montos y en la forma de percibirlo, algo que muchos interpretan como un recorte a una garantía histórica del trabajador.

Para el gobierno, estos cambios buscan reducir la informalidad laboral, promover la contratación formal, flexibilizar convenios según la realidad empresarial y favorecer la productividad.

Los sindicatos temen que la reforma laboral quite derechos

La propuesta generó rechazo inmediato en buena parte del arco sindical. Las centrales de trabajadores, junto a gremios tradicionales, advierten que muchas medidas pueden precarizar el empleo, debilitar la negociación colectiva y reducir los estándares de protección laboral.

Critican que el impulso a convenios por empresa y “salarios dinámicos” atenta contra los derechos consolidados y podría generar caída de ingresos reales, especialmente en sectores vulnerables. El secretario general aceitero Daniel Yofra llamó a los sindicatos a manifestarse en una charla organizada por Vientos del Pueblo:

Le hablo a esos dirigentes que tienen la oportunidad en estos días que vienen, de salir a luchar. No importa que digan que queremos desestabilizar al gobierno, si nosotros tenemos un montón de compañeras y compañeros que vienen desestabilizados hace tiempo. Le hablo a esos dirigentes que tienen la oportunidad en estos días que vienen, de salir a luchar. No importa que digan que queremos desestabilizar al gobierno, si nosotros tenemos un montón de compañeras y compañeros que vienen desestabilizados hace tiempo.

Organismos técnicos y asociaciones de trabajadores alertan además que flexibilizar convenios y licencias, permitir vacaciones fragmentadas, y sustituir indemnizaciones por fondos de cese, puede derivar en situaciones de vulnerabilidad laboral, mayor rotación, informalidad encubierta y pérdida de protección social.

En un contexto económico difícil, con caída del empleo registrado en los últimos meses, muchos temen que la reforma resulte en una precarización estructural del trabajo en Argentina.

Las dos reformas —tributaria y laboral— están definidas como prioritarias para el gobierno, con intención de presentarlas en cuanto se renueve el Congreso. Pero ambas presentan obstáculos significativos. En el plano tributario, la implementación de un IVA dual implicaría una negociación federal compleja, con posible resistencia de provincias acostumbradas a sus propios ingresos impositivos. En el plano laboral, el rechazo sindical, la preocupación por derechos básicos y la posible inestabilidad para los trabajadores amenazan con generar conflicto social y judicial.