Los gobiernos uruguayos deben enviar, durante el primer semestre de su gestión, el proyecto de ley de Presupuesto por los próximos 5 años, al Congreso, y la propuesta que envió Yamandú Orsi generó polémica con la oposición, en particular por las modificaciones tributarias que incluye. Entre ellas, sube los impuestos a los expatriados y empresas argentinas radicadas en en Uruguay, al tiempo que permite levantar el secreto de las cuentas bancarias sin orden del juez.
"EL MUNDO EXIGE REGLAS"
Atención argentinos: Uruguay avanza sobre las cuentas bancarias, el secreto y los impuestos
El presidente del Uruguay llevó al Congreso un proyecto de Presupuesto que sube impuestos a expatriados y empresas argentinas radicadas en su país, y permite levantar el secreto de las cuentas bancarias sin orden del juez.
En concreto, los argentinos residentes en Uruguay deberán pagar impuesto a la renta sobre los alquileres de inmuebles en el exterior, venta de acciones y bonos, así como de inmuebles.
Además, el organismo de recaudación de impuestos uruguayo (DGI) podrá levantar el secreto tributario para sus investigaciones y fiscalizaciones sin la necesidad de que exista una orden judicial, como ocurre ahora.
"La Dirección General Impositiva podrá requerir la misma información en iguales términos y condiciones, en el ejercicio de sus facultades de investigación y fiscalización", dice el artículo 635.
"Hasta ahora, en Uruguay, para que la oficina de impuestos pudiera acceder a información en poder de los bancos, necesitaba de una orden judicial", dijo Jonás Begstein, socio de Bergstein Abogados (Montevideo).
Pero, "de acuerdo al proyecto de ley de Presupuesto actualmente a estudio del Parlamento, la Dirección General Impositiva (DGI) podría acceder a esa información sin el pedido de un juez".
"Con la aprobación de la iniciativa del Gobierno, bastaría una resolución fundada de la DGI para requerir la información al Banco Central de Uruguay, el que debería transmitirla en 5 días al la institución financiera correspondiente, la que a su vez tendría 15 días para entregarla al Banco Central", añade.
" Es un procedimiento naturalmente más abreviado, sin intervención alguna de la Justicia y, por ende, menos garantista", expresa.
La explicación del ministro de Economía de Uruguay
Cuando el ministro de Economía, Gabriel Oddone, fue a explicar el proyecto de ley al Parlamento, aseguró que esta decisión fue tomada como respuesta a una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Y remarcó la sugerencia de este organismo: "Muchachos: o cumplen la normativa o dejan de ser un país ampliamente cumplidor", dijo Oddone.
De esta manera, el ministro señaló que si Uruguay no cumple con la recomendación, podría pasar a ser un país "parcialmente cumplidor", lo que tendría efectos en su reputación. Y dijo como ejemplo que uno de los requisitos para lograr acuerdos con la Unión Europea es justamente ser "ampliamente cumplidor",
Además reconoció que la decisión supone una "resignación de soberanía", pero aseguró que el gobierno de Orsi está dispuesto a asumirla porque tendría un "costo-beneficio" que "vale la pena".
Para el ministro, en los próximos años se dará un "debate interesante" entre el "delicado equilibrio" de la soberanía de los países y la pertenencia a un mundo que "exige reglas".
La oposición furiosa
Ante ello, la oposición hizo sentir su enojo: el senador Andrés Ojeda, líder del Partido Colorado, expresó que la disposición significa un "disparate atómico".
"Uruguay tiene un secreto bancario muy rígido. Solamente se puede levantar por una orden judicial penal fundada o por un juez de familia en materia de alimentos. Nadie más puede saber la información bancaria de una persona. Es una gran garantía", señaló días atrás en una rueda de prensa.
"Yo no haría cambios en ese sentido. Me hace mucho ruido tocar el secreto bancario. Lo mantendría tal cual está. Es algo de lo que Uruguay puede estar orgulloso", expresó Ojeda.
Javier García, senador del también opositor Partido Nacional, consideró que la decisión implica "violar el derecho a la privacidad" y advirtió que el secreto bancario se podrá levantar "por orden de un director político de DGI".
"Que Oddone defienda eso habla de su flexibilidad para defender lo indefendible: perder soberanía, violar el derecho a la privacidad y las garantías de la justicia. La 'caza de brujas' difundida e impulsada por un ministro que defendía lo contrario, hasta hace poco", criticó García en 'X'.
Después de las primeras críticas, el ministro Oddone declaró en radio Carve que enviarán al Parlamento un ajuste del artículo que establezca que, para levantar el secreto bancario, será necesario que esté "de manera fundada" una "presunción de evasión".
Los impuesto que crea sobre rentas en el exterior
Por otra parte, y en cuando al impuesto que crea, Bergstein señaló que "el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF), equivalente al Impuesto a las Ganancias argentino, hoy grava en Uruguay los intereses, dividendos y cupones de acciones, bonos o instrumentos del exterior".
"Al día de hoy no están alcanzados las rentas de capital inmobiliario (alquileres en el exterior), ventas de activos financieros ni inmuebles en el exterior. De aprobarse este proyecto, los residentes fiscales en el Uruguay comenzarán a tributar, a partir del 1 enero, el 12 % sobre los rendimientos", expresa.
Diego Tognazzolo y Eliana Sartori, de PwC Uruguay, y Juan Magadan, de PwC Argentina, indicaron al sitio local iProfesional, que "también se propone que los rendimientos y ganancias de capital percibidos por entidades no residentes y algunas radicadas en Uruguay sean imputados directamente a los beneficiarios finales".
Impuesto Temu
El mismo proyecto también crea el llamado "impuesto Temu", que pone un límite a las compras sin aranceles en plataformas del exterior y las grava con el IVA.
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