Acreedores de Vicentin denuncian apriete y quita del 97%

La presentación fue realizada por el abogado Mateo Germán Schott en representación de siete acreedores, quienes acusan al plan de ser abusivo, discriminatorio y contrario a la Ley de Concursos y Quiebras.

En el escrito, los demandantes sostienen que la propuesta de Grassi no garantiza el dividendo mínimo que deberían recibir los acreedores en caso de liquidación de los activos de Vicentin. De acuerdo con el cálculo de los denunciantes, la oferta plantea un esquema de pagos que, en la práctica, representaría una quita real de entre el 93% y el 97% del crédito original.

Esta pérdida se daría bajo la modalidad de la “propuesta residual”, a la que quedarían automáticamente asignados aquellos acreedores que no adhieran a ninguna de las otras opciones presentadas por la empresa.

Dicha propuesta contempla un pago teórico del 40% del monto adeudado, distribuido en diez cuotas anuales, con la más significativa programada recién para 2036. Además, incluye un interés del 1,2% anual en dólares, pero recién a partir del segundo año.

Las quejas de los acreedores

Según los acreedores, este esquema no solo es económicamente desventajoso, sino que también vulnera derechos fundamentales al imponer condiciones desiguales y coercitivas.

"Se castiga a quienes no adhieran al plan", expresaron desde la parte denunciante, al remarcar que las mejores condiciones están reservadas para aquellos acreedores que firmen su conformidad. Por el contrario, quienes no respondan o decidan no aceptar la propuesta quedan automáticamente sujetos a la alternativa más perjudicial.

Para los denunciantes, este mecanismo presiona a los acreedores y vicia su consentimiento, lo cual representa una violación de la libertad de elección garantizada por la legislación concursal.

La denuncia también advierte sobre una posible afectación del principio de igualdad entre los acreedores, al establecerse beneficios claramente diferenciados y sin una justificación legal. "La oferta no cumple con los requisitos mínimos que impone la Ley 24.522, y configura una maniobra para forzar aprobaciones mediante la amenaza de pérdida", argumentó Schott en su presentación.

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Los acreedores de Vicentin consideran que la propuesta de Grassi los presiona.

Este nuevo capítulo en el proceso de reestructuración de Vicentin suma incertidumbre a un conflicto que ya lleva más de tres años y que involucra a cientos de productores, cooperativas, entidades financieras y trabajadores del sector agroindustrial.

La propuesta de Grassi, que buscaba presentarse como una solución para evitar la quiebra definitiva, podría enfrentar ahora un freno judicial si se confirma que vulnera los derechos de los acreedores disidentes.

Mientras tanto, el expediente sigue su curso en la Justicia, donde se deberán evaluar las objeciones planteadas y determinar si el plan presentado cumple con las condiciones legales necesarias para avanzar.

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