Milei firmó múltiples DNU durante su mandato.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, avanza con el impulso de la oposición y amenaza con convertirse en una de las batallas legislativas más tensas de los últimos meses.
Este martes 30/09, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, se firmó el dictamen que habilita el tratamiento en el recinto. La oposición reunió 35 firmas para imponer mayoría y ratificar los cambios introducidos por la Cámara alta, pese a las críticas del oficialismo.
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La oposición presiona a Milei, aunque hay matices internos
El proyecto cuenta con respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal y buena parte del interbloque Democracia para Siempre, aunque allí surgieron matices: Carla Carrizo expresó reparos, mientras que Innovación Federal —espacio de los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta— también puso objeciones.
La UCR, encabezada por Rodrigo de Loredo, aún no definió una postura unificada y prefiere dar la discusión en el recinto. El PRO, en tanto, considera que cualquier reforma debería aplicarse recién a partir de 2027, cuando finalice el mandato de Javier Milei. Por eso, no firmó dictamen.
Desde la Coalición Cívica plantearon un camino intermedio: aceptan modificar la norma, pero rechazan la idea de fijar un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie.
La defensa libertaria y el fantasma del veto
La Libertad Avanza presentó un dictamen de minoría y se mostró en contra de cualquier modificación. “La oposición quiere desestabilizar al Gobierno. Esta ley fue usada por todos los presidentes en los últimos 20 años, y ahora mágicamente dicen que hay que cambiarla”, lanzó Nicolás Mayoraz, diputado oficialista y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales.
El oficialismo sabe que, de aprobarse la reforma, Milei podría recurrir al veto. En ese escenario, la oposición necesitaría alcanzar los dos tercios de los votos en ambas cámaras para insistir con la ley, un número que hoy aparece como difícil de lograr.
Qué cambia la reforma
El proyecto aprobado en el Senado a comienzos de septiembre establece que los DNU deberán ser ratificados por mayoría absoluta en ambas cámaras en un plazo máximo de 90 días desde su publicación. De no tratarse en ese tiempo, perderán vigencia automáticamente.
Además, si una de las cámaras rechaza un DNU, el decreto quedará sin efecto y el Poder Ejecutivo no podrá emitir otro sobre la misma materia durante ese año parlamentario. Se trata de un cambio radical respecto del esquema actual, en el que los decretos quedan vigentes a menos que las dos cámaras los rechacen.
“Es un paso para recuperar la centralidad del Congreso frente a la discrecionalidad del Ejecutivo”, afirmó el socialista Esteban Paulón, quien recordó que dirigentes históricos de su partido, como Alfredo Bravo y Guillermo Estévez Boero, se opusieron a los DNU en la reforma constitucional de 1994.
Cuando sesionarían los diputados
El tratamiento de esta iniciativa, previsto para el miércoles 8 de octubre, tendrá un fuerte contenido político. Para la oposición, significa poner límites a un presidente que en diez meses de gestión ya recurrió a los DNU en múltiples ocasiones para avanzar en su agenda de reformas. Para el oficialismo, es un intento de “cercar” la herramienta que utilizaron todos los gobiernos desde el regreso de la democracia.
La discusión, además, ocurre en medio de la campaña electoral para las legislativas del 26 de octubre. Cada voto y cada gesto en el recinto se leerá también en clave electoral.
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