Los funcionarios libertarios vuelven a quedar bajo la lupa, en esta oportunidad, por un contrato millonario, el tráfico de influencias y un familiar directo beneficiado de las arcas públicas. Con ese escenario, la oposición denunció a Federico Sturzenegger y promete un nuevo escándalo político.
POLÉMICA
Nuevo escándalo libertario: Denuncian a Sturzenegger por un contrato millonario en la Cancillería
La oposición aprovecha el escándalo de un polémico contrato con involucra a Federico Sturzenegger y lo denunció penalmente en la Justicia.
18 de febrero de 2026 - 15:51
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación de Javier Milei, envuelto en un nuevo escándalo.
Foto: NA.La senadora nacional Juliana Di Tullio presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue la contratación de cursos de capacitación en inglés en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El contrato, por un monto superior a los $114 millones, habría sido adjudicado de forma directa y, según la presentación judicial, podría implicar delitos contra la administración pública.
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Nuevo escándalo político
La causa apunta a determinar si hubo favoritismo en la adjudicación y posibles incompatibilidades dentro del Gobierno. El eje central de la denuncia es el vínculo entre la entidad contratada y familiares de funcionarios del Poder Ejecutivo.
Qué se cuestiona del contrato que involucra a Sturzenegger
De acuerdo al escrito presentado ante la Justicia federal, la contratación benefició a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), institución que dicta cursos de idiomas. La senadora sostiene que la operatoria no habría seguido los procedimientos habituales de competencia entre oferentes.
El documento judicial afirma que el proceso administrativo pudo haber sido direccionado y que distintos funcionarios habrían intervenido para habilitar la adjudicación directa.
La investigación deberá determinar si la contratación cumplió con los requisitos legales o si existió un perjuicio económico para el Estado.
Los funcionarios mencionados
La denuncia incluye a varias autoridades del Gobierno nacional y del área administrativa de Cancillería.
Entre ellas figura María Josefina Rouillet, directora ejecutiva de la AACI, señalada en la presentación como posible beneficiaria del contrato. El escrito destaca su relación con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
También fue denunciada la subsecretaria de Coordinación y Administración de la Cancillería, María Cristina Dellepiane, quien firmó la disposición administrativa mediante la cual se concretó la contratación.
En paralelo, la presentación judicial menciona al canciller Pablo Quirno, a quien se le atribuye no haber denunciado posibles irregularidades luego de la polémica pública generada por el caso.
Respecto de Sturzenegger, la denuncia solicita investigar si pudo haber existido tráfico de influencias para favorecer a la institución dirigida por su esposa.
Qué deberá investigar la Justicia
El expediente pide analizar no solo la adjudicación sino también la actuación de áreas técnicas que validaron el procedimiento. Entre ellas, oficinas de recursos humanos, compras, asesoría jurídica y organismos vinculados a la transparencia administrativa.
El planteo judicial sostiene que la contratación podría haberse apartado de su finalidad pública y haber generado un beneficio indebido a un tercero vinculado a un funcionario.
Ahora será la Justicia federal la que deberá resolver si abre formalmente la investigación y si existen elementos para avanzar con imputaciones.
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