La Cámara Federal porteña decidió este jueves 09/10 revocar el sobreseimiento del expresidente Alberto Fernández y ordenó continuar la investigación que busca determinar si el exmandatario prolongó de manera indebida la cuarentena por COVID-19 con fines políticos durante 2020 y 2021.
COMPLICADO
La Justicia reabre una delicada investigación contra Alberto Fernández: De qué se trata
La Justicia decidió reabrir una investigación contra el ex presidente Alberto Fernández. Es sobre la cuarentena eterna por el COVID.
El fallo, al que accedió el periodista Daniel Santoro (Clarín), lleva la firma de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes consideraron que la jueza María Servini deberá realizar nuevas medidas de prueba solicitadas por el fiscal Carlos Stornelli.
¿Alberto Fernández estiró la cuarentena?
El objetivo es esclarecer si Fernández abusó de su poder al mantener las restricciones más tiempo del necesario con el propósito de mejorar su imagen pública y sus posibilidades electorales.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el legislador porteño Yamil Santoro, tras declaraciones del exministro de Economía Martín Guzmán, quien en una entrevista afirmó que la cuarentena “fue más larga de lo que debía por motivos de conveniencia política” y que “la administración de la pandemia era lo que hacía fuerte al Gobierno”.
Qué resolvió la Cámara Federal
En su resolución, los jueces dispusieron una serie de medidas que incluyen un análisis comparativo entre la duración de la cuarentena argentina y las restricciones aplicadas en otros países durante el mismo período. La intención es contar con un parámetro objetivo que permita confirmar o descartar la hipótesis del fiscal.
“El material colectado hasta ahora resulta insuficiente para descartar los cuestionamientos del fiscal sin realizar las pruebas necesarias”, sostuvieron los magistrados.
Entre las diligencias ordenadas se encuentran pedidos de información a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las medidas sanitarias adoptadas en distintos países, así como la solicitud al actual Gobierno para determinar si la administración anterior encargó encuestas o mediciones de opinión sobre la cuarentena.
También se citará a economistas y representantes de cámaras empresariales para que expongan sobre el impacto económico de las restricciones.
La posición de la Justicia y la defensa del expresidente
Antes del fallo de la Cámara, la jueza María Servini había dictado el sobreseimiento de Fernández al considerar que no existían pruebas que vincularan la extensión de las medidas con fines políticos. Según su resolución, solo se encontraron dos expedientes vinculados a estudios de “humor social” encargados por la Casa Rosada, pero sus fechas no coincidían con los momentos en que se extendieron las restricciones.
La defensa del expresidente argumentó que todas las decisiones adoptadas durante la pandemia fueron “consensuadas con los gobernadores y basadas en criterios técnicos de un comité de expertos en epidemiología y salud mental”, y que los decretos dictados “cumplieron con los procedimientos administrativos y legislativos correspondientes”.
Una causa paralela a la “fiesta de Olivos”
La investigación por la prolongación de la cuarentena es independiente del expediente conocido como la “fiesta de Olivos”, en el que Fernández fue condenado a pagar una multa de 1,6 millones de pesos por violar el aislamiento durante un cumpleaños en la residencia presidencial.
En esta nueva causa, el exmandatario enfrenta imputaciones por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El fiscal Stornelli busca determinar si las medidas sanitarias se sostuvieron más allá de lo necesario, generando un perjuicio social y económico. Según su hipótesis, el gobierno habría aprovechado la gestión de la pandemia para fortalecer su posicionamiento político en un contexto de crisis sanitaria global.
Próximos pasos
Con la decisión de la Cámara Federal, la investigación volverá al juzgado de Servini, quien deberá avanzar con las pruebas dispuestas. Recién después de esa etapa, la magistrada podrá resolver si existen elementos suficientes para imputar formalmente a Alberto Fernández o si corresponde cerrar definitivamente el caso.
La reapertura del expediente vuelve a poner bajo la lupa uno de los capítulos más controvertidos de la pandemia en la Argentina: el equilibrio entre la necesidad sanitaria y las decisiones políticas tomadas en nombre de la emergencia.
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