Empresas ficticias y fondos públicos: La causa contra el Polo Obrero vuelve a activarse

El líder del Polo Obrero está en la mira de la Justicia por el uso indebido de los fondos públicos que le otorgaban para planes sociales.

@EBelliboni

Con la reactivación plena de la actividad en los tribunales federales, una de las investigaciones más sensibles sobre el uso de fondos públicos volverá a tomar impulso en Comodoro Py. Se trata del expediente que analiza presuntas maniobras de defraudación al Estado vinculadas al programa Potenciar Trabajo y a la operatoria financiera del Polo Obrero, una causa que ya tiene a su principal referente, Eduardo Belliboni, camino al juicio oral.

El juez federal Sebastián Casanello quedó en condiciones de definir en las próximas semanas si eleva a juicio a otros imputados señalados como responsables de haber montado un circuito de empresas utilizadas para simular gastos y justificar rendiciones ante el entonces Ministerio de Desarrollo Social. El avance procesal se aceleró luego de que el magistrado rechazara un acuerdo de reparación económica que buscaba frenar el debate oral.

Mal uso de los fondos públicos

La propuesta había sido presentada por Leandro Gastón Kebleris, uno de los acusados como partícipe necesario, quien ofreció más de 87 millones de pesos con el objetivo de extinguir la acción penal sin asumir responsabilidad penal. Para el juez, ese mecanismo resulta incompatible con delitos que afectan de manera directa a la administración pública.

La resolución, adoptada antes del inicio de la feria judicial, fue respaldada por la Fiscalía y por los organismos querellantes, entre ellos la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera y el Ministerio de Capital Humano. Todos coincidieron en que aceptar una reparación individual podía debilitar la investigación de un esquema más amplio y complejo.

Según la acusación, Kebleris y Anahí Rivero habrían facilitado al Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor la utilización de Coxtex S.A., una sociedad que carecía de actividad real y que fue utilizada para emitir facturas por supuestas compras de insumos. En octubre de 2021, la firma facturó más de cinco millones de pesos al Estado por gastos que, de acuerdo con peritajes judiciales, nunca se concretaron.

Para los investigadores, la empresa funcionó como una herramienta clave dentro de una maniobra destinada a desviar fondos públicos que debían financiar proyectos socio-productivos. Parte de ese dinero, sostienen, habría sido utilizado para actividades políticas, gastos corrientes de la organización y logística de movilizaciones.

La Fiscalía remarcó que la maniobra no puede analizarse de manera fragmentada ni atribuida a una sola persona. En su dictamen, advirtió que el presunto esquema incluyó distintas etapas y actores, y que la causa aún mantiene líneas abiertas para determinar responsabilidades adicionales.

Polo Obrero y Belliboni en la mira

El expediente por las empresas pantalla se desprende de una investigación de mayor alcance que ya derivó en la elevación a juicio oral de Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero. En noviembre pasado, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos y agravó la calificación legal, al considerar que los hechos encuadran en delitos de administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión.

Los camaristas señalaron que los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo habrían sido obligados a realizar aportes económicos y a participar de movilizaciones bajo la amenaza de perder el plan social. Para el tribunal, se trató de un esquema sistemático que aprovechó la situación de vulnerabilidad de miles de personas.

En paralelo, la Justicia profundizó la pesquisa sobre el entramado societario utilizado para sostener las rendiciones adulteradas. Además de Coxtex S.A., el expediente menciona otras firmas señaladas como emisoras de facturación apócrifa, entre ellas Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, Urban Graphics, Ricoprint, Monfrini y Miniso Trade.

Entre 2020 y 2022, el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor firmaron convenios con el Estado por más de 361 millones de pesos para administrar el programa. De acuerdo con la hipótesis judicial, una porción sustancial de esos recursos fue desviada mediante simulación de gastos, omisión de rendiciones y maniobras destinadas a dificultar el rastreo del dinero.

Con el fin del receso judicial, Casanello deberá resolver los pedidos de elevación a juicio pendientes y avanzar en la determinación de responsabilidades. El eje del proceso será establecer si las empresas pantalla fueron una pieza central de una estructura diseñada para apropiarse de fondos públicos destinados a los sectores más vulnerables, los mismos que el movimiento piquetero decía representar.