El bloque de diputados del PRO elige no soltar y volvió a cuestionar con dureza la designación de los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y ratificó que acudió a la Justicia para impugnar el procedimiento.
NO SUELTAN
El PRO no perdona la jugada por la AGN y mantiene abierta la guerra con el Gobierno
El PRO no afloja y no le perdona al Gobierno un supuesto acuerdo con los K. Van a fondo y judicializarán el tema AGN.
29 de diciembre de 2025 - 12:20
Cristian Ritondo, jefe de los diputados del PRO.
Desde el espacio que conduce Cristian Ritondo aseguran que la votación estuvo viciada de origen y que su retiro del recinto fue una decisión política e institucional para no legitimar un mecanismo que consideran inconstitucional.
La polémica se reactivó luego de que sectores del oficialismo y de la oposición deslizaran que la ausencia del PRO en el momento de la votación habría facilitado la aprobación de los nombramientos. Sin embargo, desde el macrismo rechazaron esa lectura y afirmaron que el resultado estaba sellado de antemano por un entendimiento entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria e Innovación Federal.
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Según explicaron, esos bloques ya contaban con los votos necesarios para avanzar sin necesidad del acompañamiento del PRO.
“No hubo una estrategia para incidir en el resultado. Hubo una decisión de no ser parte de un acto que violó la Constitución”, señalaron fuentes parlamentarias del espacio.
El argumento del PRO: Objeción constitucional y sesión cuestionada
El eje central del reclamo del PRO está puesto en el procedimiento elegido para avanzar con las designaciones. El bloque sostiene que la votación se realizó de madrugada, sin debate suficiente y sobre un tema que no estaba incluido en el temario habilitado para las sesiones extraordinarias.
En ese sentido, remarcan que el tratamiento de los nombramientos de la AGN vulneró el artículo 63 de la Constitución Nacional y quebrantó reglas básicas del funcionamiento parlamentario. Para el PRO, permanecer en el recinto —incluso para votar en contra— hubiera significado convalidar un acto que consideran nulo desde su origen.
“La ilegalidad no se corrige con un voto negativo. Se corrige no prestándose a ese juego”, argumentan en el bloque, donde insisten en que su ausencia fue una señal política deliberada.
Los números y la disputa política
Desde el PRO también apelaron al argumento matemático para reforzar su posición. La votación final reunió 189 votos afirmativos, una cifra que, según destacan, demuestra que el desenlace no dependía de su presencia.
“El oficialismo y el kirchnerismo, junto a Innovación Federal, ya tenían aseguradas las mayorías especiales necesarias. El acuerdo estaba cerrado antes de que comenzara la sesión”, aseguran.
Esa lectura busca despejar las versiones que ubican al macrismo como un actor funcional al entendimiento entre el Gobierno y el kirchnerismo, una alianza que generó ruido interno en el sistema político y tensiones con sectores de la oposición dialoguista.
El camino judicial
En paralelo a la disputa política, el PRO decidió avanzar por la vía judicial. El bloque presentó un recurso de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de las designaciones de Pamela Caletti, Mónica Almada y José Forlón como auditores.
En la presentación sostienen que el procedimiento afectó el debido proceso legislativo, carece de competencia funcional y viola el principio de legalidad. Bajo esa interpretación, advierten que todos los actos posteriores derivados de esas designaciones podrían ser considerados “insanablemente nulos”.
El conflicto se profundizó porque la definición de los auditores se dio en una sesión atravesada por el debate del Presupuesto 2026, lo que, para el PRO, expuso una maniobra política para colar un tema sensible sin el consenso necesario.
Un frente abierto en el Congreso (y contra el Gobierno)
Mientras el Gobierno defiende la validez del proceso y minimiza la posibilidad de que el PRO dispute un lugar en la AGN, en el macrismo aseguran que el episodio marcó un quiebre político. Denuncian que el oficialismo optó por negociar directamente con el kirchnerismo y dejó de lado acuerdos previos con otros sectores.
Pese a ese escenario, en el PRO buscan cerrar filas con una definición clara: no acompañarán decisiones que, a su criterio, impliquen atropellos institucionales. Y apuestan a que sea la Justicia la que termine resolviendo un conflicto que ya desbordó el recinto y expuso, una vez más, las tensiones en torno al control del Estado.
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