POLÍTICA

Murió el hombre al que la Justicia decidió que le administraran dióxido de cloro

En medio de un intenso debate por la provisión y logística de la vacunas en la Argentina, y del aparente descontrol en el distanciamiento social, un fallo judicial con causas mortales pone a prueba el poder del Estado para garantizar la salud de sus ciudadanos.

En un escenario donde decenas de personas sin fundamento científico alguno cuestiona las vacunaciones indispensables para obtener la inmunización mientras que otras rechazan el uso de tapabocas y mascarillas o distanciamiento social, ahora que lidiar con personajes que incluye a autoridades como los jueces, que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.

Para los responsables de la salud tanto nacional como provincial y municipal de todo el país, un riesgo enorme, en especial si medidas similares se repiten, ante la impotencia de las autoridades médicas, en este caso del Sanatorio Otamendi.

Y es que esta noche 11/01 se conoció que murió el hombre contagiado de coronavirus al que un juez ordenó que se le administre dióxido de cloro.

Pese a que la institución apeló la medida judicial, el hombre recibió la sustancia, que no posee la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), ya que su uso podría ocasionar graves consecuencias en la salud. 

El paciente se encontraba en grave estado y esta tarde, luego de que le aplicaran la sustancia, falleció.

La decisión fue del juez federal subrogante Javier Pico Terrero, quien determinó que se le administre la sustancia al paciente Oscar Jorge García Rúa.

El juez decidió que se le "administre el uso del ibuprofenato de sodio, a través de nebulizaciones y de dióxido de cloro mediante vía intravenosa" al paciente en grave estado de salud que "no había respondido a los tratamientos convencionales con oxígeno".

Según trascendió, fue el jueves pasado cuando el hijastro del hombre, de nombre José María Lorenzo, quien realizó una presentación judicial para que reciba urgente la administración de nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro, pedido que la Justicia aceptó.

Además, se supo que la terapia la recetó el neurocirujano personal del paciente, llamado Dante Converti (MN: 50.660). 

En esa línea, también se conoció que fue ese mismo profesional quien le suministró el dióxido de cloro el sábado y el domingo. En esa línea, Oscar García Rúa habría recibido de un médico externo al centro de salud la sustancia durante el último fin de semana.

El dióxido de cloro es una sustancia utilizada como desinfectante de superficies y blanqueador de materiales orgánicos. Su ingesta tiene diversos efectos secundarios. La situación alertó a la comunidad médica, ya que la decisión judicial podría sentar jurisprudencia para recetar tratamientos que no están autorizados por las entidades regulatorias correspondientes. 

Por ahora, se espera que el sanatorio se manifieste al respecto, tras el polémico fallo que puso en alerta a la comunidad médica.