Piquetes: ATE y Polo Obrero imputados (¿fin de la fiesta?)

Usualmente, los piquetes comprenden cortes de calles centrales, no solo impidiendo el tránsito libre, sino también generando destrozos y basura. Ello, sin detrimento de las causas por las que se reclama, provoca hace mucho tiempo una reacción negativa en los vecinos de las ciudades que, en un año electoral, puede dañar seriamente a los oficialismos.

En Córdoba, atento a ello, el Gobierno provincial puso en marcha una nueva política de piquetes cero que si bien no fue reconocida públicamente como tal, en la práctica se va implementando paulatinamente. En un trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba, la provincia mediterránea puso primera con un recurso de amparo de parte de vecinos afectados que fue aceptado por la Justicia.

A partir de allí, las manifestaciones públicas que comprendan el corte total de calles sin organización previa con las fuerzas de seguridad será motivo de imputación. Claro, eso no es algo nuevo sino que ya estaba establecido por ley, pero pocas veces fue aplicado hasta ayer, cuando dos dirigentes piqueteros fueron notificados de sendas imputaciones por parte de la Justicia.

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Piquetes, la cola del problema.

Se trata de Federico Giuliani, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, y a Emanuel Berardo, referente del Polo Obrero, por ser los presuntos responsables del delito de "obstrucción de tránsito para medios de transporte", cuya pena es de seis meses a dos años de prisión. La imputación señalada, que también correría contra otros cuatro dirigentes, fue instruida por el fiscal Ernesto de Aragón.

La estrategia de la Provincia para menguar los efectos de los piquetes es ir tras sus organizadores. Por supuesto, las autoridades no pretenden complicar a los asistentes que, por caso, asisten de a miles haciendo imposible la tarea de identificación.

En el caso de los líderes piqueteros, la tarea es más sencilla. Dentro de las mismas marchas, la Policía infiltró agentes de civil que pudieron reconocer a los líderes como presuntos responsables de los delitos mencionados.

"Ya no se está ejerciendo una petición o expresando una idea u opinión sino, más bien, cometiendo un ilícito penal", supo expresar el magistrado Juan Manuel Fernández, quien aceptó el recurso de amparo presentado por los vecinos del Centro de Córdoba. No obstante, el Juez destacó que el castigo penal no disipará completamente los piquetes dada la situación social y económica reinante.

Por supuesto, las agrupaciones sociales no tardaron en responder las imputaciones de sus dirigentes con acusaciones de persecución política. Una reacción esperable pero no tan dañina como hincar más aún el nervio de los vecinos cordobeses.

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