Córdoba amaga con "enterrar" los piquetes: ¿Cómo lo haría?

Y si bien este fenómeno parecería fácil de resolver en cualquier país que haga primar la libre circulación sobre un derecho como lo es el de la protesta, en Argentina las cosas no son así. De hecho, la política durante décadas fue la de no arremeter contra los manifestantes (o al menos dejar la fuerza como último recurso).

Ahora, en un contexto de crisis económica galopante, los piquetes se han vuelto especialmente frecuentes. Y su intensidad también creció, de la mano de los acampes.

En Córdoba esto se siente especialmente ya que se trata de la segunda ciudad más poblada de todo el territorio. En consecuencia, allí se suscitan (al igual que en CABA) cientos de piquetes por año que entorpecen las actividades comerciales de la ciudad, impidiendo el normal desarrollo de las mismas.

Por ello, la Justicia provincial, junto al Gobierno local, parecen estar dispuestas a ponerle un punto final a los piquetes. O, al menos, empezar a trabajar en ello.

Al respecto, la Justicia cordobesa admitió en los últimos meses un habeas corpus de un grupo de 7 vecinos del centro cordobés para tomar una determinación tajante con los piquetes. Y la medida generó consenso en casi toda la dirigencia provincial.

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Los piquetes, un problema "top" para Córdoba.

Dicha admisión se produjo en el Juzgado de Control Nº 10, a cargo de Juan Manuel Fernández López. Desde allí, el magistrado dispuso la utilización de mecanismos de inteligencia de la Policía de Córdoba para poder prevenir los piquetes, apuntando especialmente a los organizadores.

Según Fernández López, el habeas corpus interpuesto por los vecinos responde a un mecanismo de defensa legal ante el avasallamiento de un derecho legítimo como el de la libre circulación. Para el magistrado, ese delito es soportado por una red de personas que facilitan y se benefician de los piquetes, en especial los organizadores.

Además de la prevención, que en Córdoba ya supone el vallado total de las calles céntricas para impedir el paso de los manifestantes a la calzada, la Justicia dispuso que se identifiquen a los organizadores de los piquetes. Sobre ellos podrían caer causas a la brevedad en caso de comprobarse responsabilidad penal.

La nueva postura cordobesa sobre los piquetes sería soportada tanto por el Poder Judicial como por el Gobierno provincial, con especial participación de la Policía de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal. Aunque, por lo bajo, se sabe que no es posible contener todas las manifestaciones y mucho menos reprimir,

Por eso mismo, la provincia apunta a que una nueva legislación, que podría ser exprés, designe un lugar particular para las protestas. Además, la nueva normativa exigiría que los protestantes notifiquen con un periodo de antelación determinado la protesta a realizarse.

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