Curioso: Cómo eliminaron los piquetes Mendoza y San Luis

Todos los ciudadanos tienen derecho a peticionar, a reclamar por lo que creen justo. En un contexto de crisis, esa tensión es entendible. Pero hay formas de hacerlo sin perjudicar a los que trabajan, a quienes necesitan circular. A los empleados, a los comerciantes, a los turistas, a los jubilados, a quienes usan el transporte público. El bloqueo de las vías de circulación, los acampes ocupando espacios públicos y por sobre todo, los piquetes que buscan caotizar la tranquilidad social, son formas de alteración del orden que están fuera de las normas y ponen en riesgo la paz social.

Mendoza y San Luis no pueden permitir que se corte la convivencia democrática. Dentro de la ley todo; fuera de la ley nada. La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se transformaron en zonas sitiadas, invivibles, impredecibles por los cortes, la ocupación sin control del espacio público. Ese modelo no se puede replicar. Mendoza nunca fue “piquetera”, porque es una provincia donde se respetan las normas.

La particularidad es que se entorpece la vida y se altera la paz en la provincia para ejecutar un reclamo al Gobierno nacional. La repercusión de esas protestas es inocua para lo que ocurre en Casa Rosada, que no acciona ni tiene poder para desalentar esos métodos. Pero tiene un fuerte impacto negativo en la provincia y los municipios. Comercios sin trabajar, familias demoradas, niños que no llegan a la escuela, angustia en las calles.

Cómo eliminaron los piquetes y cualquier otro disturbio Mendoza y San Luis

Las Legislaturas de Mendoza y San Luis aprobaron el Código Contravencional que regula la convivencia entre los ciudadanos. Si las modificaciones se aplican a pleno, las personas pueden ser multadas y hasta podría cumplir meses de arresto aquel que: cuide o lave autos en la calle, realice un piquete e impida el libre tránsito, el que insulte a un docente o el que agreda a un médico en una guardia, el que cobre por leer el tarot y aquellos que consuman alcohol en la vida pública. Estas son algunos de los cambios incorporados (en el caso de Mendoza) al antiguo Código de Faltas que, a propuesta del exgobernador Alfredo Cornejo (UCR-Cambiemos), fue aprobado con los votos del oficialismo y la mayor parte de los bloques opositores en contra.

Este Código se aplica a las faltas previstas en el mismo, que se cometan en el territorio de la provincia de Mendoza y San Luis, por lo tanto, para la punibilidad de las faltas es suficiente el obrar culposo en todos los casos en que no se requiera dolo. También se prevé que, el que instigue o participe en la ejecución de una falta será sometido a las sanciones establecidas para el autor de la misma.

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En el caso de los piquetes que proliferan en muchas ciudades y que la ciudad de Buenos Aires no ha logrado controlar, las legislaciones cuyanas los prohíben. “Serán penalizadas las movilizaciones sin dar aviso a la autoridad”, dice el Código Contravencional. La restricción a cortar calles para protestar, sin previa autorización del municipio. Por ejemplo, el gremio bancario ha tenido que pagar 200 mil pesos en multas por manifestaciones en las calles céntricas.

El código de convivencia es regulado por los Juzgados de Paz y las denuncias se pueden hacer mediante internet a la web del Poder Judicial, por teléfono a las comisarías o en las sedes de los juzgados.

La metodología para evitar nuevamente una conducta inadecuada, es simple. Los jueces de Paz citan a las partes a una audiencia, el acusado cuenta con varias opciones para redimirse, empezando por ofrecer formas de reparación como un pago, una conducta reparadora, pedido de disculpas o la promesa de no volver a hacerlo. Si no se logra un acuerdo, se irá al debate en el que se presentarán pruebas y testigos. El juez podrá desestimar el caso o dictar sentencia.

Las sanciones podrán ser: multa, trabajo comunitario o arresto. Las multas pueden llegar a ser millonarias, pudiendo tener un piso de 500 mil pesos a 3 millones. Otro de los castigos es el trabajo comunitario desde 4 hasta 80 días, a razón de 4 horas por día; decomiso, inhabilitación, clausura y obligaciones de conducta y hasta 90 días de arresto, como pena máxima por una contravención.

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Los detenidos son alojados en celdas especiales por considerar que es una sanción menor al que comete un delito penal. Para los infractores del Gran Mendoza se acondicionó la Alcaidía 1 sobre la calle Boulogne Sur Mer 3498, a un kilómetro del penal.

Admiración por un lado, rechazo por el otro

Algunos juzgan esta medida como "autoritarismo" y otros, la aplauden, com o el caso de Burzaco, el nuevo Ministro de Seguridad porteño, quien busca recrear esta medida en Buenos Aires.

"No hay una ley que regule los piquetes y eso es un gran problema. Necesitamos una ley más clara y contundente anti piquetes En Mendoza hay una y se redujeron sustancialmente los cortes. Hay gente que trabaja de ir a los piquetes y eso no puede pasar. Tenemos que cortar con la intermediación de los planes sociales. Eso nos va a permitir generar un cambio cultural", afirmó Burzaco en declaraciones radiales.

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En la otra cara de la moneda, se encuentran los que rechazaron esta medida desde su aprobación. Las principales organizaciones de derechos humanos y gremios protestaron en la Legislatura y criticaron la ley, por “autoritaria” y porque “condena al pobre que tendrá dificultad para pagar una multa y terminaría arrestado para cumplir con su penalidad”.