Mendocino preso en El Salvador: La familia asegura inocencia

"Alejo viajó a El Salvador hace cuatro meses, en marzo y en septiembre se volvía porque se le vencía el pasaporte. Él se fue con trabajo, a trabajar en una financiera, pero no sabíamos que era ilegal, que operaban en negro", comentó la mamá de Alejo a Mendoza Post.

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Es que la detención del mendocino por las fuerzas del orden de El Salvador, se enmarcó en un importante operativo para capturar un centenar de personas de la banda colombiana “Gota a Gota” por presunta red de estafa, extorsión y violencia, con orden de la Fiscalía.

"Él se fue porque sus primos estaban allá, entonces dejó sus estudios acá a medias, vendió su auto, sacó su pasaporte y se fue. No dudó en irse, no sabiendo que ese lugar que iba de trabajo estaba en negro, que iba a ser una estafa y que nos iba a dar esta pesadilla que estamos viviendo. Alejo no sabía dónde iba a meterse. La verdad que tanto él como sus primos fueron engañados", relató la madre de Alejo a la prensa mendocina.

Hasta tuvo que vender su autito para poder viajar. Su trabajo era ir a cobrar las cuotas de los préstamos que tomaba la gente en la financiera. Tenía una cartera de 100 para visitar todos los meses Hasta tuvo que vender su autito para poder viajar. Su trabajo era ir a cobrar las cuotas de los préstamos que tomaba la gente en la financiera. Tenía una cartera de 100 para visitar todos los meses

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La fiscalía de El Salvador fue la encargada de anunciar las conclusiones en el operativo contra los 'gota a gota' colombianos.

Rodolfo Delgado, fiscal general de El Salvador, declaró en una rueda de prensa que esta banda (con 105 colombianos, un argentino, un guatemalteco y tres salvadoreños detenidos) se dedicaba a la estafa y al lavado de dinero.

La organización ‘Gota a Gota’ operaba en negro y ofrecía préstamos no registrados a una tasa de interés del 20%. Cuando los deudores no pagaban lo que debían al acreedor, eran amenazados y en algunos casos se les usurpaba su identidad para acceder a datos bancarios, con posterior transferencia del dinero a cuentas en el exterior.

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Según la Fiscalía, esta banda colombiana que operaba con Policías y ex militares ya retirados, se dedicaba a blanquear dinero proveniente del narcotráfico. "Se está ante una estructura criminal emergente en nuestro país", declaró el ministro de justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, en una conferencia de prensa.

La madre de Alejo, Sandra González, asegura que Alejo es inocente, fue engañado y que "no sabían que esa financiera era ilegal”, sino no lo hubieran “dejado que fuera".

Esto es una agonía. Hay que esperar seis meses para que lo enjuicien. No sabemos nada de él ni qué necesita. Esto es desesperante, sabiendo cómo tratan a los presos en ese país Esto es una agonía. Hay que esperar seis meses para que lo enjuicien. No sabemos nada de él ni qué necesita. Esto es desesperante, sabiendo cómo tratan a los presos en ese país

Según la familia de Alejo, el mendocino está privado de su libertad en la cárcel de máxima seguridad de El Penaltito, incomunicado de su familia y a la espera del juicio que será en medio año.

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"Sabemos que el cónsul argentino lo ha visto. Dijo que no ha habido maltrato. Le han llevado elementos de higiene, ya que se lo llevaron sin nada al penal. Del consulado dicen que no pueden intervenir en el tema, que es estrictamente judicial", comentó la madre de Alejo, quien contó que su hijo cuenta con el patrocinio legal de una abogada.

El Salvador extendió otra vez el 'estado de excepción'

Una prórroga del estado de excepción en El Salvador fue aprobada otra vez por parte de la Asamblea Legislativa, a pedido expreso del gabinete de Seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele, como su bastión de lucha contra las pandillas que controlan el comercio de estupefacientes, el tráfico de personas y ejercen influencias a través de la extorsión y el sicariato.

La primera vez que el legislativo, con mayoría oficialista (Nuevas Ideas), aprobó el estado de excepción (27/03/22) fue luego de la ola de homicidios con sello narco -entre el 25 y 27 de marzo- que puso fin a la falacia de paz producto de las negociaciones secretas entre la Administración de Bukele y las bandas criminales como Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios, según lo develó el medio digital salvadoreño El Faro.

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“Nuevamente, estamos acá para solicitar la prórroga del régimen de excepción, ya que los resultados han demostrado su efectividad. La población está viviendo más tranquila y se puede movilizar sin miedo”, declaró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, mientras presentaba la petición de la prórroga.

Según la Constitución de El Salvador, el régimen de excepción tiene un alcance de 30 días, limita la libertad de asociación y reunión (cuasi estado de sitio), suspende derechos durante un arresto como no proveer un abogado ni informar los motivos de la detención, aumenta el plazo de prisión preventiva de 72 a 15 días, y permite a las autoridades la intervención en las correspondencias y en los celulares sin una orden judicial.

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Entonces, en términos legales, el Presidente de la República de El Salvador y en uso de sus facultades constitucionales, emitió el Decreto Legislativo No. 333 que contiene el Régimen de Excepción que establece medidas de carácter excepcional y suspende por 30 días los siguientes derechos y garantías constitucionales:

• Artículo 7: Derecho a la libertad de asociación y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito (excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos).
• Artículo 12 inciso 2º: Derecho a la presunción de inocencia, aseguramiento de garantías necesarias para ejercer la defensa, a ser informado de los derechos y razones que motivan la detención y asistencia de un defensor.
• Artículo 13 inciso 2º: Limitación de la detención administrativa a 72 horas, dentro de las cuales el detenido debe consignarse a la orden de un juez competente. Durante el Régimen de Excepción, la detención administrativa no podrá exceder de 15 días.
• Artículo 24: Inviolabilidad de correspondencia y prohibición de interferir e intervenir las telecomunicaciones.

A su vez, en la primera instancia de aprobación del estado de excepción posterior a esa jornada violenta en El Salvador, el día 27 de marzo, se modificó el Código Penal para contemplar hasta 15 años de cárcel a quien difunda mensajes que legitimen a las pandillas y al crimen organizado, apuntando a algunos sectores de la prensa salvadoreña en connivencia con dichas asociaciones ilícitas.

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“La Bestia está herida de muerte y ahorita no hay ninguna señal que diga que esto va a cambiar (…) Ahorita están comiendo mierda. No pueden extorsionar, no pueden robar, y tampoco pueden controlar los negocios en los que lavan dinero. Si esto fuera una empresa formal, hace rato que la MS-13 estaría quebrada”, sostuvo un fiscal salvadoreño bajo condición de anonimato al diario El País.

Claro está en la guerra de Bukele contra el crimen organizado, se cometieron excesos, por no decir, violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias basadas en el aspecto físico, torturas y asesinatos dentro de los centros de detención, tal como informó Amnistía Internacional y Human Rights, llegando a una cifra de 56.716 detenidos.

“La Policía está llevando a cabo detenciones de forma masiva en base a acusaciones anónimas que no se están verificando, sesgos discriminatorios por estrato social o rasgos raciales, por tener tatuajes o antecedentes penales”, indicó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en una rueda de prensa en San Salvador.

No cumpliste tu parte, ahora tendrás el ‘infierno’

El actual mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, con sus jóvenes 40 años, se ha cargado al hombro su famoso Plan Control Territorial (20/06/19) destinado a exterminar a la delincuencia y a las organizaciones criminales, en base a tres áreas; control de penitenciarias, interrupción del financiamiento del crimen organizado y fortalecimiento de las F.F.A.A.

Una inversión de 575.2 millones de dólares para llevar a cabo dicho plan de seguridad, logró que las empresas telefónicas cortaran las señales en los penales (a fin de evitar extorsiones y manejo de las actividades ilegales desde la cárcel), además de proveer más material de trabajo a la Policía Nacional Civil y otras fuerzas armadas, y se transfirieron a 1,624 convictos a distintos centros de detención para dejarlos ‘solitos’ sin ejercer influencias.

"En un total tenemos 22 000 pandilleros, a los que tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, asignados con dos tiempos de comida y en condiciones que ninguno de los pandilleros que están afuera quiere ir a tener adentro. Es importante que sepan que si se tratan de pasar de listos, vamos a bajar de dos tiempos a cero tiempos de comida y veremos cuanto duran", dijo Bukele en un discurso para un acto de graduación militar (05/04/22).

Por tanto, lo que sucedió a posteriori, cambió los índices de homicidios, pasando de 20 cadáveres diarios (en 2015) a solo tres o ninguno en el 2019, tras la implementación de la política de seguridad antes mencionada. Pero no por mucho tiempo, ya que ello cambiaría drásticamente tras una ‘traición’ gubernamental a los líderes pandilleros con lo que la cúpula del poder venía negociando para el mantenimiento de la ‘paz’.

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"Se rompió el acuerdo porque ellos (el Gobierno) hicieron cosas que no tenían que hacer, desde ahí es por lo que se levantaron esos 80 muertos que pasaron en esas fechas ¿me explico? Incumplieron, hicieron capturas que no tenían que hacer, donde ellos dijeron ‘lleguen a tal lugar, vamos a dialogar’ y en lugar de dialogar, capturaron", explicó un líder de la MS-13 que se encuentra fuera de El Salvador, al medio El Faro.

El punto de inflexión del pacto con la gestión de Bukele había sido con la detención de cabecillas de Mara Salvatrucha (MS-13), que estaban siendo traslados en un vehículo de facilitado por las autoridades salvadoreñas, confiados en su protección, después de haber facilitado la excarcelación de ‘Viejo’ (Elmer Canales Rivera, líderesde la MS-13) como una demostración de lealtad y confianza, así lo revelo la investigación de El Faro, el cual accedió a los audios entre Carlos Marroquín, viceministro de Justicia, Osiris Luna, el director general de cárceles, y los cabecillas de las bandas MS-13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios.

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