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Nayib Bukele, un visionario: Convenio laboral y visa H2 en el exterior

4.900 salvadoreños han viajado en este 2023 a EE.UU, Italia, Canadá y otros países como parte de Programa de Migración Laboral del gobierno de Nayib Bukele

El mandatario salvadoreño Nayib Bukele que marca agenda política en la realidad centroamericana signada por la inseguridad, ahora muestra a los dirigentes de habla hispana cómo evitar el flujo migratorio y el tráfico ilegal humano: con convenios legales de trabajo temporal con las potencias mundiales, más aún a un paso del fin del famoso Título 42 en EE.UU. que invocará a una marea de circulación ilegal.

Como anunció Urgente 24, el gobierno estadounidense de Joe Biden abrirá centros de inmigrantes en Guatemala y Colombia para gestionar solicitudes de asilo y residencia legal, a sabiendas de que 2,7 millones de hispanomigrantes moran en Estados Unidos de forma ilegal, preparándose para la expiración de la medida trumpista “Título 42” (11/05/23) que rige desde la Pandemia, la cual facilitaba la deportación instantánea.

Ante este escenario, el gobierno de El Salvador se prepara responsablemente para un aluvión de conciudadanos migrando hacia tierras norteamericanas con el fin del Título 42.

"Sabíamos que esto era algo temporal que se dio en la pandemia, y que de un momento a otro se iba a cancelar esta expulsión automática y pasaremos al Título 8, donde las personas si necesitan iniciar los procesos de refugio, van a tener que acudir a Guatemala o a Colombia", explicó la viceministra salvadoreña de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, al Canal 21.

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Según estadísticas oficiales de la Oficina De aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CPB), unos 14,181 salvadoreños han sido detenidos en la frontera, de los cuales 62 % han sido procesados bajo el Título 42; y solo el 28 % bajo el Título 8.

En referencia al Título 8 que seguirá vigente luego de la expiración de la medida 42 de deportación sin papeleo e inmediata, establece que “una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos de al menos cinco años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente”, según el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Ahora bien, El Salvador, según la funcionaria de migración local, está brindando "campañas de información" en embajadas y consulados como método disuasorio para que no inicien el periplo ilegal, y les advierten sobre traficantes que los pretenden engañar con una supuesta reapertura de la frontera estadounidense tras el fin de la 42.

Pero el gobierno de El Salvador, desde el 2021, a través del Programa de Movilidad Laboral del Ministerio de Relaciones Exteriores promueve “la inclusión laboral de salvadoreños a través de la migración regular, ordenada y segura hacia países donde se identifiquen oportunidades de empleo”.

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Con respecto a ello, unos 4.900 salvadoreños en este 2023 han sido enviados por el propio Estado al exterior para emplearse en empresas privadas de renombre, de manera temporal, con las cuales existe un convenio, además de gozar de las visas H2 para trabajo en Estados Unidos.

“Este año hemos seguido trabajando arduamente en esta iniciativa, promoviendo, desde el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, la creación de una bolsa de empleo a las que las empresas estadounidenses pueden acudir para elegir los perfiles que les parezcan más adecuados”, dijo la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Mariella Portal, durante este febrero (2023), en una jornada de entrevistas a más de mil candidatos.

Megacárcel en El Salvador: Cuánto les cobran a los reos

El actual mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, está librando una brutal guerra contra las organizaciones criminales, llegando incluso a anularle el derecho a la comida a los reclusos, en un país infestado por las Maras y otras pandillas, con asesinatos con sello narco a plena luz del día—más de 2.030 muertes por el delito en el 2019—. Ahora, el presidente salvadoreño inauguró una megacárcel para convictos, en una Nación con la mayor población penitenciaria del mundo.

La asamblea salvadoreña con mayoría oficialista –Nuevas Ideas-, prorrogó nuevamente el estado de excepción (14/02/23) con alcance de 30 días, lo que sigue limitando la libertad de asociación, suspende algunos derechos civiles durante un arresto -como no proveer un abogado ni informar los motivos de la detención-, aumenta el plazo de prisión preventiva de 72 horas a 15 días, y permite a las autoridades la intervención en las correspondencias y en los celulares sin una orden judicial, tal como fue primicia de Urgente 24.

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En la jurisdicción salvadoreña plagada de bandas criminales como Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios, sus actividades ilícitas en connivencia con cúpulas del poder local se han visto interrumpidas dada la ola de detenciones, logrando un índice de solo 2 homicidios por cada 100.000 habitantes -en enero del 2023-, mientras que en febrero, 300 días sin asesinatos. Asimismo, más de 65.000 personas vinculadas a las pandillas han sido arrestadas en un plazo de diez meses, producto de la política de combate contra las mafias de Bukele.

En este clima de guerra contra las pandillas que se cargó al hombro el líder salvadoreño Bukele, unos 2000 reclusos han sido trasladados al reciente inaugurado Centro de Confinamiento del Terrorismo (COT), ubicado en Tecoluca, a 74 kilómetros de San Salvador, tal como se ve en las imágenes de los pandilleros, esposados de pies y manos en la penitenciaria.

La megacárcel recién inaugurada en El Salvador, Centro de Confinamiento del terrorismo

Según un informe exclusivo de CNN, la megacárcel cuenta con miles de celdas de concreto cercadas con barrotes de hierro, y cada una puede alojar hasta cien convictos.

“No se han construido patios, ni áreas de recreación ni espacio conyugales como existen en varios centros penales”, denunció Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas de El Salvador, tras visitar la megacárcel COT.

Allí, los reclusos tendrán a su disposición camas metálicas tipo cuchetas –pero sin colchones-, una pileta de concreto para bañarse y dos inodoros, ya que la idea es que los reos ni siquiera salgan de ese camarote metálico en instancias de juicio, debido a que los procedimientos legales se harían bajo modalidad videollamada.

“Los terroristas que vayan al CECOT no van a volver nunca a nuestras comunidades, es un compromiso que tiene el presidente Nayib Bukele. No vamos a parar y nadie nos va a detener”, expresó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro tras presentar la nueva petición de prórroga por otros 30 días.

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Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights han denunciado torturas, detenciones arbitrarias y hacinamiento carcelario, como resultado del estado de excepcional prorrogado en más de diez instancias consecutivas, creando un ambiente similar al estado de sitio y propicio para el abuso de poder. A su vez, los organismos de DD.HH. han acusado a la Administración de Bukele de decenas de muertos en arrestos sin juicios justos, en los centros penitenciarios de Izalco y La Esperanza.

‘Pagar’ por el delito

Pese a las críticas de las organizaciones internacionales que acusan al gobierno de Bukele de cometer delitos de lesa humanidad, en el 2022, gracias al estado de excepción que habilitó las masivas detenciones de sospechosos pandilleros, se redujeron un 57 % los homicidios en El Salvador.

"Pobrecitos los criminales, pobrecitos como les violamos sus derechos en las cárceles... Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando han hecho que corra sangre...", sentenció Bukele en su discurso público para anunciar el traslado de los pandilleros al COT.

https://twitter.com/EmmaRincon/status/1629880086437535744

Por su parte, el medio Prensa Libre asegura que los familiares de los convictos deben velar por su bienestar personal, estando obligados a financiarles su estadía, con paquetes de alimentos y artículos de higiene personal desde diciembre del 2022. Según fuentes de la agencia de noticia, la comida, ropa y artículos de higiene de los reos tiene un costo de US$170 mensuales que corren a cuenta propia de la familia de los pandilleros.

“Son siete pequeños paquetes cuyos contenidos no aparecen detallados en las hojas que los carceleros han pegado en los muros de las prisiones. Los familiares solo saben que dan 35 dólares por alimentación, 15 por artículos de higiene, 30 por vestimenta, 20 por limpieza de área y 70 por misceláneos”, reveló la investigación.

Sumado al pack básico de US$170 mensuales antes mencionado, existe un sistema de “tiendas institucionales” en donde los presos pueden depositar entre US$5 y US$150 al mes para darse lujos o bien, comprarse otros artículos de primera necesidad. Según información oficial de Infobae, unos US$17 millones mensuales estarían ingresando a las penitenciarías salvadoreñas.

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El Salvador extendió otra vez el 'estado de excepción'

La décima prórroga del estado de excepción en El Salvador fue aprobada este miércoles (11/01/23) por parte de la Asamblea Legislativa, a pedido expreso del gabinete de Seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele, como su bastión de lucha contra las pandillas que controlan el comercio de estupefacientes, el tráfico de personas y ejercen influencias a través de la extorsión y el sicariato.

La primera vez que el legislativo, con mayoría oficialista (Nuevas Ideas), aprobó el estado de excepción (27/03/22) fue luego de la ola de homicidios con sello narco -entre el 25 y 27 de marzo- que puso fin a la falacia de paz producto de las negociaciones secretas entre la Administración de Bukele y las bandas criminales como Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios, según lo develó el medio digital salvadoreño El Faro.

“Nuevamente, estamos acá para solicitar la prórroga del régimen de excepción, ya que los resultados han demostrado su efectividad. La población está viviendo más tranquila y se puede movilizar sin miedo”, declaró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, mientras presentaba la petición de la prórroga.

Según la Constitución de El Salvador, el régimen de excepción tiene un alcance de 30 días, limita la libertad de asociación y reunión (cuasi estado de sitio), suspende derechos durante un arresto como no proveer un abogado ni informar los motivos de la detención, aumenta el plazo de prisión preventiva de 72 a 15 días, y permite a las autoridades la intervención en las correspondencias y en los celulares sin una orden judicial.

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