La Cámara de Diputados retomará este miércoles la actividad legislativa con el tratamiento de uno de los proyectos económicos que el Gobierno considera prioritarios. Se trata de Inocencia Fiscal II, una iniciativa con la que el oficialismo busca ampliar el alcance del régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para incentivar el ingreso de capitales que hoy permanecen fuera del sistema financiero.
HAY POLÉMICA
Diputados abre el debate de Inocencia Fiscal II pero ya meten presión a Milei, Menem, Villarruel y Santilli
Diputados abre el debate de Inocencia Fiscal II: las claves del proyecto que impulsa el Gobierno (que ya genera polémica).
En pocas palabras
- Debate Fiscal II: Diputados inicia el tratamiento del proyecto oficial para simplificar Ganancias y atraer capitales.
- Cambios clave: Se propone eliminar topes de ingresos y patrimonio para el régimen simplificado y ajustar controles de ARCA.
- Oposición y alertas: La Coalición Cívica objeta la posible inclusión de funcionarios públicos y familiares en el régimen.
La discusión comenzará en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, donde funcionarios del Poder Ejecutivo expondrán los principales lineamientos de la propuesta y responderán las consultas de los legisladores.
Diputados quiere aprobarlo rápido (por pedido de Milei)
Desde la Casa Rosada sostienen que existen alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del circuito financiero formal y consideran que una flexibilización del régimen podría incentivar a más contribuyentes a regularizar su situación.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que actualmente condicionan el acceso al régimen simplificado.
La iniciativa vigente establecía límites de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio, pero el Ejecutivo propone eliminarlos para que cualquier persona humana residente en el país pueda adherir al sistema.
Según los fundamentos del proyecto, la intención es ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante un esquema más simple y con mayores garantías jurídicas.
Inocencia fiscal II y cambios en los controles de ARCA
El texto también modifica las reglas bajo las cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede cuestionar una declaración jurada presentada bajo este régimen.
La propuesta redefine el concepto de "discrepancia significativa", estableciendo que solo podrá impugnarse una declaración cuando las diferencias superen determinados porcentajes y montos fijados por la normativa penal tributaria.
Además, incorpora un umbral mínimo para evitar que diferencias de escasa magnitud deriven en procedimientos considerados desproporcionados para contribuyentes que hayan actuado de buena fe.
Otro aspecto contemplado es que las rectificaciones realizadas dentro de un plazo determinado y con el correspondiente pago de las diferencias no serán consideradas para configurar esa discrepancia significativa.
Beneficios para quienes regularicen su situación
El proyecto también prevé que determinadas sanciones no se apliquen a quienes corrijan voluntariamente inconsistencias en sus declaraciones de Ganancias o IVA antes de adherirse al régimen simplificado.
Desde el oficialismo explican que esas modificaciones surgieron luego de reuniones mantenidas con especialistas tributarios y representantes del sector contable, quienes acercaron propuestas para mejorar la norma aprobada a fines del año pasado.
Nuevas multas para el trabajo rural
La iniciativa incorpora además un capítulo destinado a actualizar el régimen sancionatorio vinculado al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).
El nuevo esquema establece multas graduadas según la gravedad de cada infracción —leves, graves y muy graves—, con montos que irán desde los $120.000 hasta los $7,5 millones. A partir de 2027, esos valores se actualizarán automáticamente mediante el índice UVA.
La oposición ya presentó objeciones al proyecto de Milei
En paralelo al inicio del debate, la diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, envió cartas documento al presidente Javier Milei, al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En esos escritos solicitó que el oficialismo no avance con una eventual modificación que permita incluir como beneficiarios del régimen a funcionarios públicos y sus familiares.
Con el comienzo del tratamiento en comisión, el Gobierno pone en marcha una nueva negociación parlamentaria para intentar convertir en ley uno de los proyectos que considera clave dentro de su estrategia de normalización tributaria y de incorporación de fondos al circuito formal de la economía.
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