La oposición buscará echar a Espert de una comisión clave y complicarle los DNU a Milei

Para ello, diputados de Unión por la Patria solicitaron al presidente de la Cámara, Martín Menem, una sesión especial para el próximo miércoles 08/10, desde las 12:00.

El temario propuesto es amplio, pero entre los títulos que se destacan hay un proyecto de resolución para remover a Espert de la conducción de una de las comisiones clave.

No se trata de un tema menor dado que se está en vísperas de tratar el proyecto del presupuesto para el año que viene.

El proyecto fue presentado por la diputada Victoria Tolosa Paz y es anterior a que se destapara el escándalo del pago de US$200 mil que Espert de una empresa vinculada a Fred Machado, empresario detenido por narcotráfico, y que admitió haber recibido, luego de haberse negado a hacerlo.

De hecho, la iniciativa se funda en lo que consideran una deficiencia en el manejo de la Comisión por parte del diputado de LLA.

"Desde su designación como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el Diputado Nacional José Luis Espert se ha abstenido de convocar reuniones ordinarias o extraordinarias, privando a esta Honorable Cámara del ámbito natural para el tratamiento, análisis y dictamen de los proyectos de ley que le han sido legítimamente girados", dice el texto como eje central de la impugnación de Espert.

Este proyecto será sólo una excusa para tratar el apartamiento de Espert de la presidencia del grupo parlamentario, dado que la explosión del caso Machado le da otro tenor a la discusión. Esto se vio en la reunión de la Comisión del miércoles último, cuando la primera hora de la sesión fue ocupada por argumentos de los distintos bloques opositores en favor de remover al economista liberal a partir de la revelación del pago de US$200 mil.

Se intentó en esa oportunidad o que el diputado se aparte por propia voluntad o que disponga la votación de una moción para removerlo. Espert no habilitó ninguna de las 2 cosas, por lo que el intento opositor ahora se traslada al recinto.

Se necesitará reunir, además del quórum de 129 diputados presentes, los 2 tercios de los presentes, dado que el proyecto de resolución no cuenta con dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales y la de Peticiones, Poderes y Reglamentos.

Si bien el proyecto tiene origen en el bloque peronista, también cuenta con apoyo de otras bancadas.

De fracasar en este intento, los opositores irán por el camino más largo y burocrático: emplazarán a las comisiones involucradas y le pondrán fecha al dictamen para llevarlo al recinto en una nueva sesión especial. Un proceso que podría demandar 2 semanas más.

DNU

Por otro lado, en la misma sesión los bloque opositores tratarán de convertir en ley la modificación a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Lo central del proyecto, que tiene media sanción del Senado y despacho de comisión, es que obliga a que las 2 Cámaras den su aval para que la decisión presidencial continúe en vigencia, y no sólo a una de ellas, como en la actualidad.

De aprobarse la ley, por mayoría simple, se le recortará ampliamente el poder al Presidente para avanzar en reformas a sola firma, como las que estipuló el megadecreto 70 del inicio de su gestión.

El martes 30/09 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, se firmó el dictamen que habilita el tratamiento en el recinto. La oposición reunió 35 firmas para imponer mayoría y ratificar los cambios introducidos por la Cámara alta, pese a las críticas del oficialismo.

El proyecto aprobado en el Senado a comienzos de septiembre establece que los DNU deberán ser ratificados por mayoría absoluta en ambas cámaras en un plazo máximo de 90 días desde su publicación.

De no tratarse en ese tiempo, perderán vigencia automáticamente. Además, si una de las cámaras rechaza un DNU, el decreto quedará sin efecto y el Poder Ejecutivo no podrá emitir otro sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

Se trata de un cambio radical respecto del esquema actual, en el que los decretos quedan vigentes a menos que las dos cámaras los rechacen.

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