CÓRDOBA. La muerte de un detenido en una comisaría de La Falda en Córdoba el pasado domingo (10/7) desató una verdadera tormenta interna en la Policía de Córdoba. Si bien el fallecimiento del demorado aún está en investigación, la cúpula policial de ala provincia se movió rápido y provocó cambios de altos mandos policiales, ante la posibilidad de una respuesta social.
ESCÁNDALO
Córdoba: Murió en la comisaría y dejó un terremoto policial
En Córdoba, una muerte de etiología dudosa en una comisaría provocó la sangría de varios jefes de la Policía. Cambios en la cúpula.
El caso trata la muerte de Jonathan Romo de 34 años, quién había sido detenido en esa localidad de Córdoba luego de haber generado disturbios en una despensa del lugar. Según testigos, el arrestado había sido demorado por haber amenazado con una botella rota a personas que se encontraban en el local.
Para Romo, no era el primer encontronazo con la Justicia. Según detallaron familiares cercanos, el hombre ya había estado detenido por eventos similares, aunque explicaron que todo estaría impulsado por una severa adicción a las drogas y una posible condición psiquiátrica.
Precisamente, ese detalle fue el que se le pasó por alto a los seis agentes de la Policía de Córdoba encargados del procedimiento, que en teoría, debió ser otro. Según el ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, los agentes debieron trasladar al sujeto a un establecimiento especial para personas bajo crisis psiquiátricas o influencia de drogas.
Una vez en la comisaría, Romo habría sufrido un paro cardíaco que lo llevó a la muerte. Aunque su cuerpo podría tener indicios de un proceder violento.
La familia del fallecido advirtió además que pasaron horas sin poder entrar a reconocer el cadáver. Otro dato que a priori llama la atención en la investigación.
Por caso, el Gobierno provincial ordenó el desplazamiento de el director de la Unidad Regional Departamental Punilla Norte, comisario inspector Diego Alejandro Bracamonte, el director general de Recursos Humanos y Entrenamiento de la Policía, comisario general Julio César Faría y el director de Entrenamiento Profesional Permanente (el segundo de Faría), comisario inspector Marcos Germán Manrique.
“Hubo una falla gravísima en el protocolo. No se puede morir una persona en una dependencia policial. La dependencia policial debe resguardar la integridad y no ser escenario de una muerte. Por eso, se han tomado las medidas que se tomaron”, expresaron desde el Ministerio de Seguridad. Todo ello, sin haber constatado la causa efectiva de la muerte.