Alerta de USA: Argentina "corrupta" y Justicia "politizada"

Es que la situación judicial de CFK traspasa los límites nacionales y recorre el mundo. La condena en diciembre por administración fraudulenta fue de tal magnitud que ocupó la portada, en mayor o menor medida, de los diarios más importantes del exterior; ahora parece haber resonado profundamente en Estados Unidos.

En “Human Rights Report 2022” , elaborado por el Departamento de Estado liderado por Antony Blinken, en que figura la situación particular de los derechos humanos de cada país, Argentina preocupa. Allí menciona que hasta septiembre de 2022 - mes en que concluyó el informe- había varias investigaciones en curso contra figuras políticas de alto rango, como la vicepresidenta Cristina Kirchner, y ex personalidades políticas. Por ello no llego a incluir la condena a la expresidenta. pero sintetizó la situación de ella:

Fernández de Kirchner y nueve acusados principales (45 acusados en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando Fernández de Kirchner era presidente. Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en US$ 160 millones Fernández de Kirchner y nueve acusados principales (45 acusados en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando Fernández de Kirchner era presidente. Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en US$ 160 millones

"El 22 de agosto los fiscales federales resumieron el caso de corrupción en obras públicas y solicitaron que el tribunal de primera instancia condenara a Fernández de Kirchner y la sentenciara a 12 años de prisión e impusiera una prohibición de por vida para servir en cargos públicos. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cuatro casos de corrupción financiera”.

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Antony Blinken la mando del Departamento de Estado de USA.

Entonces, indica en el apartado dedicado a la corrupción y transparencia del Gobierno, que el gobierno no implementó la ley de modo efectivo a pesar de que la normativa establece sanciones penales para la corrupción de los funcionarios. "Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año”.

En ese sentido, argumentó que las frágiles instituciones y la justicia “politizada”, inepta y lenta favorecen la corrupción en el país: “La debilidad de las instituciones y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavan los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”.

Cabe destacar que para el sector kirchnerista, el Poder judicial es un "Partido Judicial", por lo que tratan de instalar presuntos acuerdos de lo miembros de la justicia con la oposición. CFK, tras ser condenada llamó a la CSJN "mafia judicial y la acusó de practicar un sistema "paraestatal y paralelo". Para ellos, la justica está politizada para perjudicarlos, por eso quieren intervenirla, pero eso no es más que un sofisma, porque de hacerlo acabarían con la independencia de la justicia.

Tampoco es un arduo trabajo recordar que CFK desacató el fallo de la CSJN y validó en el senado la ratificación de Martín Doñate en la Magistratura; el Máximo tribunal decidió no tomarle juramento.

Embestida contra la CSJN

Además sin mencionarlo expresamente, el informe se refirió a la embestida de CFK y el kirchnerismo contra la Corte Suprema de Justicia (CSJN) en medio del proceso de juicio político contra el máximo tribunal.

“Graves problemas con la independencia del poder judicial y la grave corrupción gubernamental”. El Gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en actos de corrupción”.

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USA alertó por la embestida K contra la CSJN.

Resaltaron que la ley defiende un poder judicial independiente, aunque los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no respetan la independencia e imparcialidad judiciales. En ese sentido insistió con la existencia de la politización en el poder judicial: “Los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales eran a veces objeto de manipulación política”.

Asimismo, alertó por “las demoras prolongadas, los atascos procesales, las largas lagunas en el nombramiento de los jueces permanentes, el apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia obstaculizaron el sistema judicial”.

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