JUSTICIA

BOCHORNO 2019

Aunque la DEA afirme que no lo conoce, D'Alessio sigue siendo tema

La Gran Grieta que los parió pasa por Marcelo D'Alessio: no existe más para los diarios La Nación y Clarín, y es eje en la web El Cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky; y el periódico Tiempo Argentino, en múltiples contenidos para lectores pagos. Pero la Argentina 2019 no puede convertir en una cuestión inocua lo que ha sucedido con D'Alessio, en especial con el uso a destajo que hizo uno de los partidos gobernantes, Coalición Cívica-ARI. La Grieta no puede pasar por ahí como no podía pasar por el comercio ilegal de efedrina ni por el Triple Crimen de General Rodríguez, en los días K.

10 datos a tener en cuenta:

** Marcelo Sebastián D’Alessio sigue detenido.

** En un principio, el juez federal Ramos Padilla reaccionó mucho más velozmente que el fiscal federal Carlos Stornelli. Y el tiempo valía oro.

** El fiscal federal Carlos Stornelli no fue aún a declarar al Juzgado Federal en Dolores, provincia de Buenos Aires.

** Stornelli no es apreciado en fueros judiciales afines. Ya todos se dieron cuenta.

** El Gobierno estadounidense afirma no conocer a D'Alessio, una respuesta convencional desde el inicio de la serie Misión Imposible a la fecha (Cada capítulo empezaba con el jefe del equipo, el Sr. Briggs en la 1ra. temporada y el Sr. Phelps en el resto, que acudía a un lugar a recoger una grabación y un sobre con instrucciones. Él escuchaba la grabación, que le explicaba la misión a seguir en un casette diciéndoles que en caso de captura, el gobierno negaría conocerlos y finalizaba "Esta grabación se autodestruirá en 5 segundos", y al cabo de ese tiempo empezaba a salir humo del casette para dar cuenta de la destrucción de la cinta).

** El juez federal Alejo Ramos Padilla sufre una suerte de boicot de la gubernamental alianza Cambiemos, que obligará, tarde o temprano, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a poner en orden tanto desatino.

** D'Alessio integraba una red mucho más amplia, e interesada en hacer a la Argentina parte de la Guerra Fría que se libra en Venezuela, tal como, desde el otro extremo, también los K han pretendido. Pero D'Alessio vulneraba los límites.

** Capítulos importantes de la 'causa Cuadernos' tambalean por obra de Stornelli, lo que provoca un intenso enojo del juez federal Claudio Bonadío.

** El 'relato' del Gobierno de que no 'operaba' sobre las causas judiciales sobre corrupción K ha quedado desmentido por la realidad.

** Alternativa Federal (peronismo no K) no sabe dónde ubicarse, y esto puede costarle algún precio a pagar.

Algunos fragmentos interesantes de quien obtuvo la primicia del caso:

"Como era de prever, un delegado del embajador Edward Prado respondió al juez federal Alejo Ramos Padilla que el espía Marcelo Sebastián D’Alessio “nunca ha tenido relación con ninguna agencia de los Estados Unidos, ni ha participado de actividad o programa alguno que involucre al gobierno de los Estados Unidos”.

Es la contestación de manual ante el desliz de cualquier agente caído en desgracia y sólo implica que no hay forma de suscitar la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia (que el artículo 117 de la Constitución le asegura en forma exclusiva cuando están involucrados representantes de una nación extranjera). (...)

Mientras Ramos Padilla exponía sobre la causa en el Congreso, Prado recibía en la embajada a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich; al fiscal a cargo de la Procuración General, Eduardo Casal; al encargado de terrorismo del Ministerio Público Juan Manuel Olima (que en la portada anterior del Cohete lució con orgullo una gorra de la DEA) y al encargado por la Corte Suprema de las escuchas telefónicas legales, Juan Rodríguez Ponte, “para compartir experiencias sobre el combate contra el crimen transnacional y el terrorismo”.

El Poder Ejecutivo decidió promover el juicio político de Ramos Padilla. Esto mide la hondura de la estocada recibida por la investigación. Podrá abrir la investigación en el Consejo de la Magistratura, designar un instructor y guardar la causa a la espera de que algún miembro del consolidado bloque opositor  se vaya de viaje, para necesitar 8 en vez de 9 votos, que no los tiene. Cuesta imaginar a Miguel Pichetto o Graciela Camaño alineándose con Juan B. Mahiques y Pablo Tonelli para sancionar al juez que expuso la putrefacción del fuero federal. Por no hablar de los radicales. Esta vez el desmarque le toca a Juan Pablo Más Vélez.

Mientras, la causa sigue en disputa entre el titular del juzgado federal de Dolores y el serpentario de Comodoro Py, donde hizo punta en reclamarla Julián Ercolini, el esposo de María Julia Kenny, la ex secretaria del ministro Germán Garavano y actual encargada de prensa del fiscal interino a cargo de la Procuración General de la Nación, Eduardo Casal. Corrido de la relación con la Corte Suprema (donde apenas es el damo de compañía del jefe de gabinete Marcos Peña Braun, quien esta semana visitó a los supremos para hablar de plata, pero según juran todos, no de causas en trámite), Garavano se ha refugiado en el Ministerio Público, donde su palabra sí es escuchada.

Ercolini es el juez que liberó de reproche a los titulares del Grupo Clarín y del diario La Nación por el apoderamiento de Papel Prensa, lo cual le asegura una cobertura favorable vitalicia.

Casal recibió todos los elementos acopiados por Ramos Padilla y acordó con el fiscal Carlos Stornelli que el denunciado haría una “presentación espontánea”. Chas chas en la cola. Ramos Padilla volvió a llamar a indagatoria a Stornelli para el miércoles 20, luego de su faltazo inicial. Stornelli anuncia a quien quiera escucharlo que no concurrirá.

También podría reclamar la causa, pero hasta ahora no parece interesado en hacerlo, el juez federal Luis Rodríguez, quien ya procesó a D’Alessio y ahora citó a indagatoria al fiscal provincial de Mercedes Juan Ignacio Bidone, quien colaboró con D’Alessio en tareas de Inteligencia ilegal. (...)

Desde que recibió el 28 de enero la denuncia de Pedro Etchebest, Ramos Padilla desplegó una actividad jurisdiccional de vértigo, que le permitió adquirir un caudaloso paquete probatorio antes de que Stornelli y sus apoyos políticos en el gobierno nacional y en la corporación judicial pudieran articular una defensa efectiva. 

La contundencia de los elementos colectados y la crisis del gobierno fallido del Presidente Maurizio Macrì demoraron la adopción de un temperamento definido. Recién el viernes 15 decidieron promover el juicio político, más para mostrar actividad que con probabilidades de éxito. 

Ese mismo día, desde la Corte Suprema llamaron a Ramos Padilla, para concretar los tres contratos y un vehículo que el juez había solicitado. Ante una consulta para esta nota, desde la Corte dijeron que la solicitud será concedida. 

En cambio, el Consejo de la Magistratura no respondió aún al pedido de hardware y software que permitan acceder a la documentación secuestrada, en papel y en soporte magnético.

En soledad

La soledad del juez es patética: el Servicio Penitenciario Federal le respondió que no tenía combustible para trasladar a Dolores a un detenido que debía declarar. (...)

Tanto el oficialismo como el Peornismo Conversable se negaron a apoyar la citación a Ramos Padilla para que expusiera sobre sus hallazgos ante la comisión bicameral de supervisión de los organismos de Inteligencia. 

Entre los procesados están dos inorgánicos de la AFI, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, quienes según D’Alessio le encomendaron investigar a Pedro Etchebest. 

Por ese desinterés, Ramos Padilla fue convocado a la Comisión de Libertad de Expresión, que preside el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau. El impacto fue tan fuerte y la crisis interna de Cambiemos es tan profunda, que el senador radical Juan Carlos Marino lo invitó para esta semana a la Comisión Bicameral de Control de los organismos de Inteligencia, que preside. Y no sólo a Ramos Padilla. También al amigo presidencial Gustavo Arribas. No puede descartarse que la presión oficial lo obligue a cancelar la cita.

Mientras, Stornelli raja los tamangos en los pasillos judiciales buscando un pecho fraterno. Pero le cuesta encontrarlo. (...)

El análisis provisorio de la documentación que por pedido del juez realizó la Comisión Bonaerense de la Memoria, presidida por el Premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, menciona una comunicación via WhatsApp de D’Alessio, posterior a la publicación de la denuncia de Etchebest, en la que dice: “Estoy destrozado. Me tendieron una trampa” y “me di cuenta tarde que este tipo era socio de Ricardo Bogoliuk, el hombre que me contrató para hacer la supuesta investigación. Perdí toda la credibilidad en tres días”. Después también perdió la libertad y hoy nadie quiere reconocer que dormía en la misma cama con él. El mismo virus infecta a Macrì, Stornelli y D’Alessio, sólo varían el periodo de incubación y las defensas de cada uno.

No es que se dio cuenta. Lo supo desde siempre. Etchebest compartió una oficina en Puerto Madero con Bogoliuk y con el ahora también procesado Degastaldi, aunque su explicación sobre las razones y acerca de qué hacía cada uno allí son de aquellas que oscurecen, tan vagas que no soportan tres preguntas. D’Alessio estaba en otro piso del mismo edificio y así se conocieron. En sus extensas conversaciones, ambos hacen referencia a un conflicto con “Aníbal” y “Ricardo”, en el que Etchebest habría apoyado a D’Alessio, quien dice que tuvo que traer tres millones de dólares de los Estados Unidos y promete vengarse. No se referían a Aníbal Fernández ni a Ricardo Echegaray, contra quienes D’Alessio operó en otras causas.

Bogoliuk y Degastaldi son dos ex comisarios de la policía bonaerense reclutados por la AFI que, tal como la embajada con D’Alessio, si los ha visto no se acuerda. “La AFI no tiene inorgánicos”, llegó a responder. (...)

Entre los materiales secuestrados en la casa de D’Alessio había dos informes con membrete de la embajada de los Estados Unidos y uno del órgano encargado de la cooperación internacional en el Ministerio de Defensa de Israel, “que contienen información pormenorizada de las personas blanco de las operaciones del imputado D’Alessio. Datos personales, fotografías tomadas mediante acciones en el campo, antecedentes penales, así como también el resultado del análisis de las interceptaciones telefónicas”, según el resumen de la CPM que Ramos Padilla llevó al Congreso. Entre las fojas 27 y 40 (más de una quinta parte del informe) se presenta una operación de Inteligencia sobre empresas de Irán y Venezuela, en la línea del gobierno de Donald Trump. Parte de la operación tuvo lugar en el Uruguay sobre empresas que según D’Alessio constituirían una embajada paralela de la nación persa.

(...) La enigmática frase final (“Si. Le voy a devolver a la mamá”) es un mexicanismo por lo apreté muy duro. Se refiere a un caso de 2016 en el que un grupo narco secuestró a un ingeniero en Totolapan. El pueblo respondió capturando a familiares de los secuestradores y la esposa del ingeniero dijo: “Así como me lo devuelva, le devuelvo a su mamá”.

Al día siguiente le informa a Montoto de la operación con el ex gerente de PDVSA, que será “un espaldarazo para Macrì” y le dice que quiere que sea el primero en saberlo. Montoto lo felicita. Cuando el fiscal le pide la cámara oculta para enchastrar al abogado José María Ubeira (quien fue defensor de Stornelli en una causa por los barrabravas de Boca), D’Alessio le responde que lo hará porque “Mario un día me dijo que te aprecia y eso para mí es más que una instrucción”. Stornelli no se contiene:

—Es mi hermano— dice.

Montoto, que preside la Cámara de Comercio Argentino Israelí, también es íntimo del doctor Glock, el mismo que en 2003 ordenó encarcelar a su antiguo jefe, al que llamaban Pepe cuando él era Pascualito.

Pesos pesado

Stornelli le envía a D’Alessio una nota publicada por el defensor de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi  en la que afirma que las declaraciones de los arrepentidos “fueron producidas por fuera de todos los extremos normativos que regulan el instituto. La prisión preventiva, de modo irregular y arbitrario, habría sido utilizada como elemento extorsivo para producir esas declaraciones. Esto fue confirmado incluso por defensas que denunciaron la utilización de la extorsión como método de ‘confesión’. Muchos ‘arrepentidos’ se arrepienten de ‘arrepentirse’ e incluso han formulado certificaciones ante escribanos dando cuenta que sus declaraciones fueron producto de un accionar ilícito tanto del Juzgado como del Ministerio Público Fiscal. Las declaraciones no fueron grabadas debidamente, por lo que no pueden ser corroboradas. Es más, el propio fiscal reconoció ante la prensa haber modificado las declaraciones, ocultando o no incluyendo información que se habría brindado en las audiencias”.

Rusconi concluye que “algunos de los funcionarios judiciales o del ministerio público que han posibilitado, impulsado, ejecutado, ideado, instigado y ordenado estos dislates violatorios de los derechos humanos más elementales, van a tener que explicar las razones por las cuales han hecho tanto daño al Estado de Derecho de nuestro país, a la convicción republicana de la sociedad y al cuerpo y las almas de aquellos que han recibido castigo penal injustamente”.

Stornelli interpreta que estaban planificando una operación en su contra, pero agrega que “tenemos una vacuna. La sota mostró los pies”.

La vacuna es la cámara oculta, no sólo contra Ubeira sino también contra Javier Landaburu. Según D’Alessio, Stornelli “le quería hacer un daño, en virtud de que tenía la voluntad de efectuar una presentación ante escribano público señalando que Stornelli había coaccionado y agredido verbalmente a Enrique Wagner y Paolo Rocca” en su despacho de la fiscalía.

(...)

Cuatro décadas después, D’Alessio y sus socios, Rodrigo y Gustavo Manuel González, ambos citados ahora a indagatoria por Ramos Padilla, intervinieron en la operación para implicar al ex ministro Aníbal Fernández con la droga durante la campaña electoral de 2015, mientras el efector publicitario de D’Alessio instalaba desde Clarín la existencia de una cuenta fantasma de Máximo Kirchner y Nilda Garré y el fiscal Natalio A. Nisman, financiado por los fondos buitre y la derecha israelí, asociaba al kirchnerismo con Ahmadinejad, via Chávez.

El fiscal general de San Isidro, Julio Novo, renunció en 2015 cuando se aprobó someterlo a juicio político debido a las investigaciones del tenaz fiscal Luis Angelini, quien denunció que su superior había hecho todo lo posible para impedir que esclareciera el doble crimen de Unicenter (lo cual también conduciría a resolver el triple de General Rodríguez). Cuando trascendió que agotados los recursos provinciales, Angelini podría llevar el caso a los tribunales federales, Bidone se presentó a sondearlo. A la Procuradora María Falbo le acuciaba saber que pasaría con su protegido Novo, y con ella misma. Novo está procesado, pero en libertad.

El primer fiscal de la causa Unicenter, Diego Grau, sindicó como autores a Víctor Hugo Ovejero Olmedo, Jorge Daniel Moreyra y Mario Martín López Magallanes. Ovejero propuso como defensor al abogado Gustavo Manuel Gonzalez, y Moreyra y López Magallanes a Rodrigo González. El fiscal Grau los rechazó porque ambos “mantenían con sus asistidos una relación que excedía el marco profesional según dan cuenta las transcripciones de las intervenciones telefónicas”. 

Cuando Angelini solicitó el allanamiento del estudio de los González, ellos se enteraron, pero el allanamiento no fue aceptado por el juez Esteban Rossignoli. Melisa Fernanda Rey (que era la secretaria privada de Novo, pero viajaba con él al exterior) mantuvo “reiteradas comunicaciones telefónicas” con el número del abogado Gustavo Manuel González pero también con el teléfono de la madre del abogado. López Magallanes “se encuentra ligado al triple crimen de General Rodríguez en tanto dueño de la firma Unifarma SA –su abogado es Rodrigo González– e Ibar Esteban Pérez Corradi –cuyo abogado es Carlos A. Broitman– se encuentra prófugo con pedido de captura”, agrega el fiscal federal Fernando Domínguez, que culminó la investigación de Angelini."

Dejá tu comentario