Expropiación de YPF: Cámara de Apelaciones de USA suspende demandas hasta resolver cuestión de fondo

La jueza Loretta Preska resolvió en 2023 que la Argentina le pague al fondo Burford unos US$16 mil millones al reconocerle que la expropiación del 51% de las acciones en la petrolera en 2012 se realizó de forma irregular.

Esa es la medida que el Estado argentino busca revertir ante el tribunal de apelación. En esa cuestión de fondo, los jueces decidirán si confirman, modifican o revocan el fallo de Preska.

El pedido al que hizo lugar la cámara neoyorquina este miércoles fue presentada hace 10 días por la Procuración del Tesoro, que acaba de asumir Sebastián Amerio, un hombre que responde a Santiago Caputo y recientemente fue reemplazado como secretario de Justicia.

El fallo sostiene que la Argentina " presentó una moción para suspender el proceso" de discovery mediante el cual los demandantes buscan "alter egos" del Estado argentino al cual embargar.

"El panel votó a favor de conceder la moción para suspender el proceso de descubrimiento de pruebas posterior a la sentencia y los procedimientos posteriores ante el tribunal de distrito, pendiente la apelación de la sentencia n.° 23-7370, y el panel, de oficio, decidió suspender la apelación n.° 25-2362 hasta la resolución de la apelación de fondo n.° 23-7370. Por lo tanto, se ordena que se conceda la moción", dice el fallo.

"Le están diciendo a las partes que dejen de molestar. De presentar desacatos, acciones, de pedir que se entreguen las acciones. Y a la Argentina (le dice) 'vos dejá de incumplir las órdenes de la jueza'. Todo esto se va a sincerar cuando la cámara concluya la apelación primaria", explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors, en un contacto con LN+.

Maril, que sigue desde Nueva York el avance del juicio, estimó que "lo más probable" es que el fallo de la Cámara "salga antes de lo que todos esperábamos". Arriesgó que puede ser "antes de mitad de año".

No obstante, La Cámara no tiene fecha para decidir.

En la presentación, los abogados de la Argentina habían solicitado la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos (discovery), del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23/04 de 2026.

En su escrito, la República había indicado que la suspensión se encuentra plenamente justificada, ya que existen fundamentos sólidos para revertir la decisión apelada, entre ellos la incorrecta aplicación del derecho argentino y el forum non conveniens.

A este pedido luego se sumó USA con la presentación de un memorándum ante la misma Cámara de Apelaciones en respaldo de la moción de emergencia interpuesta por Argentina.

Para el Departamento de Justicia estadounidense, el discovery resultaba "excesivamente intrusivo" y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad.

Y señaló que este tipo de requerimientos dirigidos contra Estados soberanos podía generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos.

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