Elecciones populares judiciales en México y el narco metiendo su cola

La inédita elección popular del Poder Judicial ocurrió este domingo 1 de junio, pese a tres años de debates y voces encontradas entre quienes apoyaban esta votación directa de jueces y magistrados, y aquellos detractores que aún sostienen que, de esta forma, el narcotráfico podría haber metido sus narices postulando sus candidatos.

Se estima que 100 millones de mexicanos concurrieron a 80 mil urnas desplegadas en todo el país para renovar 2.681 cargos públicos a nivel federal y estatal en 19 entidades de la república, entre los que se destaca la elección popular, también directa, de los nuevos 9 magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

1ra elección directa del Poder Judicial (y Corte Suprema) en México

“La elección histórica del poder judicial del 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanos y mexicanas salieron a ejercer por primera vez en la historia quiénes deben ser los ministros magistrados y jueces”, aseguró la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum (Morena), a través de sus redes sociales.

Sheinbaum dijo a viva voz que “el actual poder judicial ha sido responsable de favorecer a miembros de la delincuencia organizada” y aseguró que está plagado de “nepotismo”.

También aseguró que la jornada electoral del domingo fue “transparente, las campañas austeras y el voto libre”.

“Si quisiéramos cambiar al Poder Judicial para controlarlo, ¿qué sentido tendría hacer una elección universal? Mejor hubiésemos cambiado la Constitución para poner ministros a modo (…) Sí, México es el país más democrático del mundo”, remarcó.

El domingo, la líder de Morena fue una de las primeras en abrir la jornada de votación. Su partido fue el que propuso esta primera elección directa del Poder Judicial en la historia del país, a pesar de los detractores (como organismos internacionales y asociaciones judiciales) que sostienen que de esta manera el crimen organizado infiltra a sus jueces.

"Cada voto cuenta igual, la verdadera democracia. Cambió la vida pública, antes decidían unos cuantos, hoy decide el pueblo ejerciendo uno de sus derechos constitucionales fundamentales, el de participar en su destino", mencionó horas después de emitir su voto.

Los polémicos candidatos: un juez acusado de abuso, el "fiscal del terror" y la abogada del Chapo

Silvia Delgado, una de las actuales candidatas a jueza en México que no tiene experiencia como magistrada, formó parte en 2016 de la defensa legal del temido capo narco Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La aspirante a jueza penal para el estado de Chihuahua ha defendido, en más de una oportunidad, con uñas y dientes al capo narco que cumple condena en Estados Unidos. De hecho, en un documental realizado por la cadena alemana DW sobre los abogados de los cárteles de la droga en México y Colombia, Delgado asegura que la condena “fue una farsa”, pese al tendal de pruebas del derramamiento de sangre y de todos los crímenes que lideró el capo.

Pero ella no sería la única aspirante al Poder Judicial con un historial controvertido o con nexos con el crimen organizado, ya que, en las últimas semanas, según filtró la organización civil Defensorxs –que ha venido localizando candidatos no aptos para ocupar un escaño público– otros magistrados o jueces que podrían coronarse de gloria tras la elección popular están manchados de sangre o de escándalos.

Ese es el caso de Francisco Herrera Franco, candidato a juez en materia penal en Michoacán, quien fue fiscal regional de Estado y fue señalado por vínculos con el asesinato de dos periodistas del portal Monitor Michoacán: Roberto Toledo, en enero de 2022, y Armando Linares, director del medio, dos meses después.

Tales periodistas acribillados por el crimen organizado habían estado recibiendo amenazas de muerte por sus investigaciones sobre la corrupción del fiscal Herrera Franco

En ese sentido, un comunicado conjunto firmado por ocho organizaciones, entre ellas Artículo 19, denuncian que Herrera Franco, apodado el “fiscal del terror”, cuenta con un historial de “violaciones a derechos humanos, cooptación institucional y presunto pacto con grupos criminales”.

Esto último salió a la luz tras la filtración de una grabación en la que se lo escucha colaborando con un líder del crimen organizado en el oriente del Estado, Edwin Rivera Padilla, conocido como El Barbas.

Del mismo modo, en un vídeo difundido en Facebook y recogido por la prensa en 2021, un representante de las poblaciones mazahuas (pueblo originario) lo acusó de presionar a su comunidad para integrarse en uno de los cárteles que operan en la zona de Michoacán.

“Acabamos de enterarnos de que está del lado de un cártel, y que llega a instruir a nuestro pueblo a que se integre a un bando. Señor fiscal, asuma su responsabilidad como funcionario”, le increpa, y luego advierte: “Espero que no por haber hablado aquí nos pase lo que les pasó a los de Ayotzinapa. Ya no puede uno hablar, porque luego el funcionario que lo debe cuidar a uno es el que lo manda desaparecer. En su cara se lo decimos: si no va a trabajar, renuncie”.

Por todo este prontuario, las organizaciones civiles exigieron a viva voz al INE y al Tribunal Electoral que revisaran su candidatura, y pidieron a la Fiscalía federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que lo investiguen por los asesinatos de los dos periodistas. Sin embargo, no fue retirado de la boleta y aún puede convertirse en juez del estado.

“Estamos no solo molestos, sino preocupados por el trabajo que estamos haciendo. Las autoridades no lo hicieron y ahora nos pasan este trabajo y nos ponen en riesgo”, lamenta Miguel Meza, fundador de Defensorxs.

Hemos impugnado estas candidaturas, pero el Tribunal Electoral dijo que no era el momento...porque si abren esa puerta van a tener que invalidar muchas más Hemos impugnado estas candidaturas, pero el Tribunal Electoral dijo que no era el momento...porque si abren esa puerta van a tener que invalidar muchas más

Pero además de los jueces involucrados con el narcotráfico, hay al menos dos que están acusados de abuso sexual. Se trata de Francisco Martín Hernández Zaragoza, actual candidato a magistrado de circuito en materia penal en Jalisco, quien fue destituido en 2015 como juez penal del estado por una denuncia de abuso y acoso sexual presentada en 2013 por una trabajadora del Poder Judicial.

Lo mismo ocurre con Edgar Rodríguez Beiza, también candidato —como Hernández Zaragoza— a magistrado penal en Jalisco, quien fue acusado de abuso sexual en 2017 por una alumna del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

A Francisco Martín Hernández Zaragoza lo removieron del puesto por abusador, pero ahora puede volver a ostentar el cargo de juez por las elecciones del domingo. Algo parecido ocurre con Edgar Rodríguez Beiza, ya que en 2019 la víctima le otorgó un perdón que cerró la carpeta judicial.

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