Donald Trump, el populista: Impeachment a todos los "jueces opositores"

Este martes (18/03) el presidente solicitó a a través de Truth Social el impeachment al juez James Boasberg , el magistrado con sede en Washington D. C, nombrado por Barack Obama que intentó impedir la deportación de los pandilleros, y para otros magistrados “corruptos ante los que me veo obligado a comparecer”.

Si bien aliados del presidente, como Elon Musk, han reiterado que los jueces que fallan en su contra deberían ser sometidos a un juicio político por ser parte de la "tiranía del poder judicial", esta parece ser la primera vez que el Trump respalda públicamente tales peticiones.

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Las deportaciones de venezolanos pandilleros en el centro del debate en USA.

"Este juez, lunático de la izquierda radical, alborotador y agitador, tristemente nombrado por Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente. No ganó el voto popular (¡por mucho!), no ganó los siete estados clave, sí ganó 2750 condados frente a 525. ¡No ganó nada! Gané por muchas razones, con un mandato abrumador, pero la lucha contra la inmigración ilegal pudo haber sido la principal razón de esta histórica victoria. Solo hago lo que los votantes querían que hiciera. Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser sometido a juicio político! NO QUEREMOS CRIMINALES VIOLENTOS, DESCONTROLADOS Y DEMENTES, MUCHOS DE ELLOS ASESINOS TRASTORNOS, EN NUESTRO PAÍS. ¡¡¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!!!", manifestó Trump.

Así Trump recrudece su ofensiva contra aquellos que bloquean su agenda, particularmente en temas clave como la inmigración ilegal.

El gobierno de Trump fue acusado de violar la orden de un juez Boasberg , al deportar a unos 250 presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador.

Trump vs justicia por inmigración

Los jueces en USA han intentado frenar algunos de los esfuerzos de Trump y Elon Musk en otro tema crucial de su agenda: desburocratizar el país a través de DOGE. Varios jueces alegan que han infringido la autoridad presupuestaria del Congreso y las leyes que rigen la contratación y el despido de empleados federales.

Si bien la administración argumenta que ha cumplido escrupulosamente las órdenes, aunque no sin atacar públicamente a los jueces que fallaron en su contra, está en la mira por su enfoque de "primero se toman decisiones y luego se busca una defensa legal".

El gobierno de Trump enfrenta un plazo hasta el mediodía de este martes para proporcionar detalles sobre 3 aviones llenos de venezolanos que deportó. La fiscal general Pam Bondi declaró que la Casa Blanca esperaba firmemente, de todas maneras, continuar con vuelos de deportación similares.

Según la administración, los más de 200 inmigrantes indocumentados trasladados a El Salvador son “terroristas” que pertenecen al Tren de Aragua, una pandilla venezolana, a pesar de que los familiares de algunos de los venezolanos deportados insistieron en que sus parientes no pertenecían a ninguna pandilla.

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Donald Trump no se olvida de las vergonzosas comparecencias en los tribunales.

El gobierno sostiene la posición de que los tribunales federales en su conjunto carecen de jurisdicción sobre su ejercicio de un “poder de guerra” (Ley de Enemigos Extranjeros). Además, negó las acusaciones de que incurrió en una "flagrante violación" y afirmó que los aviones ya habían partido cuando se emitió.

Analistas sostienen que este último enfrentamiento entre Trump y el poder judicial podría desencadenar una crisis constitucional sin precedentes en Estados Unidos que pone a prueba el principio de separación de poderes, uno de los pilares del sistema político estadounidense.

Varios jueces afirmaron que el Servicio de Alguaciles de USA, organismo encargado de la seguridad judicial, les ha informado, verbalmente o por escrito, sobre un entorno de mayor amenaza en las últimas semanas. Los alguaciles también analizaron las medidas de seguridad, según los jueces, incluyendo búsquedas periódicas de publicaciones amenazantes en línea, según supo The Guardian.

El Colegio de Abogados de Estados Unidos emitió un comunicado el lunes denunciando la actual ola de agresiones verbales y amenazas contra jueces. La Asociación Federal de Jueces declaró a sus 1100 miembros el martes por la noche que “la violencia, la intimidación y el desafío continuos dirigidos a los jueces simplemente por el hecho de que cumplen con sus deberes judiciales jurados ponen en riesgo el colapso del Estado de derecho”.

Por esta creciente ofensiva contra la justicia, el gobierno de Trump tiene desencuentros con ultraconservadores institucionalistas, claves dentro de la Cámara de Representantes, e incluso, a veces, con medios republicanos como The New York Post.

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