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EL PELIGRO

La CGT espera un fondo especial para las obras sociales

Tras el millonario recorte de Sergio Massa, en la CGT esperan un DNU para solventar a las obras sociales, ante un sistema de salud sindical "en severo riesgo".

La CGT espera una respuesta por parte del Gobierno en relación a la creación de un fondo especial para que las obras sociales sindicales solventen las prestaciones a personas con discapacidad. "Lo más urgente es ver cómo cerramos este año en cuanto a esos servicios, pero necesitamos una solución pronta para 2023", remarcaron desde Azopardo, tras el ajuste de gastos dispuesto por Sergio Massa, por el cual girarán a las prestadoras sindicales solo $1.500 millones hasta fin de año, lo que implica un recorte de más de $10.000 millones sobre las transferencias previstas.

El borrador que elaboraron es para la creación de un Fondo Nacional para la Cobertura de las Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad (FNAPD) en base al cual esperan que la Casa Rosada elabore un DNU El borrador que elaboraron es para la creación de un Fondo Nacional para la Cobertura de las Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad (FNAPD) en base al cual esperan que la Casa Rosada elabore un DNU

Los cegetistas vienen alertando que a consecuencia de la pandemia como también del incremento sostenido de precios, el costo de todas las prestaciones de sus obras sociales crecieron exponencialmente, pero en el caso de la atención a personas con discapacidad la suba fue mayor.

Dentro de esas prestaciones, "sólo en los rubros de educación y transporte deben pagar $10.000.000.000 por mes". Con cálculo simple para diciembre el déficit financiero de las obras sociales llegará a $50.000 millones.

Tras el ajuste de Massa, se encendió la alarma generalizada entre los gremios: es que la cifra de transferencias comprometida para los próximos cuatro meses representa apenas el 10% de los recursos mensuales promedio que recibieron sus prestadoras hasta agosto.

"Con esta decisión el sistema va a explotar, no aguanta", advirtió la semana pasada uno de los principales referentes de la central obrera al tiempo que otro dirigente advirtió que sin la garantía de partidas presupuestarias que financien el déficit del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que según las estimaciones de la CGT alcanzará este año a más de $ 50.000 millones, será "insostenible" el sistema. "No hay margen para garantizar los servicios con este recorte", aseguró.

La atención de salud desde las estructuras gremiales ya fue motivo de malestares contra el actual Gobierno, incluso hubo dirigentes gremiales que señalaron que había que "entregar las llaves de las obras sociales y que se hagan cargo". El efecto Covid y los desacoples de la economía que no se atenuaron con los datos de inflación a la vista vuelven a encender alertas sindicales ya que estima que "el sistema de salud está en sumo riesgo".

En el proyecto que elaboró la CGT con la participación de asesores y especialistas la creación del FNAPC de acuerdo a la ley 24.901, en base a recursos provenientes del Tesoro de la Nación. Incluso en el texto abre la alternativa de ·incorporarse recursos de otras fuentes de financiamiento creadas o que se creen a tal efecto".

Dentro del articulado también refieren que dichos fondos "estarán destinados, inicialmente, a garantizar la cobertura integral de las prestaciones identificadas en el Anexo I que forma parte integrante del presente, a las personas con discapacidad incluidas en los incisos a) y e) del artículo 7° de la ley 24.901". El enunciado de dicha norma contempla el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad.

En el borrador cegetista también se hace referencia que los aportes del FNAPC no podrán determinar o incidir para la reducción o limitación de prestaciones ya contempladas en la normativa.

A tal efecto la definición de servicios a los que serán destinados los fondos quedará a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que se constituye en la entidad de aplicación, también la regulación para los nuevos recursos extraordinarios se establecerá en forma progresiva.

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Tras el ajuste de gastos dispuesto por Sergio Massa, buscan sellar la paz sindical.

Tras el ajuste de gastos dispuesto por Sergio Massa, buscan sellar la paz sindical.

Advertencia

Por su parte, prestadores, personas con discapacidad y familiares denuncian desde hace tiempo que las obras sociales no están pagando a los profesionales el costo de las terapias. La deuda lleva meses y en algunos casos todo lo que va del año.

Las obras sociales no dan respuesta alguna y atribuyen el incumplimiento a que Nación no gira los fondos. Y la situación se agrava más en las provincias del interior y empeora para aquellos que trabajan con obras sociales estatales.

Ante este desamparo y falta de respuesta hoy lunes 29 de agosto, habrá una movilización en Plaza de Mayo, que se replicará en los puntos centrales de las principales ciudades Ante este desamparo y falta de respuesta hoy lunes 29 de agosto, habrá una movilización en Plaza de Mayo, que se replicará en los puntos centrales de las principales ciudades

Por medio de un comunicado, difundido a nivel nacional, los prestadores alertaron que el gobierno nacional ajustará en dos áreas sensibles, como salud y educación. "El ajuste total anunciado es por $210.000 millones, de los cuales $50.000 millones corresponden a educación y $10.000 millones a Salud", advirtieron.

Pero el escenario se torna aún más oscuro ante la presión de las obras sociales para que salga el DNU para que las prestaciones educativas dejen de depender de ellas. "De efectivizarse esto complicaría todo un sistema, donde los niños con discapacidad precisan de transporte y acompañantes terapéuticos en el aula", afirman.

"El Estado va a salir en rescate de las burocracias sindicales que administran las cajas de las obras sociales y van a salir de la órbita de la Superintendencia y de las obras sociales y van a entrar las prestaciones educativas, las prestaciones de transporte, de alimentación, de centros, van a pasar bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad que tiene financiamiento directo del Tesoro Nacional (…) el Estado le daría este guiño a las obras sociales para que las burocracias que las administran se queden quietas", advirtió Jazmín Kinder, psicopedagoga y docente de Apoyo a la Inclusión y referente de Prestadores Precarizados en Salud y Educación, a un medio de Misiones.

Tensión en el sindicalismo

Tras el ajuste, se supo también que Sergio Massa les devolvería a las obras sociales unos $21.000 millones hasta fines de año para descomprimir la tensión con el sindicalismo, que le advirtió ya que "el sistema de obras sociales está al borde de la quiebra" luego del ajuste que iba a determinar que desde octubre no quedara dinero en la Superintendencia de Servicios de Salud para compensar los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos.

De esta manera, el Ministerio de Economía inyectará a razón de 5.250 millones de pesos por mes, entre septiembre y diciembre, al FSR, donde confluyen los aportes de trabajadores y empresarios para financiar los reintegros de las prestaciones de salud.

Aunque, afirman que Economía quiere archivar la idea del DNU por el que presiona la CGT y, en cambio, propondrá que se incorpore en el Presupuesto 2023 una partida especial para que las prestaciones por discapacidad sean financiadas por el Estado Aunque, afirman que Economía quiere archivar la idea del DNU por el que presiona la CGT y, en cambio, propondrá que se incorpore en el Presupuesto 2023 una partida especial para que las prestaciones por discapacidad sean financiadas por el Estado

Por la paz en la CGT

Dicen también que Sergio Massa se guarda otro as en la manga para calmar a la dirigencia cegetista: está negociando contra reloj la prórroga del decreto 300, que vence el 31 de agosto y que desde la pandemia estableció beneficios impositivos y previsionales para las empresas de salud, como la reducción del 95% de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Ahora, el Ministerio de Economía busca que esa rebaja se limite ahora al 75%. Las prestadoras de salud y las prepagas ya dijeron que les resulta insuficiente. La norma también representa un alivio para las obras sociales que tengan clínicas y sanatorios propios.

Sabido es que el ministro necesita pacificar el frente sindical antes de septiembre, cuando iniciará su gira por los Estados Unidos para negociar la revisión de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El viernes pasado le habría comunicado por teléfono a la CGT lo que propone hacer para auxiliar a las obras sociales... y alcanzar la paz sindical.

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