Boletín Oficial: Fuerte impulso a la digitalización del control financiero y reconfiguración clave en el sector energético
El Boletín de hoy refleja un Gobierno que, aunque mantiene la emergencia en áreas críticas (Energía), está moviendo el aparato administrativo hacia una burocracia digital punitiva (UIF) y una planificación de asistencia social de largo alcance (hasta 2028), buscando despejar la incertidumbre política de corto plazo.
Veamos los puntos más importantes:
1. Prevención de Lavado: Digitalización Total (UIF)
La Resolución 37/2026 de la Unidad de Información Financiera es, quizás, el punto de mayor impacto para el sector corporativo y profesional.
Se establece un nuevo esquema de registración para todos los Sujetos Obligados (bancos, escribanos, inmobiliarias, etc.). La inscripción y presentación de documentación respaldatoria será 100% digital a través del sistema SRO+.
El Estado busca eliminar el papel para agilizar la trazabilidad y la validación de perfiles de cumplimiento.
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Régimen Sancionatorio: Se activan bloqueos automáticos del sistema para quienes no subsanen observaciones en 15 días hábiles. Esto impide la operatoria normal de reportes, dejando a la entidad en una situación de irregularidad legal inmediata.
Domicilio Electrónico: El correo declarado tiene carácter de domicilio constituido; ya no hay excusas por "no recepción" de notificaciones.
2. Energía: Reconfiguración del Transporte de Gas
A través de la Resolución 409/2026, el ENARGAS interviene en la logística del sistema energético.
En el contexto de la emergencia energética prorrogada, se establecen nuevas pautas para la reconfiguración del sistema de transporte de gas natural.
Esta medida apunta a optimizar la infraestructura existente para garantizar el abastecimiento invernal, priorizando la eficiencia en los nodos de transporte ante la volatilidad de los costos de importación y la producción local.
3. Política Social: Extensión del Acompañamiento
El Ministerio de Capital Humano, mediante la Resolución 90/2026, tomó una decisión de peso para la contención social.
Se extiende la vigencia del Programa de Acompañamiento Social hasta el año 2028.
El Gobierno busca dar previsibilidad a los sectores vulnerables por 48 meses más, pero ajustando las condiciones para mejorar la "focalización", lo que implica auditorías más estrictas para evitar intermediaciones.
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