Proponen legalizar la marihuana en Argentina: Autocultivo, venta libre y amnistía para condenados

La iniciativa, impulsada por los diputados nacionales Nicolás del Caño y Myriam Bregman, propone convertir al cannabis, sus semillas y todos sus derivados en sustancias de uso legal en todo el territorio argentino. El texto habilita desde el cultivo y el autocultivo hasta la comercialización, distribución, tenencia y consumo.

La propuesta también contempla la creación de clubes sociales de cannabis, la venta libre bajo regulación estatal y hasta una amnistía para personas condenadas o procesadas por consumo, autocultivo o narcomenudeo vinculado a marihuana.

Qué dice el proyecto para legalizar la marihuana

El artículo central del proyecto establece que el cannabis será considerado una sustancia legal para:

• Plantación y cultivo
• Cosecha y producción
• Almacenamiento
• Comercialización y distribución
• Adquisición y tenencia
• Consumo recreativo y medicinal

Además, se habilita la venta libre de productos derivados del cannabis en todo el país. En el caso de exportaciones, la autorización quedaría bajo control del Ministerio de Salud de la Nación.

La iniciativa también le da un rol clave a la ANMAT, organismo que tendría la facultad de autorizar, registrar y fiscalizar los productos elaborados con cannabis destinados a la comercialización.

Sin embargo, el proyecto aclara que el autocultivo individual o colectivo para consumo personal no tendría ningún tipo de control estatal.

Clubes cannábicos y acceso gratuito medicinal

Uno de los puntos más novedosos del texto es la autorización de clubes sociales de cannabis sin fines de lucro.

Según el proyecto, estos espacios podrían funcionar únicamente para garantizar el acceso de usuarios mayores de edad al cannabis, semillas y derivados. Además, no podrían tener vínculos económicos ni funcionales con empresas privadas, entidades religiosas u otras organizaciones.

En paralelo, la iniciativa busca ampliar el acceso al cannabis medicinal. Para eso propone incorporar automáticamente al programa previsto en la Ley 27.350 a todas las personas que tengan indicación médica de uso terapéutico, medicinal o paliativo.

El objetivo es garantizar la provisión gratuita del cannabis medicinal para quienes lo necesiten.

Prohibiciones y restricciones sobre la marihuna

Aunque plantea una legalización amplia, el proyecto también fija límites.

Por ejemplo, prohíbe la comercialización de cannabis recreativo en:

• Escuelas y establecimientos educativos
• Hospitales y centros de salud
• Oficinas y edificios públicos
• Transporte público
• Museos, clubes, cines, teatros y estadios

También se prohíbe fumar cannabis en los mismos espacios donde hoy está restringido fumar tabaco por la Ley 26.687.

A eso se suma otra limitación importante: la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio de productos elaborados con cannabis, excepto aquellos destinados a fines medicinales.

Las empresas tampoco podrían auspiciar eventos públicos ni promocionar marcas relacionadas con cannabis.

Amnistía para condenados y procesados

Uno de los capítulos más controvertidos del proyecto establece una amnistía general para personas denunciadas, procesadas o condenadas por:

• Narcomenudeo de cannabis
• Consumo
• Autocultivo individual
• Cultivo colectivo
• Tenencia de derivados de cannabis

La medida implicaría la extinción de las penas y acciones penales, además de la eliminación de registros públicos vinculados a esas causas.

Los fundamentos: críticas al prohibicionismo y a la “guerra contra las drogas”

En los fundamentos del proyecto, los autores hacen una fuerte crítica a las políticas prohibicionistas implementadas durante décadas tanto en Argentina como en otros países.

El texto sostiene que la ilegalización del cannabis comenzó a consolidarse en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX y que luego se expandió a nivel mundial a partir de la Convención Única sobre Estupefacientes de Naciones Unidas de 1961.

Según los diputados, la llamada “guerra contra las drogas” no logró reducir el consumo y, en cambio, favoreció la criminalización de usuarios y cultivadores.

Además, afirman que la prohibición fortaleció al narcotráfico, incrementó la violencia y agravó problemas sanitarios vinculados al consumo de sustancias adulteradas en mercados ilegales.

En ese marco, el proyecto cuestiona duramente la actual Ley de Estupefacientes argentina, la 23.737, al considerar que profundizó la persecución sobre sectores jóvenes y populares sin resolver el problema del narcotráfico.

Críticas al Gobierno y al cierre de ARICCAME

Los autores también apuntan contra el Gobierno nacional por las dificultades que existen actualmente para acceder al cannabis medicinal.

En los fundamentos mencionan las denuncias por trabas en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) y cuestionan la implementación de la Ley 27.350.

Además, critican el cierre de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), dispuesto por la gestión de La Libertad Avanza.

Qué pasa en otros países

El proyecto también pone como ejemplo la situación internacional y señala que distintos países avanzaron en la despenalización o legalización parcial o total del cannabis.

Entre ellos menciona a:

• Uruguay
• Colombia
• Chile
• Canadá
• Países Bajos
• Israel
• Australia
• Algunos estados de Estados Unidos

Los diputados sostienen que la regulación estatal permitiría debilitar el negocio ilegal del narcotráfico, garantizar controles sanitarios y reducir la criminalización de consumidores.

Educación, prevención y reducción de daños

Otro de los ejes del proyecto apunta a la implementación de campañas públicas de educación y concientización sobre el uso medicinal y recreativo del cannabis.

El Poder Ejecutivo debería desarrollar políticas de prevención del consumo problemático y programas de reducción de daños.

Además, se propone impulsar investigaciones científicas e industriales sobre cannabis mediante convenios con universidades nacionales y organizaciones civiles.

Cómo seguiría el proyecto

La iniciativa establece que, en caso de aprobarse, la ley entraría en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial y el Poder Ejecutivo tendría 60 días para reglamentarla.

También invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la normativa nacional.

Pese a que propuestas similares fueron presentadas anteriormente desde 2018, hasta el momento ninguna logró avanzar en el Congreso.

El proyecto completo a continuación:

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