El Ejecutivo lanza la regularización de inmigrantes en medio de críticas de PP y Vox y con advertencias de Extranjería por la carga administrativa.
El Gobierno de Pedro Sánchez avanza con la regularización de inmigrantes mientras crece la tensión política y administrativa en torno al proceso.
AFP La política migratoria vuelve a situarse en el centro del debate en España. Mientras el presidente Pedro Sánchez celebra la aprobación del real decreto que abre el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, el inicio de la medida quedó marcado por un conflicto inesperado dentro de la propia administración.
El Consejo de Ministros aprobará este martes la norma que permitirá iniciar el procedimiento para regularizar a cientos de miles de personas que viven actualmente en situación irregular en el país. Desde el Gobierno defienden la decisión como un “acto de justicia” y como una forma de reconocer una realidad ya instalada en la economía española.
Los datos del propio Ejecutivo refuerzan ese argumento. Según las últimas cifras de la Seguridad Social, España alcanzó un récord de empleo con 21,8 millones de trabajadores, de los cuales 3.151.563 son extranjeros, lo que representa el 14,4% del total del mercado laboral. Sectores como la hostelería, la agricultura, la construcción o el transporte dependen cada vez más de esta mano de obra para sostener su crecimiento.
Sin embargo, mientras el Gobierno presenta la regularización como una medida necesaria para ordenar el mercado laboral, la decisión vuelve a alimentar el debate político. PP y Vox llevan meses criticando las políticas migratorias del oficialismo, en un contexto en el que las encuestas sitúan al Partido Popular por delante del PSOE en intención de voto.
En ese escenario de tensión política apareció un nuevo frente inesperado: el sindicato Comisiones Obreras anunció la convocatoria de una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería, precisamente los organismos que deberán recibir y tramitar gran parte de las solicitudes del proceso.
Según informó el diario El País, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) convocó una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería a partir del 20 de abril, justo cuando comenzará el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno. El paro afectará a los trabajadores de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en todo el país, que son quienes reciben y canalizan buena parte de los expedientes migratorios.
El conflicto laboral, sin embargo, no es nuevo. Desde hace años los trabajadores de estas oficinas denuncian falta de personal, sobrecarga de trabajo y retrasos estructurales en la tramitación de expedientes. A esos problemas se suman ahora reclamos concretos del sindicato, como la revisión de la relación de puestos de trabajo, la equiparación salarial, el reconocimiento efectivo de la productividad y la creación de más puestos de atención al público en jornada continuada, además de planes de formación para los funcionarios.
Parte de esa presión también se explica por el propio funcionamiento del sistema administrativo. Las oficinas de Extranjería dependen del Ministerio de Política Territorial, pero el proceso de regularización involucra a varios organismos del Estado. Las solicitudes pueden presentarse en estas oficinas, pero también a través de Correos o en dependencias de la Seguridad Social, mientras que la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), vinculada al Ministerio de Migraciones, es la encargada de analizarlas y resolver cada caso. Esta estructura, repartida entre distintos organismos, suele generar demoras y mayor carga de trabajo para los funcionarios.
La convocatoria llega en un momento especialmente delicado para el sistema administrativo. Según estimaciones del propio Gobierno, el proceso de regularización podría generar entre 500.000 y 750.000 solicitudes, que deberán presentarse antes del 30 de junio. Las oficinas de Extranjería serán uno de los principales puntos de recepción de esos expedientes, lo que anticipa un fuerte aumento de la carga de trabajo en los próximos meses.
El problema es que el sistema ya arrastra retrasos importantes. A finales de 2025, las oficinas acumulaban cerca de 180.000 expedientes pendientes dentro de los procedimientos ordinarios de extranjería. En ese contexto, una huelga prolongada podría ralentizar aún más el proceso extraordinario que el Gobierno intenta poner en marcha, justo en el momento en que el Ejecutivo busca mostrar la regularización como uno de los pilares de su política migratoria.
La regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno no solo tiene un impacto administrativo o económico. También se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate político español en los últimos meses, con el tema migratorio ocupando buena parte de la discusión tanto en el Congreso de los Diputados como en el tablero electoral.
Desde el Ejecutivo defienden la medida como una forma de ordenar el mercado laboral y reconocer una realidad social ya instalada en el país, especialmente en sectores como la hostelería, la agricultura, la construcción o el transporte. En estas actividades, la mano de obra inmigrante se ha vuelto cada vez más relevante para sostener la actividad económica, ocupando puestos que muchas empresas aseguran tener dificultades para cubrir con trabajadores españoles.
Sin embargo, desde la oposición la lectura es muy distinta. PP y Vox llevan meses criticando la política migratoria del PSOE, argumentando que la regularización puede tener efectos tanto en el mercado laboral como en el equilibrio político del país. Desde la derecha, y en particular desde Vox, dirigentes como Santiago Abascal han sostenido que este tipo de medidas pueden terminar ‘restando oportunidades laborales a los españoles’.
Pero el argumento político va más allá del mercado de trabajo. Desde estos sectores también sostienen que la regularización es el primer paso de un proceso que, con los años, puede derivar en nacionalizaciones y en la incorporación de nuevos votantes al padrón electoral, lo que, según ese análisis, podría terminar beneficiando electoralmente a la izquierda en el largo plazo.
En ese marco, cada episodio que expone tensiones dentro del propio sistema administrativo, como la huelga convocada en Extranjería, alimenta el relato opositor de que el modelo migratorio impulsado por el Ejecutivo presenta debilidades estructurales.
El trasfondo electoral explica parte de la intensidad del debate. Las últimas encuestas sitúan al Partido Popular al frente de la intención de voto con un 31,1%, seguido por el PSOE con el 28,6%, mientras Vox se mantiene como tercera fuerza con el 18,7%. Con las elecciones generales de 2027 ya en el horizonte, la cuestión migratoria empieza a consolidarse como uno de los temas que marcarán el pulso político en los próximos años.
--------------
El caso Begoña Gómez escala: el juez Peinado la procesa y abre un choque con Moncloa
Carambola dominical: Perdieron Viktor Orban, Donald Trump, Vladimir Putin y Javier Milei
El PAMI, después del fin del impuesto País, y el dilema de las clínicas 'pamidependientes'
Por 4ta vez, Keiko Fujimori disputará un balotaje: será frente a López Aliaga
Franco Colapinto recibió un mensaje de Alpine que lo dejó helado