El juez Juan Carlos Peinado procesa a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por cuatro delitos y archiva el intrusismo. Moncloa critica el fallo.
Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, fue procesada por el juez Juan Carlos Peinado por cuatro delitos en una causa vinculada a su actividad en la Universidad Complutense.
La política española vuelve a girar alrededor de La Moncloa. Mientras el presidente Pedro Sánchez se encuentra de viaje oficial en China, una nueva decisión judicial vuelve a colocar al Gobierno en el centro de la polémica. El juez Juan Carlos Peinado decidió procesar a Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, por cuatro delitos vinculados a su actividad profesional, en una causa que desde hace meses alimenta el debate político en España.
La resolución llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo. En paralelo al desarrollo del llamado caso Begoña, el Gobierno arrastra todavía el impacto del caso Koldo, cuyo proceso judicial sigue avanzando y mantiene bajo escrutinio la trama de presuntas comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia. A ese escenario se sumó también el ruido político que generó la investigación sobre el rescate de Air Europa en 2020. Aunque esa línea terminó archivada por la Audiencia Provincial de Madrid dentro de la causa sobre Gómez, el episodio dejó instalado un clima de sospecha que la oposición continúa utilizando en el debate político.
El contexto no es menor. Con las próximas elecciones en el horizonte y con varias encuestas que sitúan al Partido Popular por delante del PSOE en intención de voto, el Ejecutivo enfrenta una agenda política marcada por frentes judiciales y presión mediática. En ese escenario, cada decisión judicial vinculada al entorno del presidente adquiere una dimensión política que trasciende lo estrictamente jurídico.
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, decidió procesar a Begoña Gómez por cuatro delitos y dejar la causa a un paso de la apertura de juicio oral. La resolución considera que existen indicios suficientes para investigarla por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
El magistrado también acordó continuar el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora en Moncloa vinculada al entorno de Gómez, y contra el empresario Juan Carlos Barrabés, que habría participado en algunas de las iniciativas investigadas.
En su resolución, el juez otorga cinco días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral o presenten las conclusiones que consideren oportunas. En caso de que el proceso avance a esa fase, el procedimiento se celebraría ante un jurado popular, una posibilidad que ya había sido anticipada durante las últimas diligencias de la causa.
La decisión judicial también introduce un matiz relevante. El magistrado decidió archivar el delito de intrusismo profesional, una de las acusaciones que se investigaban hasta ahora. Según la resolución, los indicios sobre ese punto se apoyaban únicamente en un informe de una asociación de carácter privado, considerado insuficiente para sostener la acusación.
La investigación se centra principalmente en la actividad de Gómez en torno a una cátedra extraordinaria vinculada a la Universidad Complutense de Madrid, que codirigía. Según el juez, la esposa del presidente habría participado en la captación de fondos privados de grandes empresas para financiar proyectos asociados a esa iniciativa académica.
El punto bajo sospecha no es la financiación en sí, sino si algunas de esas compañías pudieron obtener interlocuciones institucionales privilegiadas o ventajas en su relación con la administración pública gracias a la posición de Gómez como esposa del presidente del Gobierno. En ese marco también se investiga el papel del empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado a proyectos tecnológicos relacionados con la cátedra y que, según el juez, habría mantenido una relación de colaboración con ese entorno.
Según revelaron fuentes allegadas al diario El País, uno de los puntos que más malestar generó en el Gobierno fue una reflexión incluida por Peinado dentro de su resolución. Al analizar el presunto delito de tráfico de influencias, el magistrado sostuvo que situaciones como la investigada “parecen más propias de regímenes absolutistas”, una comparación que en Moncloa fue interpretada como un ataque político.
Ese pasaje del documento provocó incomodidad en el entorno del presidente Sánchez, donde consideran que ese tipo de valoraciones exceden el marco estrictamente jurídico de la causa, al que el juez debería ceñirse. Desde el Ejecutivo también deslizaron malestar por el momento elegido para difundir la resolución, ya que coincide con el viaje oficial que el jefe del Gobierno realiza a China, donde tiene previsto reunirse con el presidente Xi Jinping. En La Moncloa interpretan esa coincidencia como una circunstancia políticamente sensible.
La investigación que ahora avanza hacia una posible apertura oral se inició en abril de 2024, tras una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. Con el paso de los meses, el procedimiento se amplió a partir de nuevas querellas impulsadas por Hazte Oír y Vox, lo que terminó consolidando la causa que hoy mantiene bajo investigación a la esposa del presidente.
Una de las derivaciones más comentadas del llamado caso Begoña fue la investigación sobre el rescate de Air Europa durante la pandemia. Sin embargo, esa línea terminó quedando fuera del procedimiento judicial que ahora avanza contra la esposa del presidente.
La polémica surgió cuando distintas informaciones y declaraciones apuntaron a una posible mediación de Begoña Gómez en el proceso mediante el cual la aerolínea recibió ayudas públicas en 2020 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ese rescate permitió a Air Europa acceder a financiación estatal en plena crisis del transporte aéreo provocada por la pandemia.
En el marco de la causa, el juez Peinado llegó a solicitar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizara si existía alguna relación entre ese rescate y el entorno de Gómez. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid anuló en noviembre de 2024 esa línea de investigación al estimar parcialmente el recurso presentado por la defensa de la esposa del presidente.
El tribunal consideró que ese episodio no guardaba relación directa con el objeto principal del procedimiento, centrado en la actividad de Gómez en torno a la cátedra vinculada a la Complutense y la relación con empresas privadas. Por ese motivo, la investigación sobre la aerolínea quedó finalmente fuera del caso.
Con el procesamiento ya dictado, la causa entra ahora en una nueva etapa judicial. En los próximos días las partes deberán pronunciarse, mientras el caso sigue alimentando el debate político en torno al Gobierno de Sánchez en un momento especialmente sensible para el Ejecutivo.
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