Privatización de Aysa: El Gobierno prevé vender el 90% de la compañía en 8 meses

La medida ratifica la hoja de ruta iniciada en julio, cuando el Ejecutivo formalizó su decisión de transferir al sector privado el 90% del capital accionario de AySA, actualmente en manos del Tesoro.

Según lo establecido, al menos un 51% se adjudicará a un operador estratégico a través de una licitación nacional e internacional, mientras que el resto de las acciones se colocará en la Bolsa de Comercio. El 10% que queda por fuera del paquete corresponde a los empleados, que participan mediante el Programa de Propiedad Participada.

La venta inicial deberá concretarse en un plazo de 8 meses. La colocación del restante de las acciones buscará garantizar que el Estado mantenga una participación mínima mientras se asegura la llegada de capital privado.

Privatización de Aysa: un proceso en marcha

El plan de privatización se lanzó oficialmente el 23 de julio, apenas un día después de que el Gobierno introdujera cambios en el marco regulatorio de AySA, incluyendo la posibilidad de interrumpir el suministro por falta de pago, una medida inédita hasta ese momento.

Con la resolución de esta semana, Economía encomendó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” la coordinación integral del proceso. Este organismo será el responsable de contratar al banco que llevará adelante la valuación del paquete accionario, luego de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación admitiera que no podía completar el análisis en un plazo razonable.

El cronograma prevé que la venta inicial de las acciones se concrete en un máximo de ocho meses, mientras que la colocación en el mercado bursátil se realizará en etapas posteriores. La Secretaría de Obras Públicas, por su parte, deberá elaborar los pliegos técnicos y los contratos de concesión, además de garantizar que la transferencia al sector privado no afecte la continuidad del servicio.

La licitación se desarrollará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, con asistencia técnica de la propia AySA, en un intento por dar mayor transparencia y eficiencia al procedimiento.

Los fundamentos del Gobierno

El Gobierno justificó la decisión de desprenderse de la mayor parte del capital de AySA en “un contexto de profunda crisis económica que limita la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”. En los considerandos de la norma también se menciona el “deterioro operativo y financiero” de la empresa, que entre 2006 y 2023 demandó transferencias por 13.400 millones de dólares del Tesoro Nacional.

El Ejecutivo remarcó que la incorporación de capital privado busca modernizar la gestión de la compañía, reducir la carga fiscal y asegurar inversiones en infraestructura.

Privatizaciones: lo que viene

Si bien el marco regulatorio ya fue modificado y el proceso legal está en marcha, el llamado a licitación recién se prevé para el último trimestre del año. Según los plazos oficiales, la adjudicación del paquete mayoritario no se concretaría antes de 2026.

La privatización de AySA aparece, así, como un ensayo de un modelo más amplio de transferencia de empresas estatales al sector privado, en línea con la estrategia económica del Gobierno de recortar subsidios, reducir el déficit y atraer inversiones.

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