Haciendo atractiva la privatización: Aysa podrá cortar el suministro por falta de pago

Aysa entro en proceso de privatización

El gobierno de Javier Milei empieza a dar los primeros pasos para la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial este martes (22/7) mediante el cual autorizó a la empresa a cortar el servicio por falta de pago.

Adecuando a Aysa

El DNU 493/2025 que emitido este martes el Gobierno sustituyó al Decreto 304/2006 y en su lugar estableció que “el diseño del régimen vigente (de Aysa) no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”.

Para justificar la privatización se argumentó la “profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”.

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“Esto se evidencia entre otros aspectos, en el creciente deterioro operativo y financiero de AySA, cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”, añadió el decreto.

En ese marco, y apuntando a ser más atractivo el ingreso de nuevos capitales a la empresa, se la autorizó a “efectuar el corte de servicio en caso de mora” de los usuarios y habilitar la realización de auditorías sobre las obras y permitirle la “construcción como garantías de los fondos provenientes de Contrato de Concesión para garantizar el repago del financiamiento”.

Cabe recordar que esta medida afecta a los usuarios de agua y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. El DNU rige desde este martes 22 de julio.

Plan de Mejora y reparto de acciones

El decreto también creó un Plan Director de Mejora Estratégica para “establecer los lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de las obras básicas de infraestructura que posibiliten la ampliación y extensión del servicio público a través de programaciones de proyectos y obras, fuentes de financiamiento y entes ejecutores”.

Y en cuanto a la propiedad de Aysa, se estableció que el 90% del capital de la sociedad pertenecerá al Ministerio de Economía, mientras que el 10% restante quedará en manos de empleados adheridos al Programa de Propiedad Participada.

Por último, el DNU 493/2025 fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que “tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de 10 días hábiles”.

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