Motosierra a full: El Gobierno anunció la privatización de Aysa

El Gobierno también pasará la motosierra por Aysa.

Enmarcado en el plan motosierra prometido desde el día uno por el presidente Javier Milei, el Gobierno nacional inició el proceso para privatizar la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que desde 2006 estaba bajo control estatal. El anuncio fue realizado este viernes 18/07 por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El plan contempla transferir hasta el 90% del capital accionario de AySA al sector privado, mediante un esquema mixto que combinará una licitación pública —abierta tanto a operadores locales como internacionales— con la oferta pública de acciones en el mercado financiero. El 10% restante quedará en manos de los empleados, a través del Programa de Propiedad Participada, un mecanismo previsto por la legislación vigente.

Motosierra mileísta

“El objetivo es modernizar el sector y garantizar un servicio de calidad, eficiente y sostenible”, aseguró Adorni, quien remarcó que, según datos oficiales, desde su estatización AySA demandó aportes estatales por más de 13.400 millones de dólares.

“No sólo creció la dotación de personal casi un 90% durante la gestión estatal, sino que el nivel de morosidad de los usuarios alcanzó niveles del 16%, cuando históricamente era del 4%”, detalló.

Desde el Ejecutivo sostienen que la inyección de capital privado permitirá superar las deficiencias estructurales acumuladas en los últimos años. En ese sentido, el vocero hizo hincapié en el destino de los fondos durante las gestiones anteriores:

“En la última administración se gastaron más de 4.800 millones de dólares, de los cuales solo 200 millones fueron destinados a obras. Y de esas obras, el 25% se concentró en Tigre y Malvinas Argentinas, los distritos de origen de los principales directivos de AySA”, cuestionó.

Aysa pasará a ser privada

Adorni también apuntó contra el uso de fondos para actividades ajenas al servicio, citando contratos de sponsoreo por 1.300.000 pesos en 2022 y 2023, y la compra de camionetas utilitarias a precios que —según afirmó— superaban los valores de mercado.

El proceso de privatización será supervisado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), y según el Gobierno, se instrumentará con criterios de transparencia y competencia abierta.

Aunque no se precisaron plazos concretos para la licitación, en el mercado ya circulan nombres de potenciales interesados, y se anticipa un debate político en torno a la medida, especialmente en sectores sindicales y de la oposición que históricamente se mostraron críticos frente a las privatizaciones en el área de servicios públicos.