POLÍTICA

CONFLICTO MAPUCHE

Mascardi: Acordaron apostar al diálogo con Gendarmería en la ruta, y desestimaron la (peligrosa) denuncia de Frederic

Los ataques a viviendas y cabañas en Villa Mascardi, a poco más de 30 kilómetros de Bariloche, mantienen actualizado el conflicto mapuche y en el centro de la polémica colocaron a la ministra de Seguridad, Sabrina Federic, quien denunció la marcha de repudio a estas tomas realizada este fin de semana. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, se reunió de urgencia en Buenos Aires con las autoridades nacionales con las cuales se acordó que Gendarmería continúe apostado en la ruta nacional 40, y que se apele al diálogo, un diálogo que lleva años y que según autoridades nacionales se retomó hace 3 o 4 meses. A la par, la Fiscalía Federal desestimó la denuncia del ministerio de Frederic contra quienes convocaron a la marcha en Mascardi: "No corresponde iniciar un proceso penal en orden al hecho denunciado, por lo que deben desestimarse estas actuaciones por inexistencia de delito", detalló la fiscal Federal de Bariloche.


Los ataques a viviendas y cabañas que mantienen en vilo a la localidad patagónica de Villa Mascardi, a poco más de 30 kilómetros de San Carlos de Bariloche, por parte de miembros del Lof Lafken Winkul que, según los vecinos, se declaran como mapuches pero no pertenecen a dicha comunidad, llevó a la gobernadora rionegrina Arabela Carreras a Buenos Aires para mantener reuniones de urgencia con los miembros del Gabinete nacional. 

"Hay que entender que el pueblo mapuche es pacífico, pero este grupo particularmente es un grupo anarquista, que actúa encapuchado, que se identifica como una comunidad mapuche y tomó tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi y actúa de manera agresiva, lo que pone en riesgo la integridad de las personas y de las propiedades en Villa Mascardi", dijo Carreras en Buenos Aires.

El conflicto por la ocupación de tierras tomó así un fuerte tono político que generó además pedidos cruzados al gobierno nacional. Mientras el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, instó al Estado a proceder con el desalojo, los senadores de Juntos por el Cambio, elevaron un pedido de informes a la Ministra de Seguridad, Sabrina Frederic.

Ambos pedidos encontraron al Gobierno nacional buscando una salida negociada al conflicto, lo que motivo que el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibiera a la gobernadora de la provincia. Tras ese encuentro, la mandataria sureña se reunió con Frederic y su par de Justicia, Marcela Losardo. Allí, según una fuente ministerial, se habría planteado, entre otras cuestiones, "el crear una mesa de trabajo". 

Previo a ese encuentro, Frederic aseguró que el Gobierno mantiene una negociación con los integrantes de la comunidad mapuche, y destacó que se está "yendo por el camino del diálogo, porque en 2017 esta misma toma terminó en allanamiento, desalojo y una persona muerta".

Carreras afirmó que la toma de tierras "es un problema complejo que no tiene una solución simple" y consideró que "tiene que estar clara la posición del Estado nacional y provincial y tiene que ser una posición muy firme". 

La situación de Villa Mascardi, ubicada en el Parque Nacional Nahuel Huapi, se remonta a mediados de 2017 y provocó durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, el asesinato del joven Rafael Nahuel a manos de Prefectura.

El sábado, vecinos de Bariloche y de zonas aledañas a Villa Mascardi, bajo la consigna de un "Banderazo Patriótico", llevaron a cabo una caravana de protesta con vehículos que incluyó un corte de la Ruta 40, a la altura del Lago Gutiérrez, y un intento de llegar hasta el asentamiento mapuche, lo que generó momentos de tensión.

En ese contexto y ante las denuncias en las redes en que se convocaba a ir armados a la marcha, según se justificó la propia ministra nacional, dicha cartera dispuso el envío de fuerzas de seguridad a modo preventivo y radicó una denuncia penal. 

Desde Seguridad también se expresó el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks, quien reseñó que "se trata de solucionar lo que hace tres años y medio no se pudo resolver con las balas" y que "hace tres o cuatro meses" empezaron a desandar un camino para tratar de bajar los niveles de violencia en la zona y llegar a algún tipo de acercamiento".

Por eso, hablaron "con referentes, como el obispo, las comunidades mapuche que se enfrentan con esta otra comunidad, con la comisionada local y con el Gobierno de Río Negro", agregó.

En este contexto, la apuesta es al diálogo en esta instancia en la que aún está muy fresco el recuerdo del intento de desalojo de esas tierras en Villa Mascardi, que terminó con la vida de Rafael Nahuel.

Sobre la denuncia, en diálogo con radio 'Continental', se expresó también el senador nacional y exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck que afirmó que "la gente tiene todo su derecho a expresarse" y que los mapuches "tienen una actitud violenta y quieren que todos los que viven en las cercanías del lugar se terminen yendo".

Por eso, "hubo una manifestación en solidaridad con los vecinos de Villa Mascardi porque están siendo sometidos a una violencia terrible", sostuvo.

Por otra parte, el integrante del Parlamento Mapuche-Tehuelche, Orlando Carriqueo, aseguró que "el conflicto territorial que existe es desde hace 140 años" y cuestionó la manifestación del fin de semana.

"La movilización tiene la excusa de reclamar por la propiedad privada pero que esconde un fuerte tono racista porque la idea era llegar en una caravana y atacar a la comunidad", aseguró Carriqueo a 'Radio Nacional Viedma'.

Finalmente, Frederic resolvió que personal de Gendarmería continúe apostado en la ruta nacional 40, a pocos kilómetros de la ocupación, informaron fuentes de Seguridad de Nación. Un grupo de gendarmes se instaló el domingo en ese lugar. Ayer, controlaban a los automovilistas que circulaban por esa ruta que comunica Bariloche y El Bolsón.

"Tuvimos un diálogo profundo sobre la problemática en Villa Mascardi. El diálogo es el camino. Hay que entender que los vecinos y vecinas de la región están sufriendo a partir del accionar de un grupo de personas que se identifican con la comunidad mapuche", sostuvo Carreras, en un comunicado que difundieron anoche desde el área de prensa del Gobierno de Río Negro.

En tanto, no avanzará la denuncia que el Ministerio de Seguridad de Nación presentó el viernes. La fiscal federal subrogante, Sylvia Little, le pidió ayer al juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata, que desestime por inexistencia de delitos la denuncia que había presentado el titular de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Jonatan Firún. "No corresponde iniciar un proceso penal en orden al hecho denunciado, por lo que deben desestimarse estas actuaciones por inexistencia de delito", detalló la fiscal Federal de Bariloche Silvia Little.

El funcionario denunció haber tomado conocimiento, a través de los medios de comunicación, sobre la organización de una movilización que podría derivar en un "enfrentamiento".

Firún advirtió que las convocatoria podía enmarcarse en los tipos penales de "amenazas (simples, coactivas y agravadas (genéricamente mencionadas), extorsión, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, intimidación pública, apología del crimen y resistencia a la autoridad", informó ayer el portal fiscales.gob.ar.".

"No se dan en el caso ninguno de los delitos denunciados, puesto que la noticia traída a conocimiento de la suscripta no hace sino informar sobre la convocatoria a una marcha que un grupo de ciudadanos decidió llevar a cabo para reclamar a las autoridades por la inacción estatal en la solución de los graves conflictos que aquejan a la zona de Villa Mascardi", sostuvo Little en su dictamen.

"Peligroso sería para el Estado Democrático de Derecho que las autoridades pretendan cercenar mediante la utilización del Derecho Penal a los ciudadanos que desean manifestarse", advirtió.

"El poder punitivo estatal debe ser entendido como de última ratio, esto es, como la última herramienta con la que cuenta ese Estado para solucionar sus conflictos", enfatizó.

"Jamás podría autorizarse su utilización para cercenar nada menos que los derechos que la propia Constitución Nacional resguarda, puesto que no debe olvidarse que ella expresamente prevé el derecho de los ciudadanos a peticionar a las autoridades", concluyó Little. Afirmó que el Ministerio de Seguridad de Nación tiene "facultades prevencionales" y "debe, actuar protegiendo a la ciudadanía en general".

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