POLÍTICA

COMUNICADO

La Asociación Empresaria Argentina en contra de la intervención de Vicentín: "No es facultar del Ejecutivo"

Los empresarios más importantes del país rechazaron la intervención en Vicentin. Se trata de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en la que están nucleados los principales dueños de compañías locales.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) se manifestó esta noche 09/06 en contra de la intervención y el proyecto de expropiación de la firma agroexportadora Vicentin.

"Esta decisión no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores", sostuvo AEA en un comunicado de prensa.

"La estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina", agregó la entidad empresaria.

También se pronunció a favor de la empresa y criticando la decisión del Gobierno, el economista y presidente del Consejo de Empresarios Nacionales, Pablo Challú.

Challú aseguró que “ la reactivación económica debe provenir del sector privado, de las empresas, porque ahí es donde existen posibilidades reales de reactivación, donde debe recaer el esfuerzo y donde es más fácil lograrlo”.

Y agregó: “Un plan de inversiones del sector público, sería un camino equivocado con el extraordinario déficit fiscal actual”, destacó Challú.

Pablo Challú, que fuera Secretario de Comercio Interior en dos períodos de Gobierno, puntualizó que “no es posible hoy financiar un plan de Inversiones públicas con la carencia de ingresos que tiene el Estado”.Al mismo tiempo agregó “que esa inversión consumiría reservas e iría en contra de los equilibrios macroeconómicos necesarios para que haya una verdadera reactivación”.

“Deben implementarse medidas que permitan a las empresas volver a producir, como un tipo de cambio competitivo, un acuerdo inmediato de precios, salarios y tarifas, y que el sector financiero otorgue préstamos a mediano plazo con períodos de gracia y tasas de interés cercanas a 0, pero todo esto en el marco de un plan económico integral que acompañe la reactivación de la producción  -tal como se  propuso en la Comisión de Economía del Movimiento Nacional Peronista-”, alegó el economista.

“Un plan de inversiones públicas podría funcionar en una segunda etapa. Cuando se reactiva la economía de manos del sector privado, se recomponen los ingresos del sector público y eso podría permitir establecer un plan de inversiones desde el sector público”, sentenció.

Challú, enfatizó además que “en este contexto, donde el sector privado debe jugar un rol fundamental, es absolutamente necesario que se clarifiquen la importancia y necesidad de la intervención de la firma Vicentín y su posible expropiación. Hasta el momento, las explicaciones dadas no despejan todos los interrogantes de la operación”.

En esa línea, Challú cuestionó si “el Estado se hará cargo de los pasivos de la empresa? Si es así, cómo se va a transferir luego a YPF donde hay participación de otros privados? Si lo que se procura es tener una empresa testigo para incidir en la comercialización y producción agropecuaria es un objetivo valioso, que hay que rescatar. Ahora, protegerá los precios de los agricultores o procurará que los alimentos estén al alcance de la población? Cómo puede combatirse la especulación desde una empresa que solo maneja el 9% del mercado? Los interrogantes son muchos para un esquema de salida de la crisis en donde el sector privado debe tener un rol protagónico”, se preguntó.

“El Presidente sostuvo que no hay en marcha una política de expropiaciones, entonces si lo que se trata es de una empresa testigo, el Gobierno debería aclarar si hay una política al respecto y si en otros segmentos significativos del mercado también van a tener empresas testigo? Es un interrogante que requiere una respuesta clara para transparentar al máximo la relación entre el sector público y el sector privado y que no se generen expectativas que terminen invalidando todo lo que se propone hacer”, finalizó. 

Ayer, el presidente Alberto Fernández anunció la decisión de intervenir la empresa Vicentin y de enviar al Congreso un proyecto de ley para expropiar la compañía que en la actualidad enfrenta un concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.

En total, la deuda de Vicentin asciende a US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.

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