Empresas 'imputadas' por desabastecimiento: "Hoy Alberto se levantó combativo"

"Hoy Alberto [Fernández] se levantó combativo y con ganas de defender al pueblo", ironizó Juan Grabois en radio El Destape, y celebró esta medida: "tomaron una medida ejemplar. La Secretaría de Comercio hizo lo que tenía que hacer. Hay que intimar a las grandes empresas monopólicas argentinas a que dejen de especular de una manera abierta y pornográfica como están haciendo".

"Algunas cosas pareciera ser que empiezan a acomodarse frente a un pueblo que está pidiendo por favor que se cumpla el contrato electoral que es defender a los de abajo", insistió Grabois.

También Pablo Moyano, número dos del sindicato de los camioneros, se mostró a favor de la medida del Gobierno. "La decisión del gobierno me parece perfecta. Estas empresas tienen que ser castigadas", dijo el gremialista.

Según informó la Secretaría de Comercio Interior, "las imputaciones se realizaron luego de verificar que estas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020”.

En rigor, esta resolución, que establece el marco legal para la implementación de los Precios Máximos, “tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados”.

Durante las fiscalizaciones realizadas en comercios, inspectores de la Subsecretaría “identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo”.  A partir de esta evidencia, “se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021”.

“ Del análisis de la información remitida por las empresas se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos”, indicó el área que conduce Paula Español.

Por ejemplo, en la empresa multinacional Unilever, que elabora alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, “se detectó una caída de casi el 100% en su inventario de aderezos”, precisó Comercio Interior.

En la multinacional alimenticia Danone, por su parte, “se corroboró una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres durante el trimestre relevado”.

En la compañía multinacional Procter & Gamble (P&G), que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, “se identificaron una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes”.

La panificadora y elaboradora de pastas Fargo “también evidenció una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades”.

En aceites, la empresa local Aceitera General Deheza (AGD) “acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones”. De igual modo, en la empresa Molinos Río de la Plata “se relevó una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites”.

En la empresa Bunge, compañía global de agronegocios, “también se corroboró una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas”.

Por último la láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la empresa regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini “no aportaron la información con el detalle requerido para realizar un análisis completo de imputadas por este motivo”.

“En los casos en que se verificó una reducción de la producción o en la distribución de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza que incumplen con lo establecido en la resolución 100 y modificatorias, las imputaciones intiman a las empresas para que en el plazo perentorio de 5 días hábiles acredite ante la Subsecretaría de modo fehaciente haber dado cabal cumplimiento a la norma, y se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización”, remarcó Comercio Interior.

# "Demagogia absoluta"

“Para encontrar medidas similares hay que remontarse al primer peronismo, cuando la inflación llega a dos dígitos, y a la década del 70, cuando en 1974 se sancionó la Ley de Abastecimiento. Luego, en el segundo Gobierno de Cristina Fernández, con las amenazas a las empresas durante la gestión de Guillermo Moreno”, recordó el economista Iván Carrino, de la consultora Carrino & Asociados, en diálogo con el portal Infobae.

“El ministerio de Producción siempre habla de diálogo y buen vínculo con las empresas. Pero detrás de eso, está toda la fuerza del Estado para imponer precios. Le pedían a las empresas que vendan a tal precio y que no haya faltantes. No se puede controlar precio y cantidad al mismo tiempo. La empresa cuando no tienen rentabilidad, sacrifica cantidad en aras del precio. No se puede hacer magia”, agregó Carrino.

Según el especialista, el Gobierno tiene una idea de que la producción y los precios dependen de una firma de un ministro. “El control total es una utopía. Si se llega a las últimas consecuencias con esto, vamos a ver muchas empresas que dejen el país. También hay una cuestión de demagogia absoluta. Donde más que un interés en resolver el problema de la inflación se busca un título en los diarios”, indicó.

En un sentido similar se expresó el economista Roberto Cachanosky: "buscan un efecto de impacto en la población pero no tienen resultados concretos. El mercado ajusta por precio o ajusta por cantidad. Todos los controles de precios fracasan”, agregó. Y recordó el plan del ministro de Economía José Ber Gelbard durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, que también proponía acuerdos de precios, que luego no lograron sostenerse y generaron una crisis peor.

“Las imputaciones a las empresas se basan en la resolución de emergencia. Cuestionan la baja de producción en momentos de violenta caída de los ingresos. Muchas veces, en las recesiones, las compañías prefieren mantener márgenes achicando stocks y producción y aumentando precios. En general, si se llega a sanciones terminan en multas que se apelan. Para resolver el problema macro de la inflación aportan poco, pero son señales políticas hacia las empresas y al interior de la coalición de Gobierno”, indicó, por su parte, el economista Ricardo Delgado, socio de la consultora Analytica.