El Gobierno nacional está decidido a desarmar el denominado "paquete covid" que incluyó principalmente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y los ATP para las empresas. Pero la intención de reducir el gasto genera una peligrosa situación social de cara a diciembre, que suele ser un mes de alta tensión por las fiestas de fin de año y de las demandas de alivio económico.
BAJO ANÁLISIS
Arroyo habló de otorgar “bonos de fin de año" a quienes "la han pasado mal"
Descartada la posibilidad de otorgar un IFE 4 y sin confirmación sobre un bono de fin de año para los jubilados en momentos en que el Congreso debate la nueva fórmula de movilidad que no se ajustará por inflación, el Gobierno nacional analiza otorgar algún beneficio económico en diciembre, un mes que siempre suele ser de alta tensión social por las fiestas. Sin bien no hay ninguna definición gubernamental, este lunes 16/11 el ministro Daniel Arroyo adelantó que se analiza “otorgar bonos de fin de año para sectores que la han pasado mal”.
En ese contexto, mientras el Gobierno también intenta modificar el cálculo de los aumentos en los haberes jubilatorios y no termina de definir si hay un refuerzo para los sectores de bajos recursos, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró este lunes 16/11 que en la Casa Rosada se evalúa “otorgar bonos de fin de año para sectores que la han pasado mal" durante la pandemia de coronavirus, y agregó que se sumaría al monto de la tarjeta alimentaria, que estarían "duplicando" en diciembre.
Con estos instrumentos, el Estado sigue "acompañando" a los sectores más vulnerables, dijo Arroyo en declaraciones a la radio militante El Destape.
"Quienes cobran 4.000 pesos de tarjeta alimentaria cobrarán a fin de año 8.000, mientras que los que cobran 6.000 pesos pasarán a 12.000", dijo Arroyo al tiempo que asumió que se analiza " otorgar bonos de fin de año" para sectores que "la han pasado mal".
"Hay un acompañamiento real del Estado y toda la colaboración de las Iglesias y las organizaciones sociales, y si bien hay gente angustiada, hay un ánimo de reconstrucción, de ponerle el cuerpo a la situación”, afirmó Arroyo al ser consultado sobe el clima social en el país.
En otro orden, calificó como “muy necesario” el proyecto de Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas que comenzará a tratar mañana el Congreso, al indicar que “parte de ese aporte va a la urbanización de villas y barrios populares de todo el país”.
“Es muy necesario este aporte excepcional para patrimonios mayores de 200 millones de pesos. Estamos hablando de un aporte excepcional para 10.000 argentinos en un país con 45 millones de personas”, sostuvo Arroyo.
Recordó que este aporte se da “en un contexto de pandemia y caída brutal de la economía mundial y el consiguiente empeoramiento de las condiciones en América Latina y Argentina”.
Arroyo remarcó al mismo tiempo que “parte de ese aporte va a la urbanización de villas y barrios populares, algo de toda justicia”.
“El registro estableció que hay 4.400 barrios populares en todo el país, y vamos a urbanizar de a 400 por año, con lotes con servicios, y haciendo mejoras en cocinas y baños de viviendas ya existentes”, explicó el funcionario.
Al responder una pregunta en torno a la decisión del Gobierno nacional de no seguir abonando el IFE, Arroyo aclaró que “el Estado no se retira”.
“El IFE logró llegar a 9 millones de personas, de las cuales una parte logró volver al mercado laboral, porque se reactivó la actividad, y otra parte no”, indicó.
“Para esta parte que no logró volver -continuó- hay dos realidades: la de los jóvenes de 18 a 29 años y los que si bien recuperaron trabajo, pudieron recuperar muy poco”.
Arroyo indicó que para el primer sector, los jóvenes de 18 a 29 años, el Gobierno puso en marcha el plan Potenciar Inclusión Joven, que incluye una beca de 8.500 pesos de hasta 12 meses.
Para el segundo grupo, afirmó el funcionario, “está el Potenciar Trabajo, que implica cobrar 9.400 pesos, que es el 50% del salario mínimo, por una contraprestación de cuatro horas de trabajo”.
“Si la persona trabaja más horas, en el sector público o privado, el empleador completa el salario”, afirmó el ministro.










