La expropiación de YPF también armó batallas puertas adentro

“Históricamente nosotros en materia petrolera somos estatistas ”, analizaba anoche un radical bonaerense, sin embargo no lograban definir aún si acompañarán o rechazarán el proyecto que la presidente Cristina Fernández envió el lunes al Senado y que prevé la expropiación del 51% de las acciones de YPF.

Enfrentados en territorio bonaerense, Ricardo Alfonsín, referente del Morena y Leopoldo Moreau, dirigente del Modeso, coincidieron en su acuerdo con la nacionalización de la petrolera. Sin embargo, antes del cónclave el jefe del bloque en Diputados, Ricardo Gil Lavedra (alfonsinista), se había expresado en favor de presentar un proyecto alternativo y rechazar la iniciativa kirchnerista. “Gil Lavedra es un tipo legalista, su posición no tiene que ver con que sea abogado del presidente de Shell (Aranguren)”, advirtió un radical.

Como Gil Lavedra, la corriente que trabaja por un acercamiento de la UCR al PRO de Mauricio Macri se inclina por rechazar el proyecto del oficialismo. “Yo no votaría esta ley de estatización”, aseguró al diario 'Clarín' el diputado Oscar Aguad, cara visible de este grupo, minutos antes de ingresar a la reunión.

Como Aguad, otra docena de diputados radicales conversa con sus pares Patricia Bullrich, de Unión por Todos, Federico Pinedo, del PRO, y Eduardo Amadeo, del PJ disidente, para avanzar en un proyecto propio de perfil desarrollista que garantice un “marco regulatorio favorable a las inversiones y que incluiría la compra de acciones a Repsol, pero de ninguna manera la expropiación ”.

“En Diputados tenemos más tiempo, pero la votación del Senado va a marcar la cancha”, advirtió un legislador radical. Pero el voto de la Cámara alta no es ni el primero ni el único condicionamiento. La definición de Hermes Binner, referente del Frente Amplio Progresista en favor de la nacionalización dejó en un brete al alfonsinismo, que pugna por mantener a la UCR en el centroizquierda. Lo mismo le ocurrió a quienes pujan por llevar al partido hacia el centro en pos de una alianza con Mauricio Macri. Rápido, el jefe de Gobierno explícito ayer su rechazo a la recuperación de YPF.

Binner salió ayer a respaldar con énfasis la reestatización de la compañía. “Lo vemos con mucha satisfacción. Recuperamos lo que Argentina nunca debió perder ”, afirmó.

Con todo, también el ex gobernador socialista reunió anoche a referentes de los partidos del Frente Amplio Progresista (FAP) para unificar posturas y evitar que las diferencias estallen a la hora de la votación en el Congreso. De hecho, los diputados del GEN que encabeza Margarita Stolbizer venían planteando la necesidad de buscar alternativas para hacerle pagar al Gobierno el costo de una deficiente política petrolera. Pero avanzaba un acuerdo para avalar el proyecto en general y objetar artículos en la votación en particular.

El “margarito” Gerardo Milman pidió que “también se expropie a los Eskenazi” . Otro diputado, el socialista Roy Cortina, opinó: “es positivo que se plantee como objetivo la recuperación de la soberanía hidrocarburífera y que se haga una autocrítica por lo hecho, en tanto sirva para corregir los errores”.

Por su parte, el proyecto oficial sobre YPF ahondó las divergencias en el peronismo antikirchnerista, al punto que Francisco de Narváez se pronunció en contra y uno de los diputados de su sector, el sindicalista petrolero Alberto Roberti, apoyó la iniciativa. “Entregarle YPF a La Cámpora es un grave error”, sostuvo ayer De Narváez. Otro que rechaza el proyecto K es Eduardo Amadeo.

Finalmente, se expresaron los juristas, entre quienes abundaron las críticas sobre todo porque el Ejecutivo dispuso a través de un decreto de necesidad y urgencia tomar posesión de la empresa sin pagar previamente una indemnización, un requisito que establece la Constitución Nacional.

El artículo 17 de la Carta Magna, que está por encima de todas las leyes, señala que: “La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada ”. Y si bien el proyecto que debate el Senado establece que “la tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación”, como dispone la ley 21.499, no está previsto un pago previo por la parte que se expropiará a Repsol. Por el contrario, el lunes echaron a los directores de la sede de la empresa y asumió la intervención.

Para el ex juez de la Corte Suprema, Augusto Belluscio, “lo normal en un proceso de expropiación es el pago previo, no tomar la posesión ‘manu militari’; además, no sé si en este caso hay fundamentos para la intervención de la empresa”. “La disputa de siempre -que ya está saldada- ha sido si la posesión del bien expropiado tiene que ser posterior al proceso judicial, que puede llevar años. Por eso se hace un tasación provisoria (del Tribunal de Tasaciones de la Nación), se deposita el dinero y luego se toma posesión”, explicó.

Para el jurista y ex decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Atilio Alterini, “no se puede tomar posesión del bien sin haber pagado el monto que por lo menos que indica el Tribunal de Tasación. Cuando ese tribunal fija una cifra, diez pesos por ejemplo, el expropiante debe depositar los 10 pesos para tomar posesión. Es decir, habría que pagar antes. La ley permite que se deposite una cifra cercana al valor que está en discusión, pero gratis no se puede tomar posesión. Para ser dueño hay que pagar, para tomar posesión hay que depositar” .

Por su parte, el constitucionalista Daniel Sabsay señaló que “ la indemnización previa es un requisito fundamental para acceder a la propiedad expropiada, pero además, ordenar la intervención implica una inconstitucionalidad, tanto porque el DNU no puede regular un situación particular, de una empresa, sino también porque sustituye una decisión que debería ser tomada por un juez” . “En resumen, la indemnización debería ser previa y la modificación que se quiere hacer es contraria a la Constitución”.

Ayer, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires advirtió sobre “la grave afectación al marco jurídico e institucional que implicaría la aprobación del proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo para la expropiación de YPF”. “La medida constituye un nuevo ejemplo de la cada vez más recurrente utilización de acciones oficiales con las que, mediante artilugios y falsas disyuntivas, se pretende justificar el relato gubernamental de ocasión, pero que en definitiva implican la indisimulable afectación de garantías y derechos constitucionales de los particulares”, agregó.