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POTENCIAR TRABAJO

Organizaciones sociales preparan protestas y fin de las "unidades de gestión"

El Gobierno eliminará esta semana las “unidades de gestión” de los planes sociales. Las organizaciones sociales preparan protestas y reclamos de alimentos.

Gasto de U$S 34 millones

Según el gobierno de Javier Milei, las “unidades de gestión”, que no son otra cosa que los intermediarios de los planes sociales, le cuestan al Estado unos US$ 34 millones al año.

Estos intermediarios quedaron en una especie de ‘limbo’ después de que el ministerio de Capital Humano anunciara el cierre del plan Potenciar Trabajo para ser reemplazado por otros dos nuevos programas de asistencia social.

Esa novedad se sumó al malestar de las organizaciones sociales que ya mantenían un conflicto con el Gobierno de Milei por la entrega de alimentos a los comedores.

En ese contexto, los movimientos sociales podrían anunciar este martes (5/3) una nueva jornada de protestas.

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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, avanza con la eliminación de intermediarios de los planes, donde operan las organizaciones sociales.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, avanza con la eliminación de intermediarios de los planes, donde operan las organizaciones sociales.

En una nueva escalada contra esas organizaciones, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, Milei había dicho: “Respecto a la asistencia social, nos comprometimos a terminar de una vez y para siempre con el negocio de los gerentes de la pobreza, que usan la intermediación de planes como mecanismo recaudatorio y como recurso extorsivo para manipular a los que menos tienen”.

Unidades de gestión/organizaciones sociales

Según información oficial, las unidades de gestión son más de 300 y operan en todo el país, dependiendo de movimientos sociales, organizaciones, cooperativas y municipios.

Al anunciar la eliminación del plan Potenciar Trabajo, el ministerio de Capital Humano había argumentado que “las unidades de Gestión, encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa, se han transformado en lo que algunos denominan “gerentes de la pobreza”, controlando a los beneficiarios a través de mecanismos de presentismo y gestión burocrática que, lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia”.

Y agregaron que “esta intermediación no solo ha sido ineficaz para promover la integración socio-laboral de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal, sino que también ha generado un circuito cerrado de gestión y control que ha beneficiado a las organizaciones sociales encargadas de la administración del programa, a quienes solo en 2023 se les transfirió la suma de 34 millones de dólares”.

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