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CASO OIL

Tras la imputación a Cuccioli, los ex Indalo van por Abad (que alquila oficina con Nielsen)

Vie, 08/11/2019 - 2:36pm
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Por Urgente24

Desde el diario Ámbito Financiero, propiedad de lo que era Indalo Media del ex Grupo Indalo de Cristóbal López, denuncian que el Gobierno nacional rechazó siete propuestas para el pago total de la deuda de Oil. Responsabilizan en esa acusación al por entonces titular de la AFIP, Alberto Abad, que luego pidió la quiebra de la compañía, lo que terminó con el remate de sus activos. Al parecer sería el turno de Abad, ya que Fabián De Sousa logró que después de una declaración se imputara al actual responsable de la AFIP Leandro Cuccioli en el marco de una supuesta “persecución” donde también implicó desde funcionarios de segunda línea del Gobierno hasta al presidente Mauricio Macri.

El extitular de la AFIP, Alberto Abad
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El diario Ámbito Financiero, propiedad de lo que era en su momento el Grupo Indalo de Cristróbal López y Fabián De Sousa, sigue de cerca cada instancia en la causa por la deuda de Oil que derivó en el expediente por evasión y la detención de ambos empresarios.

Después de que De Sousa denunciara una persecución en su contra presuntamente orquestada por el presidente Mauricio Macri y varios de sus funcionarios, ahora apuntan al extitular de la AFIP, especialmente después de que fuera imputado su actual responsable Leandro Cuccioli.

Según De Sousa, citado por Ámbito este viernes (8/11), hubo negociaciones entre 2016 y 2017 para el pago total de la deuda de Oil. El empresario reveló que el Gobierno nacional había designado como "intermediario" para "solucionar" la situación de la deuda por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) al exsenador radical Ernesto Sánz.

Pero apuntó con la AFIP que lideraba Abad por haber rechazada 7 propuestas de pago por el 100% de la deuda que la petrolera Oil Combustibles había refinanciado con el organismo recaudador a través de planes de facilidades, que ahora son objeto de discusión en un juicio oral.

Las negociaciones –siempre según la versión de Fabián De Sousa en el marco de la continuación de su indagatoria- ocurrieron antes de que la administración federal que comandaba Alberto Abad solicitara la quiebra de la compañía, que derivó en el remate de sus activos más importantes.

Ante los jueces del Tribunal Oral Federal N°3, De Sousa puntualizó que hubo varias reuniones de las que participó un abogado, Marcelo Haissiner, una suerte de “socio” en la práctica de Ricardo Gil Lavedra, el letrado contratado de manera externa por la AFIP para avanzar en la querella por un supuesto delito penal en el marco del otorgamiento de los planes.

De Sousa reveló que él, Haissiner y su abogado, Carlos Beraldi se reunieron en el estudio de este último para analizar la viabilidad del pago total de la deuda refinanciada de Oil para cancelar un 80% de contado y el remanente en 12 cuotas consecutivas en una cuenta especial que sería abierta para el fisco en el Banco Nación.

Según Ámbito, ni el Gobierno ni la AFIP, habían contado sobre esas propuestas.

Además, en agosto, una pericia desmintió a la AFIP. Según el diario económico, el reclamo de deuda jamás fue de $8.000 millones. A diciembre 2015 estaban todos los planes regularizados y con cuotas al día.

La pericia oficial había sido realizada por contadores de la Corte Suprema se incorporó al juicio oral por la supuesta defraudación de la petrolera Oil Combustibles.

Los expertos destacaron por entonces que hubo una serie de disposiciones de Abad apenas asumió Cambiemos, que generaron la caída de los planes de pago y ocasionaron que la deuda se tornara de imposible cumplimiento.

Por su parte, Abad renunció a la AFIP en marzo de 2018, luego de presentar la última recaudación positiva. El funcionario explicó que a los 73 años “es el momento de entregar la posta y dedicarme a otras actividades”.

Pero en su despedida también apuntó contra Oil y dijo que se cuidarían "los salarios" de los trabajadores a la vez que consideró que Cristóbal López que está "retrasado" con los pagos, podría vender bienes para cancelarla deuda de $ 8000 millones por el ITC.

"Creemos que el que incumple con la ley, tiene que hacerse cargo de las consecuencias de su incumplimiento", resaltó Abad en diálogo con los periodistas.

Una curiosidad: la oficina que alquila Abad es la misma oficina que alquila Guillermo Nielsen, uno de los referentes económicos de Alberto Fernández.