Feria de la Bristol: el negocio millonario que cayó y sacude a toda Mar del Plata

Donde antes había pasillos repletos de puestos, ahora hay escombros, silencio y una investigación judicial que escala. La caída de la Feria de la Bristol en Mar del Plata dejó al descubierto un entramado económico que, según la Justicia, funcionó durante más de dos décadas al borde de la legalidad.

El operativo incluyó allanamientos, secuestro de mercadería y la decisión de demoler por completo el predio. Ahí aparece una historia que mezcla trabajo informal, consumo popular y millones sin registrar.

Feria Bristol: Qué pasó con el histórico paseo de compras

El punto de quiebre llegó tras una serie de allanamientos ordenados por el juez federal Santiago Inchausti, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a la venta de productos y al manejo de dinero.

La denuncia inicial había sido presentada en noviembre de 2024 por autoridades del Ente Municipal de Turismo, lo que dio origen a una investigación que se extendió durante más de un año.

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Finalmente, con pruebas reunidas por fuerzas de seguridad, la Justicia avanzó sobre la feria ubicada en la zona de Playa Bristol, uno de los puntos más transitados de la ciudad.

Feria Bristol: Cómo funcionaba el negocio millonario durante 25 años

Durante muchos años, la feria operó como un circuito comercial paralelo. Según la investigación, el predio contaba con más de 160 puestos en temporada alta, aunque luego ese número se reducía a poco más de 100.

De acuerdo a informes oficiales, los feriantes debían pagar cifras millonarias para acceder a un puesto. En algunos casos, se registraron pagos de hasta 5 millones de pesos por temporada, mientras que otros testimonios mencionan montos incluso mayores.

Estos acuerdos, según la causa, se realizaban sin documentación formal, lo que abre la puerta a sospechas de evasión y manejo de fondos fuera del sistema legal.

Feria Bristol: Quién manejaba el negocio y cómo era la estructura

La investigación apunta al rol del Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA) y, particularmente, a su secretario gremial, Walter Rivero. Según las tareas de inteligencia, Rivero habría tenido un rol central en la administración del predio, coordinando la asignación de puestos, los pagos y la operatoria general.

Incluso se detectaron conversaciones telefónicas donde se detallaban condiciones para ingresar a la feria, así como reclamos de feriantes por conflictos comerciales. Además, se identificó la presencia de personal conocido como “chalecos”, que cumplía funciones de control, seguridad o supervisión dentro del espacio.

La estructura, según la Justicia, funcionaba como un sistema organizado, con roles definidos y un flujo constante de dinero.

Feria Bristol: Qué delitos investiga la Justicia en este caso

El expediente judicial se centra en dos ejes principales, infracción a la ley de marcas y presuntas irregularidades fiscales. Durante los allanamientos, se detectó la venta de productos con logotipos de marcas reconocidas, lo que constituye una violación a la normativa vigente.

Entre los artículos secuestrados había indumentaria, calzado, electrónica, juguetes y accesorios que imitaban marcas internacionales. Además, la investigación apunta al manejo de dinero sin registrar, lo que deriva en imputaciones por evasión tributaria.

El expediente, que continúa en desarrollo, busca determinar el alcance total de la maniobra y la posible participación de otras personas.

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Feria Bristol: De dónde salía la mercadería y cómo se movía

Según consta en la causa, gran parte de la mercadería provenía de circuitos informales, incluyendo compras en ferias como La Salada y presuntos ingresos desde países limítrofes.

También se detectaron mecanismos para maximizar ganancias, como la compra de “fardos” de ropa y la utilización de transferencias electrónicas para mover dinero.

Feria Bristol: Por qué se decidió la demolición total del predio

Según la resolución judicial, el espacio presentaba múltiples irregularidades. Entre ellas, permisos vencidos, falta de controles fiscales y deficiencias en materia de seguridad e higiene.

El magistrado consideró que el predio funcionaba en un espacio público municipal bajo condiciones precarias, lo que habilitó la intervención del Estado local.

Con ese respaldo, el municipio avanzó con la demolición, marcando un cierre definitivo para el histórico paseo.