"Bajar la edad de punibilidad no es una solución. Es una coartada. Una respuesta simple para problemas complejos. Un gesto que calma la bronca social, pero no previene un solo delito futuro", afirmó el juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, y profundizó:
CRÍTICA CON REPERCUSIONES
Carta de un juez de menores a Javier Milei: "El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar"
Mientras el Gobierno avanza con el proyecto para bajar la edad de imputabilidad, un juez de menores publicó una carta abierta con fuertes críticas y advertencias a Javier Milei.
30 de enero de 2026 - 11:00
Dura advertencia de un juez de menores a Javier Milei por la baja en la edad de imputabilidad.
El juez opinó sobre el proyecto del Gobierno de Javier Milei de debatir en sesión extraordinaria en el Congreso de la Nación el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, vuelto a impulsar a partir del crimen de Jeremías Monzón, un chico de 15 años que fue asesinado de alrededor 20 puñaladas, y los sospechosos del grave hecho son tres menores de edad.
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La nota de opinión fue la siguiente:
El caso Jeremías Monzón: la tragedia que la política no debería usar.
Este crimen duele. Conmueve. Indigna. Y está bien que así sea. Pero justamente por eso no puede ser usado. No puede transformarse en mercancía política, en eslogan electoral ni en excusa para decisiones apresuradas que prometen seguridad mientras profundizan el fracaso del Estado.
Cada vez que ocurre un hecho atroz protagonizado por adolescentes, la reacción es casi automática: discursos inflamados, anuncios rimbombantes, promesas de “mano dura” y una solución mágica repetida como mantra: bajar la edad de punibilidad. Siempre lo mismo. Siempre tarde. Siempre después.
Pero la pregunta incómoda —la única verdaderamente honesta— no es qué castigo merecen ahora, sino qué hizo la política antes.
¿Qué hizo cuando esos adolescentes abandonaron la escuela?
¿Qué hizo cuando la violencia se volvió lenguaje cotidiano en sus hogares y barrios?
¿Qué hizo cuando el Estado se retiró y dejó el territorio librado al abandono, al consumo, a la ley del más fuerte?
La respuesta es conocida: no hizo lo suficiente. Y ahora pretende compensar años de desidia con más castigo.
Bajar la edad de punibilidad no es una solución. Es una coartada. Una respuesta simple para problemas complejos. Un gesto que calma la bronca social, pero no previene un solo delito futuro. No hay evidencia seria, empírica ni comparada que demuestre que endurecer el sistema penal juvenil reduce la violencia. Ninguna. En cambio, hay abundante prueba de lo contrario: cuanto antes se ingresa al sistema penal, más se consolida la trayectoria delictiva.
El delito adolescente es ínfimo en términos estadísticos en el país. Los homicidios cometidos por adolescentes son excepcionales. Usarlos como regla es deshonesto. Construir política criminal a partir de casos extremos es legislar desde el miedo, no desde la razón.
La “mano dura” con adolescentes es, en realidad, mano ausente antes y mano punitiva después. Es el Estado que llega tarde y llega mal. Que no garantiza derechos básicos, pero sí se muestra implacable cuando el daño ya está hecho. Que abandona primero y castiga después. Y luego se pregunta, con cinismo, por qué fracasa.
Nadie —nadie— explica cómo piensa reintegrar a la sociedad a esos adolescentes que propone encarcelar más temprano. Nadie habla de educación, de salud mental, de consumos problemáticos, de acompañamiento familiar, de dispositivos territoriales reales. Porque eso no da votos rápidos. No entra en un título. No genera aplausos inmediatos.
Es más fácil prometer castigo que asumir responsabilidades.
Es más rentable señalar al adolescente que mirar al Estado.
Es más cómodo pedir cárcel que explicar por qué fallaron todas las políticas de cuidado.
El oportunismo político se alimenta del dolor ajeno. Utiliza a las víctimas como argumento y a los adolescentes como chivo expiatorio. Pero no repara a unos ni salva a otros. Solo profundiza la fractura social y perpetúa el círculo de violencia.
Una sociedad que cree que el castigo sustituye a la política está condenada a repetir estas tragedias. Porque ningún adolescente nace violento, pero muchos crecen sin red, sin límites, sin futuro y sin Estado. Y eso —aunque incomode— también es una responsabilidad política.
El verdadero coraje no está en endurecer penas. Está en hacerse cargo antes. Cuando todavía hay tiempo. Cuando la vida aún no se perdió. Cuando la justicia no llega solo para contar muertos, sino para evitar que los haya.
Carta abierta a Javier Milei
Morabito puso el foco luego en que en los tribunales se repiten "historias de abandono acumulado" por parte del Estado, "una cadena de violencias que comenzó mucho antes del hecho delictivo". Y lanzó la primera advertencia: "Vemos, con enorme preocupación, cómo frente a ese fracaso previo, la única respuesta que se propone es más pena, más encierro, más dolor".
"Señor Presidente: el derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo. La cárcel no devuelve lo que la infancia perdió. El castigo no sustituye a la presencia estatal que faltó cuando aún había margen para prevenir", insistió Morabito en la carta abierta al Presidente.
Puntualmente sobre la baja en la edad de imputabilidad, el juez señaló que "puede dar una sensación inmediata de respuesta, pero no construye futuro. No reduce la violencia. No honra a las víctimas. Solo amplía un sistema penal que llega siempre tarde y que ya ha demostrado su ineficacia".
"Le escribo no desde la comodidad de un despacho, sino desde la experiencia concreta de administrar justicia en contextos de dolor. La respuesta no está en castigar más temprano. La respuesta está en no abandonar tan temprano", reclamó.
En el cierre del texto, el juez de menores le dijo al Presidente que su objetivo es que el texto sirva para reflexionar . "Porque cada adolescente que llega a un tribunal es, antes que nada, una pregunta que el Estado no supo responder a tiempo", concluyó.
La iniciativa del Gobierno de Javier Milei
La iniciativa que pretende aprobar el Gobierno es la que había enviado Patricia Bullrich al Congreso junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y pretende bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Establece que son juzgados por el Régimen Penal Juvenil desde los 13 hasta "las cero horas del día en que cumplan los 18 años". Esa iniciativa tuvo dictamen en Diputados, quedó finalmente con la edad de imputabilidad en los 14 pero por los tiempos de la política no llegó a votarse en el recinto.
"Le escribo con la convicción de quien ve las consecuencias todos los días. Le escribo no desde la comodidad de un despacho, sino desde la experiencia concreta de administrar justicia en contextos de dolor.
La respuesta no está en castigar más temprano. La respuesta está en no abandonar tan temprano.
Ojalá esta carta sirva para reflexionar. Porque cada adolescente que llega a un tribunal es, antes que nada, una pregunta que el Estado no supo responder a tiempo", cerró el juez.
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