Nueva derrota de Joe Biden por la vacunación compulsiva

Brown, magistrado designado por Donald Trump, argumentó que el presidente Joe Biden no tiene la autoridad suficiente para exigir que los trabajadores federales se vacunen. Aunque el juez estuvo de acuerdo en que Biden tiene autoridad sobre las políticas federales de empleo, consideró que ese poder no es suficiente para exigir que los trabajadores federales se vacunen.

La pregunta que debía responder con su fallo el juez Brown, afirmó él, fue "si el Presidente puede, con un trazo de bolígrafo y sin el aporte del Congreso, exigir que millones de empleados federales se sometan a un procedimiento médico como condición esencial para conservar su empleo", escribió Brown en el documento de 20 páginas.

Luego, él se respondió a sí mismo: “Eso, según el estado actual de la ley, tal como lo expresó recientemente la Corte Suprema, es un puente demasiado lejos”.

En el pasado Brown fue juez adjunto de la Corte Suprema de Texas.

Él escribió:

El Presidente ciertamente posee 'amplia autoridad estatutaria para regular las políticas de empleo del Poder Ejecutivo'. Pero la Corte Suprema ha sostenido expresamente que un mandato de vacuna contra COVID-19 no es una regulación de empleo. Y eso significa que el Presidente no tenía autoridad legal para emitir el mandato de trabajador federal. El Presidente ciertamente posee 'amplia autoridad estatutaria para regular las políticas de empleo del Poder Ejecutivo'. Pero la Corte Suprema ha sostenido expresamente que un mandato de vacuna contra COVID-19 no es una regulación de empleo. Y eso significa que el Presidente no tenía autoridad legal para emitir el mandato de trabajador federal.

La orden de Biden permitió ciertas exenciones: excluyó a miembros del Congreso y empleados del Servicio Postal. También las personas que tenían un motivo religioso o médico, aunque algunos miembros del Ejército se quejaron de que las exenciones religiosas eran casi imposibles de obtener.

Joe Biden

Joe Biden rompe récords de designación de jueces, todos liberales, para "reestablecer el equilibrio" en el Poder Judicial.

El Departamento de Justicia dijo que apelaría el fallo de Brown.

“Confiamos en nuestra autoridad legal”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante una conferencia de prensa el viernes.

La Casa Blanca ha dicho que más de 9 de cada 10 trabajadores federales han recibido al menos 1 dosis de la vacuna.

Tal como sucede con la tenencia de armas de fuego, muchos estadounidenses creen que una vacunación obligatoria es una amputación de sus libertades civiles.

La orden ejecutiva de Biden también requería que las empresas con más de 100 empleados exigieran que sus trabajadores se vacunaran o se sometieran a pruebas periódicas, lo que se estimó afectaría a unos 80 millones de estadounidenses. Sin embargo, este requisito para las grandes empresas fue impedido por la Corte Suprema, en una suspensión temporal.

Considerando que la Orden Ejecutivo fue firmada por el secretario de Justicia (en USA eso equivale a un ministro del Poder Ejecutivo), la Corte Suprema informó: “Las agencias administrativas son criaturas de estatuto. En consecuencia, solo poseen la autoridad que el Congreso les ha otorgado. (...) El secretario ordenó a 84 millones de estadounidenses que obtengan una vacuna COVID-19 o se sometan a pruebas médicas semanales por su propia cuenta. Este no es un 'ejercicio diario del poder federal'”.

Sin embargo, el tribunal supremo sí permitió que la Administración continuara haciendo cumplir el requisito para los centros de atención médica que deseen participar en Medicare y Medicaid.

Nominados

Considerando que gran parte de su batalla se encuentra en la interpretación de las leyes, el presidente Biden cerró su año Nº1 en el cargo con 40 jueces designados en la Justicia federal; un número récord de confirmaciones no visto desde los días de Ronald Reagan.

Y en 2022 no parece que se esté desacelerando el impulso de Biden para “restaurar el equilibrio” en el Poder Judicial.

El Presidente anunció su ronda Nº12 de nominados judiciales federales, que incluyó candidatos para 2 vacantes importantes en la Corte de Apelaciones en el Circuito 11 y el Circuito DC (la capital federal).

Varios de los nominados de Biden hasta ahora no han inspirado confianza entre las organizaciones religiosas. Sus registros muestran, de acuerdo a varias instituciones, que han trabajado en contra de la protección de esta libertad fundamental en el pasado, y puede resultar otro tema a dirimir en el año de elecciones de mitad de término.

Por ejemplo, Nancy Abudu, la candidata del 11° Circuito, trabaja para el Centro de Leyes de Pobreza del Sur (SPLC), una organización famosa por etiquetar a cualquier opositor político como “grupos de odio” o “extremistas”, acusan algunos religiosos. A causa de su retórica, Abudu ya ha provocado oposición sobre su capacidad para servir en el tribunal federal como jurista imparcial.

La nominada de Biden para el Circuito de DC, la jueza Michelle Childs, también es acusada de una extrema dirección liberal.

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Jueza en Carolina del Sur, Michelle Childs, candidata en WDC.

El Presidente ya tiene un juez confirmado en el circuito de DC, la jueza Ketanji Brown Jackson. Ahora Biden va por un respaldo para Brown Jackson.

Una vacante en el Circuito de DC -llamado "el tribunal Nº2 más alto", después de la Corte Suprema-, es una designación muy apreciada porque, a diferencia de otros tribunales, aborda temas muy delicados tales como seguridad nacional, armas, derecho laboral, derecho electoral y reglamentos de medio ambiente.

Además, los jueces del Circuito de DC a menudo son candidatos a la Corte Suprema. Esto ocurrió con Ruth Bader Ginsburg, Antonin Scalia, Clarence Thomas, John Roberts y Brett Kavanaugh, todos jueces de la Corte que fueron antes del circuito de DC.

Durante la campaña electoral, el presidente Biden prometió nominar a una mujer afroestadounidense para la Corte Suprema. Tanto los jueces Brown Jackson como Childs son mujeres afroestadounidenses.