LATINOAMÉRICA

CRISIS COLOMBIANA

Crece la presión internacional por violación de derechos humanos y ya ruedan cabezas de funcionarios

Una denuncia por crímenes de lesa humanidad llega este jueves (13/5) a la Corte Penal Internacional (CPI) y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las presiones internacionales debido a las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno de Iván Duque durante las manifestaciones en Colombia hace que ya empiecen a rodar cabezas de funcionarios. La primera en caer: la Ministra de Relaciones Exterior Claudia Blum.

Las movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque, que hace dos semanas vienen teniendo lugar ininterrumpidamente, seguirán llevándose a cabo en el país latinoamericano. Muchas protestas dejaron muertos, heridos y desaparecidos y ante la presión internacional por la violación de derechos humanos, la canciller Claudia Blum  terminó renunciando a su cargo.

Luego de una semana de rumores, de presiones para que renunciara y críticas por su respuesta frente a las preocupaciones internacionales por el exceso de violencia durante las protestas en Colombia, la Ministra de Relaciones Exteriores terminó dejando su cargo, el cual asumió el 12 de noviembre de 2019.

"Le expreso mi gratitud enorme por la confianza que me otorgó al haberme nombrado ene sta importante Cartera, en la que trabajé con dedicación y entrega para promover y defender los principios y valores de la democracia, la legalidad, la equidad, y el emprendimiento en la política exterior de Colombia", se lee en su carta de renuncia.

Blum dijo sentir "admiración" por el Jefe de Estado y aseguró que bajo su "liderazgo" el país superará los problemas económicos, sanitarios y alcanzará la "unidad" que necesita.

Justo en el día de la renuncia de la canciller, a la Corte Penal Internacional (CPI) y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) le fue enviada una larga denuncia en la que se acusa a miembros de las fuerzas de seguridad cometer varios delitos en medios de las manifestaciones que se llevaron desde el 28/4, detalla el diario local El Espectador

La denuncia, liderada por el senador Iván Cepeda (Centro Democrático) y acompañada por varias ONG's y organizaciones civiles, pide que la CPI active su competencia para conocer estos delitos porque "el estado colombiano no tiene voluntad de adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara y demás organismos, debido al exceso de concentración de poder en cabeza del presidente Iván Duque".

Según los autores, el documento "contiene evidencias de delitos contra la población civil en la modalidad de homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas. Da cuenta de al menos 1595 hechos, ocurridos en varios departamentos del país, que demuestran violaciones de DD.HH. De estos hechos se aportó la identidad de 315 personas. Se documentaron 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1365 víctimas de detención irregular", cita El Espectador.

La denuncia concluye con la petición de una visita a Colombia y la solicitud de información adicional sobre los hechos. "Los incidentes documentados dan muestra de patrones claros de actuación de las autoridades, incluso dan cuenta del conocimiento que tuvieron los más altos responsables de la autoridad policial en la comisión de los crímenes internacionales nos permite asegurar que se alcanza el umbral de prueba necesario en esta etapa", dice el documento.
 

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