Este miércoles la fiscal regional de Rosario presentó la renuncia luego de estar seis meses suspendida por una fuerte crisis institucional.
Este miércoles la fiscal regional de Rosario presentó la renuncia luego de estar seis meses suspendida y en medio de una fuerte crisis institucional.
Santa Fe. En las primeras horas de este miércoles (21/8) se conoció que María Eugenia Iribarren presentó la renuncia como fiscal regional de Rosario. Los motivos son varios, pero se da en medio de una fuerte crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que comenzó en 2023 y la enfrentó a su superiora.
Hija del exministro de la Corte Suprema, Casiano Iribarren, María (55) lleva treinta y cinco en el Poder Judicial de Santa Fe y veinticinco como fiscal. La funcionaria trabajó diez años como fiscal de Cámaras y estuvo en la Unidad de Criminalidad Compleja. Ahora, la mujer decidió retirarse y pedir la jubilación, como otros tantos trabajadores judiciales que la solicitaron antes de que el gobernador Maximiliano Pullaro avance con las reformas jubilatorias.
Así, Iribarren dejará de ejercer sus funciones desde el 1.º de septiembre, luego de tres años en el cargo. Entre los argumentos de su renuncia dijo "no compartir los lineamientos actuales de conducción del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia" y agregó que el plan de trabajo que propuso para ejercer la dirección de la Regional hasta el año 2029 quedó “vacío de contenido por la gestión actual”.
La funcionaria reconoció esto como "una falta de confianza y deslegitimación de la autoridad que ejerzo, que me impide continuar con el cumplimiento de la labor encomendada, fundamentalmente al habérsele comunicado informalmente en el día de la fecha que la intervención será prorrogada en los próximos días”, y recordó que fue elegida a través de un concurso cuyo pliego fue aprobado de forma unánime por la Legislatura santafesina.
Iribarren fue designada como fiscal regional de Rosario de forma interina en septiembre de 2020 por el ex fiscal general Jorge Baclini, quien la puso en el cargo en lugar del destituido Patricio Serjal. Cada tres meses y durante tres años, Baclini le extendió el interinato, hasta que en abril de 2023 la funcionaria quedó en el cargo como titular por concurso y con aprobación de la Legislatura.
Pero en marzo de 2024, Iribarren fue desplazada del cargo por la fiscal general de la provincia de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, quien la cuestionó por el conflicto interno entre los fiscales del Ministerio Público de la Acusación que tenía a su cargo y le recortó sus atribuciones. Este desplazamiento fue uno de los motivos que la llevó a renunciar a su cargo, porque además iba a ser prorrogado por otros seis meses.
El conflicto que la afectó comenzó en septiembre de 2023, cuando los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca acusaron a su colega Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada, de darle impunidad a Mariana Ortigala, quien era su informante en la causa contra Esteban Alvarado. Iribarren se opuso al desempeño de los fiscales Moreno y Socca porque estos acusaron a Edery en una audiencia donde él no estuvo presente para defenderse.
Pero la acusación contra Edery armó un escándalo entre los fiscales, por lo que Vranicich, su jefa, intervino las unidades de Criminalidad Organizada, de Balaceras y de Homicidios Dolosos. Luego de una auditoría donde detectó problemas de gestión entre causas, superposición de incumbencias y falta de comunicación, la fiscal general desplazó a Iribarren por seis meses.
En marzo, Vranicich explicó que había dieciocho denuncias cruzadas entre fiscales, quienes se culpaban de delitos de enorme resonancia y que esto afectaba la imagen del Ministerio Público de la Acusación en Rosario. Iribarren no encontró apoyo ni el a Legislatura ni en el gobierno de Pullaro. El proceso contra el fiscal Edery, a quien ella había defendido, continuó y fue suspendido por los cargos que se le acusaban.
De esta forma, la columna femenina en los cargos altos de la fiscalía de Santa Fe, conformada por María Cecila Vranicich, como fiscal general elegida por el exgobernador Omar Perotti, y María Eugenia Iribarren, como fiscal regional de Rosario, se terminó. Ambas funcionarias habían asumido en 2023, pero el funcionamiento institucional entre ellas nunca marchó, o se rompió luego del caso del fiscal Edery.
Iribarren asumió como fiscal regional de Rosario cuando Patricio Serjal fue destituido del cargo, luego de ser acusado por los fiscales Luis Schiappapietra y Matías Edery de ser responsable de la comisión de los delitos de organizador de una asociación ilícita. Incluso, ella fue la primera fiscal de la Unidad de Criminalidad Organizada y desde allí había motorizado el caso Serjal.
La Fiscalía le atribuyó a Serjal haber conformado una asociación ilícita junto al empresario del juego Leonardo Peiti, el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el comisario retirado Alejandro Torrisi, entre otras personas. Serjal recibió coimas a cambio de no perseguir a los empresarios del juego ilegal y darles información reservada a personas con el objetivo de que las investigaciones contra ellos fracasen.
El entonces fiscal regional de Rosario fue detenido en agosto de 2020 e imputado de cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, transmisión de datos reservados y omisión de persecución. El exfuncionario cumplió prisión domiciliaria hasta el 17 de febrero de 2022, cuando fue puesto en libertad hasta que se realice el juicio, con la condición de pagar una caución de $10 millones y la prohibición de salir de Argentina.
En marzo de 2024, pidió que su juicio sea suspendido hasta que se resuelva la situación judicial de Edery, uno de los fiscales que lo acusó, pero la Justicia no hizo lugar a su reclamo. Hasta el momento, el juicio oral contra Patricio Serjal no tiene fecha, pero cuando llegue, el ex fiscal regional de Rosario se enfrentará a una posible condena de doce años de prisión.
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