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Martes decisivo para la nueva Ley de Economía del Conocimiento

Este martes (19/5) podría tener dictamen favorable la nueva ley de economía del conocimiento y así quedará lista para ser tratada en el recinto en la próxima sesión telemática. Se trata de una norma que en 2019 se aprobó durante el gobierno de Mauricio Macri pero que Alberto Fernández suspendió para proponer una nueva, especialmente modificando los requisitos para las empresas ingresantes y con nuevas condiciones.

A pocos días de asumir la Presidencia, Alberto Fernández suspendió la aplicación de la ley de economía del conocimiento, que debía entrar en vigencia el 1° de enero. Lo hizo argumentando que había que aclarar algunos puntos de la ley sancionada como la diferenciación entre pymes y grandes empresas, establecer distintos grados de economía del conocimiento de los distintos subsectores a través de un comité estatal y aclarar los parámetros de ingreso que habían generado polémica por el caso de Mercado Libre.

Desde entonces, el gobierno nacional se puso a trabajar en una nueva norma para el sector.

Cabe destacar que en mayo de 2019 el Congreso sancionó por unanimidad el proyecto conocido como de promoción de la “economía del conocimiento”. Pero si bien se trata de una ley sancionada en el gobierno de Néstor Kirchner, los K se negaban a ampliar sus beneficios pero terminaron accediendo porque se esperaba que el sector genere más de 200.000 puestos de trabajo y unos US$ 15.000 millones en exportaciones para 2030.

A pesar de que la polémica el año pasado se centró entre Mercado Libre y el dirigente social Juan Grabois en relación a los beneficios estatales para una empresa privada de valor superior a los US$ 1000 millones, más allá del software también se verían beneficiados la biotecnología, la industria satelital y otras actividades que tengan que ver con el desarrollo científico

Ahora el Frente de Todos podría alumbrar una nueva ley.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, participará este martes 19/5 del plenario virtual de las comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto de la Cámara de Diputados que debatirán el proyecto de ley de Economía del Conocimiento.

El oficialismo buscará emitir dictamen, con el objetivo de llevarlo al recinto en la próxima sesión del cuerpo.

La iniciativa mantiene los beneficios de reducción de alícuota del impuesto a las Ganancias, la baja sobre el pago de contribuciones patronales y mejora las condiciones de acceso para las pymes.

Ese texto fue presentado en febrero por el Poder Ejecutivo para mejorar la legislación sancionada en mayo de 2019 durante el gobierno de Cambiemos.

Al presentar el nuevo proyecto, el gobierno explicó que la modificación de la ley está orientada a promover las facilidades de ingresos de las pymes y microempresas a partir de una flexibilización de los requisitos de acceso, como el porcentaje de I&D, de capacitación o de exportaciones que deben cumplir para obtener los beneficios.

El proyecto de modificación mantiene los dos beneficios de reducción de alícuota sobre el impuesto a las Ganancias y sobre el pago de contribuciones patronales, y lo amplía al modificar el modo de calcularlos retomando lo establecido en la ley de Software (60% reducción impuesto a las ganancias y 70 % reducción de contribuciones patronales).

Sobre las contribuciones patronales introducen como novedades un tope inicial equivalente a siete veces la cantidad de empleados de una pyme tramo II (535 empleados) lo que significa que el beneficio aplica inicialmente a un máximo de 3.745 empleados, que puedan ser promovidos en este régimen especial del 70% de la reducción de los aportes patronales.

De esta manera, las grandes empresas siguen siendo consideradas como destinatarias de este régimen porque son empresas emblemáticas de Argentina, que mueven la economía y el empleo del país.

Por otro lado, se elimina el requisito fijado en la ley aprobada el año pasado que obligaba a las provincias a adherir al régimen mediante la sanción de una ley que respetara la estabilidad fiscal y ofreciera beneficios adicionales, y a la que sólo habían adherido seis provincias. De esta forma, la ley por si misma adquiere el carácter federal que promueve.

El proyecto que podría avanzar en Diputados es el resultado de las conversaciones con la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadiel), la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (Capit) y Argencom.

“Hemos sumado un sentido social, federal y de género muy importante. También en cuanto a la equidad, se ha limitado el beneficio para las grandes corporaciones y hemos facilitado el acceso y los incentivos para las pequeñas y medianas empresas (Pymes)”, dijo el diputado del FdT Pablo Carro, quien será el miembro informante de ese proyecto si lleva al recinto.

Podrán acceder:

-Empresas que aspiren a obtener los beneficios de la nueva ley deberán cumplir con dos de las siguientes tres obligaciones:

-El 70% de su facturación deber originarse por las actividades promovidas o acreditar el uso de tales disciplinas para agregar valor o innovación en productos, servicios y procesos.

-Invertir porcentajes de su masa salarial en capacitación de empleados dedicados a las actividades, variables según sean micro, medianas o grandes empresas. Y desembolsar en investigación y desarrollo montos de su facturación, progresivo de acuerdo al tamaño de la empresa.

-Exportar bienes o servicios del conocimiento por el 4%, 10% o 13% del total de sus ingresos de acuerdo también al tamaño de la empresa.

Características:

-Incorpora criterios de equidad a favor de las pymes flexibilizando los requisitos de acceso al régimen de promoción, sin perjudicar a las grandes empresas del sector.

-Prioriza la generación progresiva de empleo y de divisas, con parámetros diferenciales por tamaño de la empresa, zonas geográficas, y empleos promovidos.

-Crea un Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento y prioriza recursos para la capacitación de pymes y nuevas empresas.

-Reducción de los aportes patronales. Podrán convertir en un bono de crédito fiscal el 70% de las contribuciones a los sistemas de salud y jubilación por los empleados dedicados a las actividades promovidas.

-Contempla beneficios adicionales para las empresas que den empleo en zonas desfavorables o provincias de menor "desarrollo relativo".

-Amplía beneficios para quienes contraten mujeres, personas con discapacidad o a beneficiarios de planes sociales.

-Estipula una rebaja del 60% del impuesto a las Ganancias en el monto correspondiente a las actividades promovidas.

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