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PROYECTO

¿Corrupción? Proponen pagarle a cualquier persona que ayude a recuperar el dinero robado al Estado

Presentaron un proyecto que propone la creación de la figura del "Ciudadano Colaborador contra la Corrupción", con incentivos económicos y resguardo judicial.

Presentaron un proyecto en el Congreso que propone la creación de la figura del "Ciudadano Colaborador contra la Corrupción", con incentivos económicos y resguardo judicial. para quienes aporten pruebas útiles en causas por delitos contra el Estado.

En medio de una crisis de credibilidad institucional y con crecientes demandas sociales por mayor transparencia, en las últimas horas presentaron un proyecto de ley en el Congreso Nacional que busca involucrar activamente a la ciudadanía en la lucha contra la corrupción y el dinero robado en esos casos.

La iniciativa propone la creación de una nueva figura legal: el Ciudadano Colaborador contra la Corrupción. Se trata de personas que, sin formar parte del sistema judicial ni ser funcionarios públicos, puedan aportar datos, documentos o pruebas verificables y determinantes en causas penales abiertas por delitos contra la administración pública.

Pruebas sobre corrupción, recompensa y condiciones

El incentivo no es menor: quienes colaboren con información que derive en una sentencia firme y recuperación de fondos para el Estado, recibirán el 1% del monto recuperado, ya sea en dinero, bienes o activos. Eso sí: para acceder al beneficio, la colaboración debe ser considerada “útil y determinante” por el fiscal y ratificada por un juez. Además, el pago se concretará solo si el Estado efectivamente logra recuperar los fondos.

Qué personas pueden ayudar (y quiénes no)

El régimen está dirigido exclusivamente a personas humanas. No podrán acceder:

  • Funcionarios públicos de ningún nivel.
  • Personas jurídicas (empresas, ONGs, etc.).
  • Profesionales que tengan obligación legal de denunciar, como jueces o contadores públicos.

La identidad del colaborador será reservada, salvo que éste decida lo contrario o sea convocado como testigo. El Estado deberá garantizar su protección física, laboral y social si su integridad se viera amenazada.

El proyecto también contempla fuertes sanciones para quienes aporten datos falsos con intención de perjudicar a terceros o desviar investigaciones: se les aplicará la misma pena del delito que intentaron simular, incluso si el hecho nunca ocurrió. También se penaliza el intento de falseamiento, con una pena menor.

Un modelo con antecedentes internacionales

Según los fundamentos del proyecto, la propuesta se inspira en modelos ya aplicados en otros países:

  1. En EE.UU., la ley False Claims Act otorga entre un 15% y un 30% de recompensa.
  2. En Brasil, las delaciones premiadas fueron clave en casos como el Lava Jato.
  3. En Europa, se están consolidando marcos legales para proteger a los whistleblowers (denunciantes).

En Argentina, la figura propuesta busca ser más acotada y regulada: no permite denuncias anónimas ni genera agentes encubiertos, y su aplicación se limita a causas penales ya iniciadas.

“Recuperar lo robado es una afirmación moral”

En los fundamentos del texto, Gerardo Milman sostiene que el proyecto busca empoderar al ciudadano, "no como un espectador indignado en redes sociales, sino como un actor concreto del control democrático", y que cada peso robado representa un aula, una ambulancia o una obra inconclusa.

“Esta ley no sustituye al Estado, lo complementa”, afirma el diputado. Y concluye: “la corrupción es el monstruo del interregno, cuando lo viejo no muere y lo nuevo no nace. Para enfrentarlo, necesitamos herramientas nuevas. Esta es una de ellas”.

El proyecto completo a continuación:

4086-D-2025 (1)

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