POLÍTICA

Denunciaron a Parrilli por el avión inglés en el que está viajando Cristina

El Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, fue denunciado por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público por la contratación de un avión inglés para la gira presidencial. Además de hacer foco en el elevado costo del servicio, se denuncia que la empresa británica tiene a cargo el puente aéreo entre Londres y Puerto Argentino y vínculos con petroleras que participan de búsqueda de crudo en Malvinas.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Varias irregularidades existen en torno a la contratación de la empresa inglesa Chapman Freeborn, que el Gobierno eligió para alquilar un avión ante el temor de que sea embargado el Tango 01. Además de las sospechas sobre el alto presupuesto ganador de la compulsa de precios realizada por el Estado, se conoció luego que la firma británica tiene un contrato con el Ministerio de Defensa de Inglaterra para operar la ruta aérea Londres-Malvinas/Falkland y vínculos con petroleras que buscan crudo en las islas contraviniendo el espíritu de la ley argentina acerca de entablar negocios con compañías que operen en el archipiélago.

El empresario y eterno candidato, Juan Carlo Mussa, denunció al Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por la contratación del avión de origen británico para la gira presidencial que Cristina Fernández comenzó en Cuba y siguió por Oriente.

El juez Julián Ercolini será el encargado de estudiar la documentación aportada.

Según el denunciante, pidió costos a otras empresas aéreas para saber cuánto podía costar el alquiler del avión con el que el Gobierno argentino busca evitar nuevos embargos como en el caso de la Fragata Libertad, y afirmó que recibió presupuestos "notablemente inferiores" a los que habría pagado el Gobierno argentino y que se calculan en US$880.000 -más impuestos por 1.023.000 dólares-, según refiere la denuncia.

Días atrás el diario Clarín, reveló que Chapman Freeborn está a cargo del puente aéreo entre Londres y Puerto Argentino y tiene contratos con las petroleras Desire Petroleum, Falklands Oil & Gas y Oil Spill Response, que participan de búsqueda de crudo en Malvinas.

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Sobre los vuelos, en 2011 Cristina Fernández había amenazado en la ONU con suspenderlos ante la negativa de Inglaterra de entablar el diálogo por la soberanía en el archipiélago y en 2012 propuso vuelos por Aerolíneas Argentinas con escala en Río Gallegos que nunca se concretaron.

En cuanto a los vínculos con petroleras en Malvinas, se analiza la violación de la ley 26.659.

Al igual que en el caso de las rutas aéreas, en el caso de los contratos con petroleras en Malvinas el Gobierno había sentado una posición de la cual se distancia ahora. El canciller Héctor Timerman fue quien intimó a una serie de empresas y bancos a que dejen de colaborar bajo la amenaza de iniciarles juicios aquí o en tribunales internacionales, en el medio de una escalada diplomática y verbal por el conflicto de soberanía por las Malvinas. Ocurre ahora que la Ley se refiere a particulares que hagan negocios con firmas que tengan relación a la búsqueda de crudo en las islas, para lo cual deben pedir autorización al Gobierno, pero no hay referencia al Estado haciendo los negocios.

Mussa pidió investigar a quienes "encubrieron esta operación delictiva" por delitos como "robo, lavado de dinero, encubrimiento agravado, asociación ilícita, traición a la Patria, así como también contratar una empresa de Gran Bretaña en flagrante violación a la Ley 26.659".