Cristina, a través de Gils Carbó, presiona a la Corte

Fuentes judiciales confirmaron que en el dictamen, que no es vinculante para la Corte, la procuradora calificó de "errónea" la interpretación de que el plazo de un año para la desinversión comienza a aplicarse una vez caída la medida cautelar, tal como dijo la Cámara Civil y Comercial Federal.

"Dado que ese plazo ha vencido el 28 de diciembre de 2011, durante la vigencia de la medida cautelar, la extinción de esta última –que estaba prevista para el 7 de diciembre 2012– deja expeditos los efectos legales del vencimiento de aquél", dice uno de los párrafos del dictamen.

Si bien en los procedimientos regulares judiciales la Procuración siempre se expide antes que la Corte y expresa al Ejecutivo Nacional, el símbolo de difundirlo ahora es intentar presionar a la Corte.

La Corte no tiene plazos y entonces se hace evidente la presión del gobierno encabezado por Cristina Fernández en decirle que ya tiene todos los elementos como para definir.

Cabe recordar que el ministro de Justicia, Julio Alak, adelantó el miércoles 19/12 que el Gobierno nacional presentaría el recurso del per saltum para que la Corte Suprema defina la constitucionalidad de la Ley de medios.

Según aseguró Alak en conferencia de prensa, el recurso busca un punto final en la causa por la constitucionalidad de la cláusula de desinversión. El máximo tribunal deberá resolver si admite el recurso y, si procede, el fondo de la cuestión.

"Este recurso de per saltum pretende que una ley, que fue votada por el Congreso, sea aplicable a todos los grupos de servicios de medios audiovisuales", declaró el ministro de Justicia.  

"El Grupo Clarín ha impedido y obstaculizado que esta ley se aplique en todo el ámbito de la República", cuestionó el ministro.

El pasado 10/12  la Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció que rechazó el recurso de per saltum solicitado por el Ejecutivo Nacional en relación a la prórroga de la medida cautelar decidida por la Cámara de Apelaciones, lo que constituyó una nueva derrota de Cristina Fernández en el Poder Judicial.

El Ejecutivo Nacional hizo uso de esa herramienta, recientemente aprobada por el Congreso, procurando modificar su endeble coyuntura, que incluye la amenaza de jury de enjuiciamiento para los camaristas que fallaron contra la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

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Para resolver la cuestión definitivamente, la Justicia debe determinar la constitucionalidad o no de 2 artículos de la llamada 'Ley de Medios'.

El juez de 1ra. instancia, Horacio Alfonso, aceptó la apelación de Clarín y extendió de esta forma la cautelar presentada por el grupo. Así, quedó suspendida la transferencia de oficio de las licencias que el lunes 17/12 notificó el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, en la sede del multimedios.

 En tanto, la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial concedió el recurso extraordinario presentado por el Gobierno y habilitó así a la Corte Suprema para resolver sobre la prórroga a la medida cautelar que permite al Grupo Clarín no cumplir con dos artículos de la Ley de Medios.

En el texto, firmado por los jueces Susana Najurieta y Francisco de las Carreras, la Cámara aclaró expresamente que será con "efecto devolutivo", es decir que la extensión de la cautelar sigue vigente.

El recurso se interpuso contra la decisión de la Cámara que el 6 de diciembre pasado prorrogó la cautelar que vencía el 7 hasta tanto haya sentencia de fondo en la causa por la constitucionalidad de esos artículos.