Cristina revelará (algunos) decretos secretos
El Gobierno nacional anunció que dejó sin efecto el carácter secreto o reservado de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo y por el jefe de Gabinete de ministros, excluyendo las normas que ameriten mantener dicha clasificación por razones de defensa nacional, seguridad interior o política exterior; y los relacionados con el conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal. Además, la medida no aplica para nuevos decretos. Esta norma responde en forma parcial a la demanda que el periodista de Clarín, Claudio Savoia, había iniciado contra el Estado para lograr la divulgación de los decretos secretos de la dictadura militar.
05 de noviembre de 2012 - 16:25
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El Gobierno nacional dejó sin efecto el carácter secreto o reservado de los decretos y decisiones administrativas dictados por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y por el jefe de Gabinete de ministros. La medida, publicada este lunes (05/11) en el Boletín Oficial, excluye a las normas que ameriten mantener dicha clasificación de seguridad por razones de defensa nacional, seguridad interior o política exterior; y los relacionados con el conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal. Además, la medida no aplica para nuevos decretos.
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Según publica Clarín, esta norma responde en forma parcial a la demanda que el periodista de dicho medio, Claudio Savoia, había iniciado hace un año y medio contra el Estado para lograr la divulgación de los decretos secretos de la dictadura militar. El 5 de octubre del año pasado, la jueza María Alejandra Biotti firmó una sentencia favorable a este pedido, y además le comunicó al Gobierno que si pretendía mantener algunos de aquellos decretos bajo reserva por razones de seguridad, debería enviarle a ella una copia certificada, para que sea la Justicia la que evaluara si esa pretensión estaba debidamente justificada.
Pero el Gobierno apeló esa sentencia. Argumentó que la desclasificación pondría en peligro la seguridad nacional y se escudó en que no existían herramientas administrativas para hacerlo. La Cámara de Apelaciones hizo lugar a esta explicación y la cuestión quedaba ahora en manos de la Corte Suprema.
La historia sobre la pelea por el acceso público a estos documentos secretos fue publicada por Clarín el domingo pasado, y las reacciones fueron inmediatas. El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel declaró que era "una barbaridad que me asombra y me perturba, por no decir que me indigna", y la senadora por el FAP Norma Morandini se lamentó porque "sobrevive como cultura la odiosa tradición autoritaria de hacer 'desaparecer' simbólicamente lo que molesta o disgusta".
La decisión gubernamental fue dispuesta a través del decreto 2103/2012, que lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manuel Abal Medina; y el ministro de Defensa, Arturo Puricelli.
“Déjase sin efecto el carácter secreto o reservado de los Decretos y Decisiones Administrativas dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y por el Jefe de Gabinete de Ministros, respectivamente, con anterioridad a la vigencia de la presente medida”, ordena la resolución dada a conocer hoy oficialmente.
No obstante, aclara que quedarán exceptuados “aquellos que, a la fecha, ameriten mantener dicha clasificación de seguridad por razones de defensa nacional, seguridad interior o política exterior; y los relacionados con el conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal”.
Entre los considerandos, el decreto 2103 destaca que “la Constitución Nacional, a través de los artículos 1°, 33 y concordantes, garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública”.
“El libre acceso a la información genera transparencia en la gestión de gobierno que redunda en beneficio de una mejor imagen de las instituciones democráticas frente a la ciudadanía”, añade.
En ese marco, subraya que “debe darse un lugar primordial a los mecanismos que incrementen la transparencia de los actos de gobierno permitiendo un acceso igualitario a la información”.
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