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Planes sociales: Proyecto del PRO para eliminarlos

Diputados del PRO presentaron un proyecto para eliminar gradualmente los planes sociales, ofreciendo capacitación laboral, y también beneficios para empresas.

Los diputados de PRO, José Núñez, Gustavo Hein, Pablo Torello y Soher El Sukaira presentaron este lunes (13/06) un proyecto de ley que crea el "Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad". La iniciativa busca eliminar gradualmente los planes sociales ofreciéndoles a sus beneficiarios cursos de formación laboral a cambio de seguir recibiendo las prestaciones sociales por un máximo de 2años.

El proyecto también incorpora una segunda línea de acción que comprende beneficios para las empresas que tomen primero como pasantes y luego como empleados efectivos a personas que estén registradas en este "Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad".

La iniciativa del PRO apunta a transformar los planes sociales en empleo genuino a través de un puente de inclusión laboral que propicia el Estado.

El programa propuesto absorbe todos los planes sociales y obliga a todas aquellas personas beneficiarias a anotarse en un mínimo de dos capacitaciones anuales, que le demandarán un máximo de 20 horas semanales (y un tope de cuatro horas por día). Este es el requisito que le prevé para seguir percibiendo el monto equivalente al plan social.

No obstante, la ley aclara que una vez transcurridos los 24 meses, el plan social percibido dejará de tener efecto y será dado de baja, porque ya se supone que la persona está preparada para insertarse en el mercado de trabajo formal.

Se propone como autoridad de aplicación a la Jefatura de Gabinete, quien dispondrá de los mecanismos necesarios para la creación del Registro de Empresas Productivas (REP), a fin que las empresas interesadas en gozar del beneficio puedan inscribirse, así como también las cámaras sectoriales y uniones de empresas.

"Concluida la capacitación, el beneficiario automáticamente quedará inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas dentro del REP, pudiendo así, comenzar por el termino máximo de seis meses la denominada pasantía laboral", señala el proyecto en su articulado.

En tanto, el proyecto establece beneficios para las empresas que contraten personas que participan en este plan de capacitaciones. En este sentido se dispone que las empresas que contraten a las personas que perciben prestaciones sociales tendrán como única obligación, mientras dure la pasantía laboral, la contratación de un seguro de accidentes personales, seguro de vida y una retribución no contributiva equivalente a medio salario mínimo vital y móvil. El ingreso del pasante seguirá a cargo del Estado nacional, que abonará el equivalente a la prestación social.

Una vez formalizada la relación laboral, el empleador abonará por el termino de 12 meses, como mínimo, la diferencia entre lo percibido por el beneficiario de una prestación social y lo establecido por el convenio que rige al sector.

“Desde el PRO queremos generar una herramienta para que los planes sociales se conviertan en empleo genuino otorgándole condiciones a los trabajadores y empleadores. Definitivamente estamos en contra de la intermediación que politiza el acceso a los ingresos de emergencia. Transformar los planes sociales en empleo genuino permitirá que Argentina ingrese en una senda de desarrollo", expresó José Núñez.

Por otra parte, el proyecto establece que si un beneficiario de planes es detenido infraganti provocando daños a bienes de terceros o del Estado Nacional o cortando el libre tránsito sin autorización previa, será suspendido del beneficio social por 6 meses, y en caso de reincidencia será dado de baja de manera definitiva.

El proyecto también lleva las firmas de los diputados nacionales Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Sofía Brambilla, Gustavo Santos, Adriana Ruarte, María Sotolano, Karina Bachey, Héctor Stefani, Federico Angelini, Aníbal Tortorielo y Rogelio Frigerio.

El 61%, en contra de los planes sociales

Según un informe realizado por Horus, en la Argentina el 55% de las personas estuvieron alguna vez alcanzadas por una cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos y asistencia alimentaria. A este número que parece ir en aumento, lo acompañan actualmente 182 programas sociales, la mayoría de ellos, compatibles entre sí, lo que genera que una familia sin ningún miembro trabajador pueda alcanzar montos superiores a, por lo menos, 4,5 salarios mínimos vitales y móviles.

De acuerdo a una encuesta realizada por Horus, que analiza las conversaciones en dichas plataformas, el 61% de los encuestados declaró estar en contra de los planes sociales.

En este sentido, una gran mayoría culpabiliza de la situación económica al sostenimiento de planes sociales y políticos y considera que una manera de contribuir a la disminución de la inflación, es recortar la emisión monetaria destinada a dichos planes.

A su vez, predomina entre la sociedad el acuerdo de que estos no promueven la cultura del trabajo, y sostienen en este sentido, que quien no trabaja, es porque no quiere, señalando que excede el marco de posibilidades, y que por lo tanto, es responsabilidad individual.

“Pese a ello, los usuarios entienden al mismo tiempo, que en un país donde hay tanta desigualdad en el acceso a la salud y educación, es lógico que los más pobres necesiten ayudas sociales para subsistir ya que no tienen los recursos para poder progresar. En este contexto, responsabilizan en gran parte al Estado, exigiendo de él, una figura que resguarde la desigualdad, ayudando a quienes menos tienen”, expresó Esteban Neme, socio de Horus.

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FUENTE: Urgente24

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